Análisis de violaciones a la libertad de expresión en Latinoamérica en 2017 – por los derechos humanos

Análisis de violaciones a la libertad de expresión en Latinoamérica en 2017

La violencia y la estigmatización contra periodistas y respecto a quienes difunden ideas e información,
como las restricciones legales ilegítimas o por medios indirectos a la libertad de expresión constituyen
patrones de violaciones a la libertad de expresión presentes en el hemisferio durante 2017.
En total, esta Oficina de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tomado nota en su informe de más de 900 incidentes de violaciones, restricciones ilegítimas o amenazas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Entre todas las formas de silenciamiento, la violencia física, la amenaza, el secuestro y los asesinatos se
han vuelto a repetir como la forma más severa de coartar la libertad de expresión y afectar los derechos
fundamentales de los comunicadores. Durante 2017, más de un tercio de los incidentes registrados por la
Relatoría Especial están relacionados con actos de violencias, entre estas agresiones hay que condenar la
muerte de 22 comunicadores, más de 200 periodistas agredidos y 50 medios de comunicación sufrieron
ataques durante el año objeto de análisis.

Los asesinatos de comunicadores de indudable relevancia para sus respectivas regiones en distintos
países ponen en evidencia el gran reto que sigue pendiente para erradicar la forma más brutal de la censura.
La impunidad de estos crímenes, salvo excepciones, sigue siendo la regla y esto alienta el círculo de violencia.
De acuerdo al informe anual que se presenta, aproximadamente el 15% de los casos monitoreados por
esta Oficina están relacionados con actos de represión o uso desproporcionado de la fuerza durante
manifestaciones y protestas, una cifra que sigue incrementándose año a año.

Los ataques contra quienes se expresan también se registran en el espacio de Internet. Más de 10% de los
ataques contra periodistas y medios de comunicación se dieron a través de la red, en especial por medio de
diversas formas de acceso indebido a cuentas en redes sociales y bases de datos y acciones orientadas hacia
impedir la disponibilidad de páginas y servicios en la web.

Asimismo, el fenómeno de las campañas de desinformación deliberadas ha adquirido inéditas
proporciones en 2017 y supone un nuevo desafío a la libertad de expresión en línea dado que el término
“noticias falsas” o “fake news” se ha utilizado para intentar desprestigiar a la prensa y también para pasar
legislación restrictiva de la libertad de prensa y la libertad de expresión en el espacio digital.

Si bien los ataques violentos son la manera más brutal de restringir el derecho a la libertad de expresión,
las declaraciones estigmatizantes por parte de autoridades, que denigran la imagen y buscan erosionar la
confianza y el reconocimiento de los comunicadores y de la prensa de cara al público corresponden a cerca de
5% de los hechos registrados por esta Oficina durante 2017. La descalificación de la prensa y sus
profesionales por parte de funcionarios públicos, por el simple de hecho de la cobertura periodística no está
alineada con sus opiniones y políticas, aumentó de manera preocupante en algunos países de relevante
proyección regional, lo que podría impactar también al resto del Hemisferio.

Otro 5%, de los casos incluidos en este informe hemisférico corresponden a demandas judiciales
radicadas en la esfera penal y sentencias de condenas penales o civiles desproporcionadas pronunciadas
contra quienes revelan información de alto interés público. Lo procesos abiertos contra periodistas generan
en muchos casos efectos inhibitorios y costos de defensa, no obstante únicamente en los casos de Venezuela y
Cuba, se registraron casos de privación de libertad arbitraria de periodistas.

En el detallado informe, la Relatoría Especial también está dando cuenta de proyectos de ley o nuevos
marcos legales con potencial efecto inhibitorio para la libertad de expresión en cada país de la región, así
como del derecho de acceso a la información pública. La llamada Ley contra el odio en Venezuela se destaca
entre estas legislaciones que amenazan la libertad de expresión por la vaguedad de sus figuras penales y las
sanciones desproporcionadas. En la mayor parte de estos casos la Relatoría ha enviado cartas a los estados,
solicitado información o prestando asistencia a los Estados que discuten normas que se apartan de su
obligación internacional de alinear sus legislaciones internas a los estándares del Sistema Interamericano en
materia de libertad de expresión, sus recomendaciones y declaraciones.

