Apuntes más relevantes del informe anual de la ONU en 2016

Foto: ONU

EL informe del presente año de la ONU observa de manera positiva las negociaciones que sostiene el Gobierno Nacional con las FARC-EP, asegurando que va a continuar el proceso como órgano veedor del proceso.

EN el informe insiste en que no se debe postergar la desvinculación de niñas y niños de las FARC-EP, la cual fue acordada por las partes. El 10 de febrero, las FARC-EP confirmaron públicamente que pondrían fin al reclutamiento de niñas y niños menores de 18 años. En el transcurso del año, las FARCEP desvincularon solo 13 niñas y niños de sus filas. El programa de atención integral y reparación de niñas y niños menores de 18 está aún en construcción. La Oficina de esta entidad recibe con preocupación la información de que niños se desvincularon de las FARC-EP sin procedimiento oficial.

Experiencias anteriores de desmovilización y reintegración en Colombia ilustran la estigmatización y la violencia que pueden enfrentar los líderes e integrantes de las nuevas organizaciones políticas, además del riesgo de que las personas en proceso de desmovilización se vinculen con actividades criminales.

A la Oficina llaman la atención varios aspectos del acto legislativo aplicable a agentes del Estado, que se presentó por el procedimiento de vía rápida el pasado mes de diciembre de 2016. Este acto legislativo restringe y distorsiona el marco legal que deben aplicar los magistrados en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas militares o de la policía y no cumple con los estándares internacionales sobre responsabilidad del superior y del mando.

El 30 de diciembre se aprobó por vía rápida la Ley 1820, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistías, indultos y tratamientos penales especiales. La ley incluye referencias abstractas a los derechos de las víctimas, sin establecer mecanismos o procedimientos para asegurar su cumplimiento. También presenta disposiciones, ambigüedades y vacíos que no cumplen con las normas internacionales y socavan la centralidad que el Gobierno y las FARC-EP le habían dado previamente a los derechos de las víctimas. El Alto Comisionado está sumamente preocupado que estos factores, si no se abordan, pueden favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

A finales del 2016, aún no estaban listas las zonas de pre-agrupamiento temporal para el desarme y la reintegración de los integrantes de las FARC-EP. Esto generó desconfianza y vulnerabilidad en los integrantes de las FARC-EP e incentivó la deserción o la vinculación a grupos criminales. Para lograr una exitosa reintegración, se requieren cronogramas, acciones y responsabilidades claramente definidas con la participación de la sociedad

La Oficina observó la relación entre violencia y las zonas de cultivo de coca, marihuana y amapola, narcotráfico y actividades de minería ilegal, por ejemplo, en la costa pacífica y en el bajo Cauca y Catatumbo. A menudo, estas áreas también tienen una historia de despojo de tierras. Esta violencia aumentó cuando inició la desmovilización de las FARC-EP.

Derechos sociales, económicos y culturales

Colombia es un país de ingreso medio y uno de los cinco países con mayores niveles de desigualdad en la región. Esto se evidencia en la disparidad en el goce de derechos económicos, sociales y culturales entre las áreas rurales y urbanas. Los principales obstáculos al goce de los derechos humanos en las zonas rurales, identificadas conjuntamente con el Gobierno, incluyen: limitada presencia y capacidad local del Estado; inefectiva coordinación nacional-local; conflicto armado; limitado acceso a la justicia; corrupción; insuficiente integración de derechos a la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas; insuficiente medición de la realización progresiva; y limitada rendición de cuentas.

Situación de la Guajira

Las investigaciones de la Fiscalía sobre la situación en La Guajira mencionadas en el informe anual del Alto Comisionado de 2015 siguen revelando irregularidades en la contratación estatal de servicios de educación, salud, atención a la primera infancia, acueductos y otras obras públicas. En octubre, el Fiscal indicó que la corrupción en La Guajira era sistémica y anunció que había imputado cargos a 41 personas. La Oficina espera que continúe la investigación rigurosa sobre La Guajira y que ésta se replique en otras partes del país donde la corrupción también socava los esfuerzos del Estado por garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.

Situación defensores de Derechos Humanos

En 2016, la situación de los defensores de derechos humanos siguió siendo motivo de preocupación. Hasta el 31 de diciembre, la Oficina de la ONU observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores); tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual. Entre las 59 víctimas asesinadas estaban cuatro mujeres, seis líderes indígenas, tres líderes LGBTI, tres sindicalistas, un líder afrocolombiano y dos líderes juveniles. Aunque hubo más agresiones y asesinatos de sindicalistas y de integrantes de movimientos sociales y políticos, estas estadísticas únicamente incluyen agresiones contra líderes.

Más de 13 mil personas en situación de desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado continúa a pesar del proceso de paz. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reportó que en 2016 se produjeron 47 emergencias en razón de nuevos desplazamientos forzados masivos, confinamientos y restricciones de movilidad. Estas se concentraron en zonas de difícil acceso en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca y afectaron primordialmente los pueblos indígenas wounnan, emberá y emberá dovida, y comunidades afrocolombianas y campesinas. Aproximadamente 13.864 personas fueron afectadas por el desplazamiento masivo. Un alto porcentaje de estos casos estuvo relacionado con emergencias recurrentes en las cuales los esfuerzos institucionales no lograron mitigar las causas de las hostilidades o la violencia.

ELN sigue reclutando menores

Esta entidad observó la participación y el uso de niñas y niños por parte de grupos posdesmovilización vinculados al crimen organizado en Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, entre otros. Las niñas, en particular, fueron víctimas de violencia sexual, de explotación sexual comercial y de trata de personas. El ELN sigue reclutando niñas y niños en el contexto del conflicto armado. Familias se desplazaron para evitar el uso o reclutamiento de sus hijos.

Conclusión

Se requieren recursos suficientes y sistemas de rendición de cuentas sobre la implementación de los acuerdos alcanzados mediante el diálogo social. El incumplimiento del Gobierno en el contexto del diálogo social ha generado pérdida de confianza, credibilidad y oportunidades valiosas para el progreso. Esto es notorio en relación con la sustitución de coca, marihuana y amapola, y la transformación de la minería ilegal, donde las partes en el diálogo demostraron un compromiso genuino por superar los problemas, pero no llegaron a acuerdos.

Puede leer el informe completo de la ONU en el siguiente enlace: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2016.pdf