Comunidad exige suspender construcción del Centro Comercial Primavera | por los derechos humanos

Comunidad exige suspender construcción del Centro Comercial Primavera

 

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El miércoles 31 de agosto a las ocho de la mañana comenzó la tala de 239 árboles en el predio de 28 mil metros cuadrados donde antes estaba situado el Seguro Social, en el barrio Belén, para construir el Centro Comercial Primavera que tendrá 217 locales.

El proceso se remonta al 2015 cuando la empresa Fiduciaria Bogotá S.A., presentó ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá la solicitud de “Aprovechamiento Forestal de árboles aislados”, para la construcción de un centro comercial ubicado en la Carrera 70 N°1-09.

El concejal de Medellín, Ricardo Yépez, cuenta que el anterior director de planeación, Jorge Pérez, expidió la resolución 304 de 2013, con el objeto de modificar el uso del suelo, permitiendo la construcción de un equipamiento comercial en un área de preservación de infraestructura para la recreación y el deporte.

Según el corporado, en la constitución el artículo 313 dice que solo los concejos municipales son los responsables de cambiar el uso del suelo: “Me preocupa que el director de planeación para favorecer  un particular pasa por encima de la constitución, pasa por encima del Concejo Municipal y a través de un acuerdo municipal quiere cambiar el uso del suelo”.

Asimismo lo ratifica el secretario de Control Territorial de Medellín, Nicolás Duque, quien aseguró que: “Consideramos que hubo irregularidad porque el cambio de uso del suelo debía venir al Concejo. Quien puede hacer cambio de uso del suelo es la corporación por iniciativa de la administración y esto se obvió en su momento”.

El Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad creó unas API (zonas de protección urbanísticas) en las cuales no se pueden construir nada comercial, habitacional como casas o edificios, a excepción de que sea de uso público con carácter recreativo o deportivo.

Por esta situación, la comunidad como los corporados cuestionan la autoridad del Área Metroplitana: “Según reuniones con el Área Metropolitana decían que ellos no tenían opción y que ellos no podían ni regular, que no podían ni negar, sino que tenían que dar la licencia, y ellos podían pedirles la compensación o una reposición. Como dijo el concejal ´No hay derecho a que se sigan acabando los pulmones verdes para que se siga echando más cemento en la ciudad´”, manifestó el director del movimiento Animal Naturalis, Juan Páramo.

Por ese mismo motivo el corporado pidió que se pare la obra, se resarza el daño ambiental y se discipline a los funcionarios que actuaron indebidamente.

Por su parte, la subdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, María del Pilar Restrepo Mesa, durante la sesión en el concejo afirmó que el permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados se otorgó bajo la normatividad legal vigente. Este predio no hace parte de las redes ecológicas existentes de Medellín.

 

Respuesta del Curador primero de Medellín, Luis Fernando Betancur Merino

“Con respecto al Centro Comercial Primavera quiero expresarle a la comunidad que fue un proceso que tardó cuatro años en que los dueños del lote iniciaron el proceso de licenciamiento. Se trata de un lote  que hace parte de un API y que tiene una reglamentación especial, ésta está expedida por el municipio de Medellín, esa resolución solo permite equipamientos públicos. El acuerdo 46 que es el POT establece claramente que un Centro Comercial es un equipamiento público, entonces los propietarios del lote se dirigen a la administración diciendo que como el centro es un equipamiento, allí se puede hacer un centro. El municipio expide una resolución que allí efectivamente en ese lote se puede hacer un Centro comercial. Ingresa la curaduría sobre esa solicitud, y antes de otorgar el licenciamiento, que ya podía hacerlo, pido visto bueno al municipio. Luego pido un segundo visto bueno. Luego envían un funcionario a mi curaduría a revisar el proyecto y le da visto bueno, y luego envían otro también le dan visto bueno”.

“El conocimiento jurídico que tengo al respecto me permite afirmar que esta resolución por medio de la cual yo expedí la licencia goza del principio de legalidad, por lo tanto para suspender la obra debe ser demandada. Hubo una acción popular como lo cuentan las personas de la comunidad pero se cayó, por lo tanto la licencia se encuentra en firme, y por lo tanto el proyecto de empresas inversionistas que están creyendo en la ciudad cumpliendo todas las normas. Digamos que ellos merecen respeto por los actos proferidos al respecto por una situación que se llama la seguridad jurídica. Respeto el sentir de la comunidad pero entiéndame que el POT se expide con el visto bueno de toda la comunidad, ahora no puede venir a decir la comunidad que no quiere un equipamiento público cuando el mismo POT lo está permitiendo”.

¿En qué va el proceso?

El movimiento ciudadano Defensores de Parques Urbanos interpuso un recurso de apelación al juzgado catorce, el cual fue admitido en el Tribunal Administrativo de Antioquia.

De acuerdo con el líder, Hugo Alejandro Echeverri Urquijo: “Estamos en el proceso de auditoría que debe cumplir el constructor, que les exigieron por cada árbol talado deben poner cuatro. Hicimos un recorrido con gente del Gobierno, Área, secretaria de medio ambiente, y no hay espacios cercanos para sembrar árboles en la zona donde se talaron 239 árboles tanto internos como externos”.

Por parte de la administración municipal, desde Planeación del municipio, según su director, César Hernández: “Estamos generando requerimientos a los procesos que requiere la ley, la secretaría de Gestión Territorial hizo el requerimiento a la curaduría primera. El curador debe hacer los descargos para continuar los procesos a seguir en una defensa legítima, de ahí se establecerán los pasos a seguir, que van desde revocar la licencia de construcción, lo que implica parar la obra que actualmente está en construcción hasta definir los diferentes escenarios de apelación que garantiza la ley”.

Este martes 8 de noviembre inició el proceso que tomará alrededor de ocho días para generar los descargos, ya sea la suspensión del proyecto o lo que determine el proceso de investigación.

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