ABC de la violencia urbana en Colombia

La violencia urbana está asociada a diversas problemáticas como la exclusión socioeconómica, las economías ilegales, el acelerado proceso de urbanización, la presencia de combos, entre otros. Los efectos sobre quienes habitan estos contextos no son siempre tan cuantificables como los índices de muertes violentas. La estigmatización, la falta de acceso de salud y el confinamiento también hacen mella en los ya escasos tejidos sociales de las urbes.   

La violencia urbana no son hechos delictivos aislados como el robo de un celular. Es un fenómeno sistemático que genera graves efectos en varias dimensiones de la vida de las personas. Se manifiesta de diversas maneras que abarcan desde los delitos (homicidios, robos, secuestros y otras acciones del crimen organizado) hasta en lo social. En gran parte, la violencia urbana se genera debido al acelerado crecimiento de los entornos urbanos, el aumento de brechas de desigualdad y la ausencia de condiciones materiales de vida justa: salud, educación, empleo y servicios básicos. 

Según un reportaje publicado en 2018 por The Economist, de las 560.000 muertes violentas que se registraron en el mundo en 2016, el 68% no estuvieron relacionadas con la guerra. En América Latina, que tiene apenas el 8% de la población mundial, indica la revista inglesa, ocurren el 38% de los homicidios del mundo. Y esto sucede principalmente en siete países: Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela. Por su parte, un informe de Foreign Policy asegura que cada 15 minutos una persona joven en la región muere de forma violenta. Solo Brasil reportó la misma cantidad de homicidios en 2016 que todas las muertes de los conflictos de Afganistán, Irak y Siria ese año. 

Si bien las tasas de homicidio como estas se suelen tomar como un indicador con el que se miden los niveles de violencia, el fenómeno es en realidad mucho más complejo y tiene múltiples causas. Varios efectos incluyen el control social, las fronteras invisibles, la desaparición de personas, las extorsiones, el uso de menores de edad para actividades delictivas, la violencia sexual y el desplazamiento intraurbano. 

El hecho de que haya subregistro o de que no haya estadísticas de muchas de esas prácticas no significa que no estemos ante una problemática grave. En ocasiones, estas problemáticas son poco visibles ya que muchas comunidades afectadas no reportan los abusos, bien sea por falta de confianza, escaso conocimiento de las rutas estatales de atención o porque quienes ejercen la violencia permanecen cerca. 

En este contexto de movilidad limitada, temor y estigmatización, también se ve afectado el acceso al empleo y a los servicios de salud y educación. Además de implicar graves efectos sociales, la estigmatización de una población también significa que se dificulten sus oportunidades de encontrar un trabajo digno, dado que suelen ser víctimas de señalamientos. 

La integración de estas comunidades al resto de la ciudad se obstaculiza por la escasa o nula presencia estatal y la acción de combos delincuenciales que imponen sus propias normas, en ocasiones, impidiendo o cooptando el ejercicio del personal médico y escolar. La intimidación, las extorsiones y las amenazas en los centros de salud, ambulancias y colegios dejan a la comunidad en una compleja situación de vulnerabilidad. 

En Colombia: 

“Uno sale de una violencia para meterse en otra”, dice Elvia, quien fue desplazada por el conflicto y desde hace más de 20 años vive en un barrio de Medellín afectado por la violencia. 

En Colombia, muchas ciudades están afectadas no solo por el conflicto armado, sino también por la violencia que generan las actividades de ‘combos’. Eso quiere decir que en estos entornos pueden llegar a aplicar simultáneamente varios marcos jurídicos: derecho internacional humanitario (DIH) cuando en los barrios hay presencia de grupos armados que hacen parte del conflicto (ELN, EPL, AGC y y las estructuras de las FARC-EP del antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz), el derecho internacional de los derechos humanos, la legislación nacional y los principios de la ONU sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios que hacen cumplir la ley como por ejemplo la policía.. 

Así como el DIH aplica en, por ejemplo, operaciones de la fuerza pública contra miembros de un grupo armado que hagan presencia en la ciudad, no aplica para operativos contra colectivos armados como los ‘combos’, los ‘parches’ o los ‘muchachos’. La diferencia es muy relevante. Mientras que, en situaciones de conflicto armado, el DIH habilita a las partes enfrentadas (Fuerza Pública y grupos armados organizados) la posibilidad de usar la fuerza, incluso la fuerza letal, en el desarrollo de las hostilidades; en circunstancias distintas al conflicto armado, como es el caso de la violencia urbana emprendida por los “combos”, la Fuerza Pública solo está autorizada a usar la fuerza de una manera excepcional, proporcional respecto de la amenaza y solo en caso de ser necesario. La fuerza letal o el empleo de armas de fuego, es solo posible adicionalmente, cuando la vida del propio agente estatal o de un tercero esté en grave riesgo. 

En las ciudades colombianas, al igual que las de otros países de la región, la violencia es resultado de múltiples factores como la ausencia estatal, la desigualdad social, altos niveles de impunidad judicial, la crisis en las cárceles (las cuales no cumplen con sus funciones de resocialización), entre otras. 

Ciudades principales como Cali, Medellín y Bogotá han hecho avances significativos en la reducción de la inseguridad ciudadana. Urbes que durante la década de los ochenta y noventa estaban entre las más peligrosas del mundo, han disminuido las muertes violentas gracias a políticas públicas. Sin embargo, es preocupante que la problemática persiste de manera diferenciada en los barrios más vulnerables de estas ciudades, con graves efectos humanitarios en ocasiones más invisibilizados, pero que condicionan de igual modo la vida cotidiana y las oportunidades de desarrollo de muchas familias colombianas. 

Nota: artículo con información tomada del Comité Internacional de la Cruz Roja.