Familias afectadas de la Iguaná recibirán tres meses de arriendo ¿y después qué?

Este martes 28 de marzo de 2017 se llevó cabo el desalojo de 23 familias que habitaban el sector de los ranchitos en la Iguaná, dentro de los que se encontraban 45 menores de edad y a los que se les dio por parte de la Administración Municipal una estadía en albergues temporalmente.

Entre los acuerdos logrados para los 24 núcleos familiares, 10 de los cuales hacen parte del registro como víctimas, se les acordó albergue temporal hasta encontrar el lugar donde van a arrendar (plazo de quince días), se les dará un subsidio de arrendamiento por un valor de 359 mil pesos y un paquete alimentario.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez,  adujo que estaban en zona de alto riesgo, por lo cual se realizó el desalojo: “Estuve hasta las tres de las mañana en la Universidad Nacional, estuve con las familias afectadas de la Iguaná, se tuvo que dar un desalojo cuidando y protegiendo la vida de ellos, de sus hijos y de ellos que estaban al borde de la quebrada y con este invierno, imagínense el peligro”.

Andrés Felipe Tobón Villada, subsecretario de gobierno local y convivencia, aseveró que en varias oportunidades se intentó hacer el proceso de desalojo, pero siempre se detuvo por algunas situaciones judiciales.

“Las familias que están aquí no son sujetos de reubicación, porque no son tenedores de propiedad que se encuentran aquí ubicados. No obstante, serán trasladados a albergues temporales para garantizar la vulneración de ningún derecho, porque las personas aquí en la situación en que se encuentran ya tienen sus derechos vulnerados”, manifestó Tobón.

Por parte de la Mesa Interbarrial de Desconectados, contaron que esta población lleva alrededor de cinco años de hacer presencia en el territorio, varios son desplazados del conflicto armado y no tienen más que esos ranchos para vivir.

“Este alcalde es el campeón en la improvisación, y no sabemos que se está trayendo. El primer proceso de caracterización no se hizo y se empezó por el último que es el desalojo. Se está construyendo la política de moradores, a esa sí se le da publicidad de medios, mientras que estas actuaciones no se muestran. Doble moral de la Alcaldía, por un lado da garrote y por el otro da caramelo con la política pública de moradores”, aseguró Carlos Bedoya, de la mesa de desconectados.

Varios afectados de este sector no quedaron conformes con los acuerdos a los que se llegó con la Administración Municipal, como Elena Mallares, quien es madre cabeza de hogar y trabaja como empleada doméstica para llevarles alimentación a sus hijos.

“Es como si siguiéramos en nada, yo me voy a otro barrio, pero no nos han dicho que hay transporte para llevar los niños al colegio. Solo nos brindan un arriendo de cerca de 380 mil pesos, pero debemos conseguir para pagar los servicios públicos bien caros ¿entonces cuál es la gracia? Si nosotros somos madres cabeza de familias que trabajamos en casa de familia para llevarles alimentación a nuestros hijos” contó Mallares.

Asimismo, María Sonibel Quinchía, líder comunitaria de los ranchitos en la Iguaná, lleva denunciando desde hace cinco años que la Alcaldía  siempre ha guardado silencio, el ICBF solo aparece en el desalojo y nunca atendió a los menores, y la Unidad de Víctimas no ha solucionado las necesidades de esta población que en buena cantidad sufrió desplazamiento de otras regiones de Antioquia, únicamente encontrando refugio en unos ranchitos de Alto Riesgo.