Casos de agresiones a la libertad de prensa en Colombia durante el 2018

En el informe que realizó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre el año 2018, mencionó los temas coyunturales que afectan la libertad de prensa en el caso colombiano, en el cual parece que no se le escapó nada, pues hizo una lista de: los ataques de Uribe a la prensa, el constreñimiento de las FARC y el ELN a los periodistas, planteó el tema de Hidroituango, las estigmatizaciones  a los medios por parte del Fiscal Néstor Humberto Martínez y de candidatos presidenciales como Petro, el acoso judicial y la ley de medios que quiere arrasar con la televisión pública; mención especial al caso de la periodista segoviana, Jhanuarya Gómez.

Aquí reunimos los apuntes más relevantes de dicho informe:

• Durante 2018, la situación en Colombia estuvo marcada por episodios de violencia en distintos contextos que ha afectado principalmente a líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. La CIDH urgió al gobierno adoptar medidas para proteger a grupos poblacionales y otorgó medidas cautelares en favor de integrantes de movimientos políticos y sociales que sufrieron distintos tipos de amenazas y hostigamientos durante el proceso electoral. En algunos casos funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública habrían protagonizado episodios de ataques y declaraciones estigmatizantes contra periodistas. Por otro lado, mujeres periodistas y organizaciones de la sociedad civil realizaron esfuerzos por denunciar y visibilizar la violencia y discriminación por razones de género. Además, la sociedad civil ha reportado sobre deficiencias en el cumplimiento de obligaciones de transparencia activa de las entidades públicas y partidos políticos impuesta por la ley de transparencia.

• La Relatoría Especial reveló información sobre numerosas amenazas de muerte y represalias contra periodistas y trabajadores de los medios en retaliación a su labor profesional. La Relatoría Especial observó con preocupación el caso de la periodista Jhanuarya Gómez, de la página Informativo Segoviano, quien de acuerdo con la información disponible habría sido amenazada de muerte por miembros de bandas delincuenciales, tras la publicación de notas acerca de la captura de presuntos traficantes de drogas presuntamente vinculados al Clan del Golfo. Quienes la amenazaron habrían llegado incluso a tomar contacto con su hija menor de edad. La periodista se vio obligada a desplazarse junto a su familia y según se indicó contó con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de Segovia para salir del municipio junto a su familia. Otro de los casos que generó importante atención a nivel nacional y que tuvo lugar en el contexto electoral involucró al caricaturista Julio César González (“Matador”) quien fue amenazado a través del Twitter a raíz de sus caricaturas, lo que determinó su decisión de retirarse temporalmente de la red social. De acuerdo con información de prensa la Fiscalía General de la Nación inició una investigación por estos hechos y habría imputado cargos contra el autor de la amenaza.

• Asimismo, a través de una publicación en Twitter, el 18 de marzo el senador Álvaro Uribe insinuó la adopción de represalias contra el periodista Daniel Coronell y Noticias Uno en caso de que el candidato presidencial de su partido ganara las elecciones nacionales.

• Según fue reportado, durante 2018 miembros del ELN, el EPL, y de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), habrían continuado ejerciendo amenazas y llevando adelante acciones intimidatorias contra periodistas y medios de prensa. En tal sentido, la Relatoría Especial reveló que en el primer semestre del año se emitieron diversas alertas por amenazas atribuidas a estos distintos actores en la subregión del Catatumbo, Arauca, Valledupar. En su último informe sobre el país, Reporteros Sin Fronteras indicó que “[l]os grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), intentan hacer callar a los medios de comunicación alternativos o comunitarios que investigan sus actividades, generando verdaderos agujeros negros de la información, sobre todo en regiones rurales”

• La Relatoría Especial observa con preocupación que estas acciones violentas continúan perpetrándose en un contexto de impunidad, ya que un muy bajo porcentaje de homicidios, ataques y demás violaciones a los derechos humanos sufridas por periodistas y comunicadores son aclarados por la Justicia y los responsables son castigados.

• De acuerdo con los informes anuales presentados en febrero de 2018 por la Federación Colombiana de Periodistas y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que describen la situación de la libertad de prensa en el país durante 2017, los señalamientos y la estigmatización de periodistas por parte de funcionarios públicos constituyen una modalidad recurrente de agresión contra comunicadores en el país. Según los datos estadísticos relevados por Fecolper, ésta constituyó el 7,4% del total de agresiones observadas en 2017; en tanto la FLIP documentó 29 casos y afirmó que estas situaciones aumentaron “de manera drástica” en 2017 con relación al año anterior. Durante 2018 la Relatoría Especial observó que las redes sociales continuaron siendo uno de losprincipales escenarios utilizados para señalar y estigmatizar a los y las periodistas.

• El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, habría realizado señalamientos en contra de la prensa durante una intervención en el Senado el 27 de noviembre, en el marco de un control político adelantado por el Congreso por su relación con Odebrecht. El Fiscal General habría señalado que los medios serían utilizados por personas que conspiran en su contra para dañar su honra.

