¿Acaso hay un pulso político detrás de la intervención de Savia Salud?

Fecha: 20/06/2023

Por: Fredy Chaverra

*Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista del autor y no compromete el pensamiento ni la opinión de Porlosderechoshumanos.com

La crisis en la EPS Savia Salud llegó a una nueva etapa con la reciente decisión de la Superintendencia de Salud de avanzar en un proceso de intervención forzada. Medida que de facto implicó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la mayor EPS del departamento.

Su directora hasta el pasado viernes, Lina María Bustamante- antigua secretaria de Salud en la administración de Aníbal Gaviria- fue defenestrada y rápidamente se designó a Edwin Rodríguez Villamizar como agente especial interventor.

A este agente interventor le corresponderá presentar un plan de trabajo que incluya estrategias para garantizar la continuidad y el mejoramiento en la presentación de servicios en la EPS; es decir, para tranquilidad de todos: Savia no será liquidada y se garantizará la continuidad en la prestación de los servicios para sus 1,7 millones de usuarios.

Inmediatamente se conoció la medida de la Superintendencia, el gobernador Aníbal Gaviria, con evidente malestar, salió a rechazarla en sus redes sociales, la calificó de “INJUSTA e INOPORTUNA” (así en mayúscula). Para el gobernador, la EPS venía mejorando en sus indicadores de desempeño y levantando cabeza en medio del proceso de vigilancia especial a la cual se encontraba sometido desde 2018 (prorrogada el pasado 28 de enero).

Aunque la Superintendencia sustentó la intervención en aspectos de orden técnico, que van desde un incremento exponencial en la tutelas durante el primer trimestre del año, así como en las reclamaciones registradas, para algunos, la decisión solo forma parte del pulso político que viene librando Aníbal Gaviria con el presidente Petro; inclusive, se especula que es un movida con “aires electoreros”.

Desde hace algunos meses el gobernador le viene alzando el tono al Gobierno Nacional, cuestionando los alcances de la Paz Total y exigiendo “Libertad y Orden” (una premisa que vienen moviendo varios gobernadores). Es un tono poco frecuente en un gobernador que se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria política por ser moderadamente “institucional” y que inclusive logró la foto con Petro antes que el mismísimo Daniel Quintero (su principal aliado en la región).

Pero afirmar que la intervención es un “ajuste de cuentas” del presidente Petro resulta bastante absurdo.

Primero; la Superintendencia presenta un diagnóstico claro, preciso y actualizado que evidencia profundas fallas en la prestación de los servicios; segundo, la salud está en el centro de las prioridades del Gobierno Nacional, lo que implica una vigilancia exhaustiva a las EPS; tercero, el agente especial interventor es independiente del gobierno y deberá presentar, en máximo 30 días, una hoja de ruta para definir el futuro de Savia.

Ciertamente, la decisión llega en un momento tenso en la relación entre el presidente y el gobernador; además, ad-portas de unas elecciones regionales en la cuales el Pacto Histórico se medirá en una “tercera vuelta” y donde tendrá la obligación de mostrar resultados concretos. De ahí que se entienda el afán por levantar suspicacias.

Lo cierto es que el futuro de la mayor EPS del departamento no puede quedar atrapado en medio de un pulso político, porque lo que está en juego es el acceso al derecho fundamental a la salud para 1,7 millones de antioqueños; en su gran mayoría, de estratos 1, 2 y 3.

Y es para garantizar una mejora sustancial en la prestación de los servicios -con 48.000 reclamaciones registradas, desde enero de 2022 y hasta marzo de este año – que la intervención puede arrojar un manto de esperanza que no puede ser medido bajo cálculos electoreros.

El gobernador debería obrar con mayor sensatez “institucional” y reconocer que le quedó grande resolver la crisis en Savia.