Respecto a los autores de los ataques a la libertad de expresión, aproximadamente el 40% de los atentados
directos fueron perpetrados por funcionarios públicos. De todos los hechos que supusieron retroceso en
materia de libertad de expresión en el continente, más de la mitad de ellos tuvieron como responsables a
oficiales de los gobiernos o a los propios Estados a través de sus instituciones. El resto proviene de actores del
crimen organizado, grupos para estatales y miembros de entidades privadas

 

Colombia. La Relatoría Especial observa con preocupación el incremento de las situaciones de violencia
contra periodistas reportadas en 2017 con relación al año anterior. En octubre la periodista radial Efigenia
Vásquez Astudillo fue asesinada en la región del Cauca, departamento de Colombia. Asimismo la sociedad civil
informó sobre múltiples ataques, secuestros y amenazas contra periodistas y trabajadores de los medios de
comunicación en el contexto de la implementación del cese al fuego entre la guerrilla de las FARC y el
gobierno. La Relatoría Especial observa que algunos de estos episodios de agresión contra periodistas fueron
protagonizados por agentes de la fuerza pública durante coberturas de hechos de interés público. También se
registraron diversos episodios de declaraciones estigmatizantes por parte de dirigentes políticos. Por otro
lado, la Relatoría Especial continuó recibiendo información sobre el uso excesivo de la fuerza en el contexto
de las manifestaciones sociales y protestas. La Relatoría Especial también tomó nota de sentencias positivas
para la protección de la libertad de expresión. No obstante, en lo que refiere a la protección de la libertad de
expresión en Internet se pronunciaron diversas sentencias problemáticas, que no incorporan a cabalidad los
estándares internacionales sobre libertad de expresión. La Relatoría se encuentra expectante a la
implementación de reformas vinculadas a los acuerdos de Paz para fortalecer el espacio cívico y habilitar el
acceso a la información sobre los hechos del pasado.

México. El país enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos
de su gente. También existe una situación de fragilidad del estado de derecho y la gobernanza en niveles
locales en distintos Estados de la Federación, exacerbada por asesinatos, desapariciones y tortura. Además
del uso de violencia en todas sus formas, los actores criminales y autoridades públicas intentan coaptar a los
periodistas para sus fines e imponer información favorable para los cárteles o en contra de sus enemigos, en
muchos casos a través del uso de la publicidad oficial. El crimen organizado ha generado maneras híbridas de
interferir con el periodismo, generando división y desconfianza entre los periodistas y entre periodistas y
funcionarios locales. Durante una visita in loco desarrollada a fines de 2017 las relatorías de la CIDH y
Naciones Unidas reconocieron el progreso en la protección de periodistas a nivel federal, pero llamaron la
atención sobre la insuficiente coordinación de esa protección en los estados más problemáticos. Los
mecanismos de protección tienen, de forma sorprendente, recursos limitados considerando el contexto de
una crisis nacional. Los mecanismos especializados de investigación, a nivel federal y estatal, no han brindado
resultados, lo que lleva aún aumento en la impunidad y frustración en las víctimas. En parte este ambiente
involucra la transición histórica desde prácticas autoritarias en el gobierno en el pasado a la emergencia de
un pluralismo político y demandas de normas democráticas. Los casos bien documentados de vigilancia
digital de periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros, parecen un ejemplo de los retos que
enfrentan los periodistas en la era digital.

Venezuela. Durante 2017, la CIDH y su Relatoría Especial siguieron documentando severas restricciones
al derecho a la libertad de expresión en el país, que incluyen censura y cierre de medios de comunicación,
ataques a periodistas, y en general patrones de hostigamiento y criminalización de quienes emiten opiniones
políticas o difunden información que no encuentra aprobación estatal. Estas medidas no responden a un
marco normativo compatible con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado venezolano. Del
mismo modo se suceden la apertura de procesos penales, orientados hacia periodistas y medios de
comunicación, profesores universitarios, y ciudadanos en general dirigidos a castigar e inhibir expresiones
críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés público. El 30 de marzo de 2017
se inició una ola de protestas sociales en Venezuela, cuando miles de personas se movilizaron en varias
ciudades en rechazo a las decisiones del TSJ en que desconoce la Asamblea Nacional (AN). Las protestas se
intensificaron en mayo, luego de la emisión del Decreto Nº 2830, por medio del cual el Presidente convocó la
ANC, y se extendieron hasta fines de julio y decenas de manifestaciones con el objeto de exigir
reivindicaciones políticas y sociales, dirigidas a instituciones específicas como el TSJ o el CNE. La CIDH y su
Relatoría Especial expresan su más enérgico rechazo por el hecho de que decenas personas hayan sido
asesinadas ejerciendo su derecho a la protesta para lograr la vigencia de sus derechos en Venezuela.

Estados Unidos. La Relatoría Especial ha observado que, desde el inicio de su mandato, el Presidente
Donald Trump ha estimulado la polarización del escenario mediático y ha promovido, tanto en apariciones
públicas como en redes sociales, un discurso estigmatizante hacia diversos medios de comunicación y
comunicadores que han difundido información sobre su gestión, a quienes les adjudica un presunto rol de
oposición o parcialidad política. En materia de protección de la libertad de expresión en internet, esta Oficina
observó con preocupación la decisión adoptada por la Comisión Federal de Comunicaciones [“Federal
Communications Commission”] (FCC) de revocar las reglas vigentes de neutralidad de la red, que sentaron un
importante precedente regional para la protección del acceso libre y sin discriminación a todos los
contenidos en internet. También se ha dado seguimiento a iniciativas legales dirigidas a restringir el derecho
a la protesta social.

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