La renovación urbana por encima de la protección a moradores – por los derechos humanos

La renovación urbana por encima de la protección a moradores

Fecha: 18/09/2020

Por: Carlos Arturo Cadavid Valderrama, abogado e integrante de la Alianza Internacional de Habitantes

 

Respecto a la Política Pública de Protección a Moradores, cuyo trabajo de fondo adelantó la Universidad Nacional de Colombia con amplia construcción colectiva con organizaciones comunitarias por dos años, y que tuvo recortes importantes a finales de 2019, hoy tiene mejores perspectivas de proteger los derechos de los habitantes y mejores intencionalidades, que las vistas en la anterior administración, en la cual no se tuvo empacho en agredir los derechos de la gente al desalojarla de sus territorios con normas injustas y obsoletas que pudieron cambiarse y requieren ajustes.

Todo lo hizo a la brava y sin consultar organizaciones comunitarias afectadas en forma directa. Quiero creer que esta política pública tiene cosas buenas para los habitantes desplazados por obra pública, por riesgos geológicos e hídricos o por el desarrollo elitista, hay que mirar los propósitos de la Universidad Nacional que, respetando la autonomía popular, por lo menos señaló en su primigenio estudio, asuntos importantes para los derechos de la gente, como el realojo en sitio, la provisión de albergues, viviendas suficientes, precios que tengan en cuenta los valores intangibles, la recomendación de modificar las normas policivo-administrativas y procurar soluciones habitacionales dignas definitivas en forma previa a un desalojo normado que, finalmente, se ponen como eje.

Pero el asunto se complica cuando desalojan familias sin garantías previas, sin suficientes programas de vivienda VIS y VIP, cuando no existe oferta de vivienda fiscal para albergues temporales y no existen suficientes albergues en caso de altos riesgos. El total aproximado de hogares en zonas de alto riesgo y retiros de fuentes hídricas, es de 282 mil en Medellín, según datos de 2019 (Área Metropolitana) lo cual contrasta con el pequeño déficit de vivienda nueva e incluso de vivienda precaria, pues los datos oficiales no pasan de reconocer solo 34.000 hogares sin vivienda adecuada y otro tanto con materiales precarios y en zonas inestables.

La venta de la ciudad al mejor mercado sigue su curso, los sectores inmobiliarios especulativos y acaparadores se siguen apoderando de los territorios a punta de gentrificación y en algunos casos bajo amenaza; la sola indiferencia de las autoridades administrativas en hacer cumplir cabalmente las normas urbanísticas especialmente al sector privado constructor y comercial, empuja a muchos habitantes a abandonar sus sitios de origen en los barrios envejecidos como San Benito, Estación Villa, Colón, Jesús Nazareno, Chagualo, Sevilla, Bomboná, La Minorista, Villanueva, Prado Centro, en la Comuna 10 (La Candelaria), precisamente donde ya están caminando propuestas no públicas del sector privado, encabezado por Camacol y grandes empresas del sector para renovaciones urbanas en los próximos 10 años. Compran a través de agencias y testaferros propiedades, alquilan y presionan compras a precios bajos, alquilan para talleres y negocios de pésima condición, y al cabo del tiempo llega la renovación y venden a precios exorbitantes.

 

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