• La Relatoría Especial recuerda que los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos y deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en palabras de la Corte, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”

• De acuerdo con la información disponible, durante 2018 el acoso judicial continuó siendo un modo recurrente para buscar restringir al periodismo crítico. El informe anual 2017 de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicado en febrero de 2018señaló que “las formas de atacar a los periodistas se están transformando” en el país y en tal sentido aseguró que “[l]as denuncias por delitos de injuria y calumnia contra periodistas son cada vez más frecuentes, así como las demandas contra medios exigiendo indemnizaciones multimillonarias por supuestos daños al buen nombre”.

• En enero la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó una decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá del 8 de noviembre de 2017 que rechazó por improcedente una tutela presentada por el exjefe guerrillero Seuxis Hernández Solarte, conocido como ‘Jesús Santrich’, para que los congresistas Edward Rodríguez, Santiago Valencia González, la periodista Salud Hernández Mora y el abogado Gustavo Rugeles se retractaran y disculparan por sus declaraciones “deshonrosas e injuriosas” al haberlo vinculado con la comisión de homicidios, delitos de lesa humanidad y otros crímenes.

• El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín habría ordenado, el 12 de junio, a Noticias Uno rectificar información sobre el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien en mayo presentó una tutela contra el medio alegando la violación de su dignidad, honra y buen nombre. La información estaba vinculada al proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia en contra de Ramos por sus presuntos vínculos con paramilitares. ¿No permitirán cubrir las audiencias entonces?

• La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana determinaron que en una sociedad democrática los cargos públicos deben tener un mayor umbral de tolerancia a las críticas, porque “se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública”. A este respecto, la Comisión Interamericana declaró que “[e]l tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión generará inevitablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública”. Por lo tanto, como se afirma en el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana en 2000, “[l]a protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público”. Es decir, el uso de mecanismos penales para castigar el discurso en asuntos de interés público, y en especial relacionado con funcionarios públicos o políticos, no responde a una necesidad social apremiante que lo justifique, es innecesario y desproporcionado y puede ser un medio de censura indirecta dado su efecto desalentador sobre el debate relativo a asuntos de interés público.

• Los cuestionamientos que se generaron entre mayo y junio en torno al contenido y al procedimiento para el tratamiento del proyecto de ley dirigido a la creación del organismo regulador convergente del sector TIC, que había sido radicado en el Congreso por el Ejecutivo a fines del año anterior y para el cual había remitido en marzo un mensaje de urgencia con el fin de acelerar su aprobación, derivó en la decisión del Gobierno de solicitar el retiro de la iniciativa. A través de una carta divulgada en redes sociales directores de medios de comunicación públicos advirtieron que, de aprobarse el proyecto, se pondría en riesgo la televisión pública.

• Durante las campañas electorales se produjeron expresiones estigmatizantes por parte de candidatos a cargos electivos o de funcionarios públicos relacionadas al proceso electoral. El 10 de febrero el senador Álvaro Uribe Vélez utilizó su cuenta de Twitter para atacar a periodistas que han denunciado su actuar durante la labor presidencial. El excandidato presidencial Carlos Caicedo y la ex candidata al Congreso Leszli Kalli realizaron señalamientos contra el medio La Silla Vacía, mientras que el candidato presidencial Gustavo Petro hizo acusaciones contra el canal RCN.

• En mayo periodistas, ciudadanos y organizaciones sociales realizaron distintas denuncias, incluidas denuncias de censura, con relación al manejo de la información durante la emergencia de la obra hidroeléctrica Hidroituango que obligó la evacuación de las poblaciones aledañas ocasionando una grave crisis social y ambiental, y alertaron sobre el riesgo que generaba para los pobladores de las zonas afectadas la falta de información clara, completa y oportuna. En ese contexto, el propio gobernador de Antioquia cuestionó en distintas oportunidades a la Empresas Públicas de Medellín (EPM) por el manejo de la información sobre el asunto. El 4 de junio Noticias Uno denunció que se intentó restringir el ingreso de un equipo a uno de los refugios en el que se encontraban las personas desplazadas a raíz de la emergencia así como la posibilidad de hablar con los damnificados. EPM rechazó los cuestionamientos a la forma en que ha manejado la información durante la crisis.

• A finales de diciembre de 2017 y a principios de 2018 continuaron las instancias judiciales por los graves actos de tortura psicológica a los que fue sometida la periodista Claudia Julieta Duque por parte de funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a raíz de su investigación sobre el homicidio del también periodista Jaime Garzón ocurrido en 1999505. De acuerdo con la información disponible, el 27 de diciembre de 2017 fue dejado en libertad el exfuncionario del DAS, Néstor Javier Pachón, investigado por su presunta responsabilidad en los seguimientos, interceptaciones y tortura psicológica de las que fue víctima la periodista. En febrero de 2018 Duque solicitó declaración de nulidad de tal decisión, argumentando que existieron irregularidades en el debido proceso y que se violó el derecho a la defensa506. A fines de setiembre la periodista presentó una denuncia sobre su caso ante la CIDH.

Informe completo en la página 100: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/IA2018RELE-es.pdf