Concejalas instan al alcalde a pronunciarse sobre detrimento del patrimonio público

EPM desestimó el informe de la Contraloría de Medellín sobre un presunto hallazgo fiscal por más de medio billón de pesos ($561.000.000.000), argumentando que la metodología no era la adecuada para medir el negocio de Aguas de Antofagasta en Chile, sugiriendo que el método universalmente aceptado es el Flujo de Caja Libre Descontado.

“EPM no comparte los resultados de este informe porque el valor que estima la Contraloría General de Medellín que debió pagarse, se basa en metodologías simplificadas e indirectas que parten de múltiplos de valor sobre transacciones no comparables, que no recogen las particularidades y potencialidades de ADASA” aseguró la entidad en un comunicado.

A lo cual, salieron al paso las concejalas, Luz María Múnera y María Paulina Aguinaga para hacer control político.

La concejala del Polo Democrático inquirió a Empresas Públicas de Medellín: “Hay que preguntarle a los compañeros de EPM ¿qué entienden por metodología acertada? Cualquier metodología puede ser buena dependiendo de quién la mire y con qué intereses la mire. Segundo, ¿entonces fue una mentira esa metodología que fue la misma que utilizaron ellos para convencer a este Concejo de que regalara las acciones de Isagen? Es decir, ellos engañaron al Concejo de Medellín cuando con esa metodología obligaron el voto mayoritario positivo para regalar Isagen”.

En ese sentido, la corporada del Centro Democrático, manifestó lo siguiente: “Esto no es un problema de metodologías porque la Contraloría no está auditando la metodología que utilizó EPM para realizar este negocio, sino que está auditando el valor que pagó EPM por esta concesión porque ni siquiera es una empresa. EPM ya pagó un experto, le pagó a una banca de inversión 1.8 millones de dólares, es decir, más de cinco mil millones de pesos para que le ayudara a estructurar ese negocio, y adicionalmente contrató un gerente para esa empresa, que también es un experto,  a quien le pagan más de 20 mil dólares mensuales. Creo que no es justo que con los recursos públicos EPM se siga contratando expertos, no para que analicen de manera imparcial y neutral el negocio, sino para que como lo dijo el propio vicepresidente financiero, Jorge Tabares, ratifique lo positivo del negocio”.

Incidencia de la pérdida de EPM en el presupuesto de Medellín

Según las cuentas de la concejala del Centro Democrático, María Paulina Aguinaga, el año pasado EPM tuvo pérdidas por 40 mil millones de pesos chilenos, lo que equivale a más de 160 mil millones de pesos colombianos.  Para adquirir la empresa Aguas de Antofagasta invirtieron 2.5 billones de pesos, con la promesa de una tasa de retorno del 10%, lo que debería generar en utilidades 250 mil millones de pesos al año.

“Eso no se ha visto, y como no se está dando y las utilidades han disminuido, por ende disminuirán las transferencias al municipio de Medellín. De ahí la molestia porque ¿cómo es que se van hacer ese tipo de inversiones con alto riesgo y baja rentabilidad? Además no tenían los recursos porque hacen un crédito en Chile por 400 millones de dólares y hacen otro empréstito aquí por mil millones de dólares. Se van allá a subsidiar el agua a los chilenos cuando acá tenemos desconectados de agua, y cuando el empleo y la inversión se debe quedar primero en Medellín y en Antioquia”, afirmó Aguinaga.

Por su parte, el presidente de la Veeduría Ciudadana, Carlos Julio Díaz, analizó la incidencia de EPM para el presupuesto de la ciudad: “Nos preocupa la política de expansión y de inversiones internacionales cuando muchas de ellas, están reconocidas por la misma empresa como deterioro en la tasa interna del retorno de esas inversiones.  Eso significa que el patrimonio tan importante que se ha manejado bajo el criterio de rentabilidad financiera en los últimos años, bajo ese criterio, pueda afectar la rentabilidad de este patrimonio que le ha aportado recursos importantes al presupuesto de la ciudad. Recordemos que es un presupuesto de 4. 5 billones de pesos, es uno de los más importantes del país en términos per cápita”.

Con estos argumentos sobre el detrimento patrimonial, que es el segundo escándalo más grande a nivel nacional, las concejalas en compañía de la Veeduría Ciudadana y de SINPRO, instan al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para que se pronuncie públicamente al respecto sin que solamente le endilgue la responsabilidad a los órganos de control.

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