Cerca de 10 mil campesinos deberán salir de sus fincas por la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova | por los derechos humanos

Cerca de 10 mil campesinos deberán salir de sus fincas por la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova

Fecha: 07/11/2022

Por: Andrés Ríos

 

La construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova está llena de contrastes, debido a que en la operación del aeropuerto, involucra a los grupos económicos, como: primero era de Los Char, el Grupo Empresarial Antioqueño con la construcción de urbanismo en la ciudad de Medellín, tenía como eje al consuegro de Santos Mario Pinzón Bohórquez, posteriormente los mexicanos de Airplan adquirieron el negocio y los diferentes dirigentes de las administraciones municipales y de entidades descentralizadas lo facilitaron; mientras que por el otro lado, alrededor de ocho mil campesinos deberán dejar una zona contigua al aeropuerto en las veredas de Abreo, Abreito y Chachafruto.

La magnitud de esta obra que es presentada por la institucionalidad como el progreso de la región, beneficiará de manera directa, a la clase dirigente que tiene sus grandes fincas en Llanogrande, lugar donde hay tres centros comerciales y tienen sus predios la familia de Lina Moreno (esposa de Álvaro Uribe), los Gómez Martínez, la familia del senador Esteban Quintero, Augusto López Valencia o hasta Luis Pérez. Contradictoriamente en la resolución 02515 de 2016 de la Aerocivil (manejada por el exsenador Juan Diego Gómez, candidato a la gobernación) establece que el metro cuadrado de los campesinos tiene un valor de 19 mil pesos en 406 hectáreas, sin haber efectuado la gestión predial previamente; paradójicamente, en la Zona Franca donde habita la gente pudiente, tiene el costo de un millón ochocientos mil pesos el metro cuadrado; en cambio en Llanogrande, el metro cuadrado es desde 5, 10 y hasta 15 millones de pesos.

Familias que habitaron el lugar por cerca de 200 años y en muchos casos han sido víctimas del conflicto armado, se verán obligadas a salir de su lugar de origen, con una indemnización precaria (100 millones de pesos en promedio de acuerdo con la resolución), en la que se afectará un territorio que cuenta con aproximadamente 1600 cuencas de agua, así como diversidad de fauna y flora; que  por la puja de los intereses políticos y económicos, perjudicará de manera deliberada a un gran sector de la población, por la iniciativa de unos cuantos.

Casualmente, recientemente los pobladores de las veredas aseguran que han padecido robos y focos de inseguridad, cuando anteriormente esto no sucedía. Hace un mes ocurrió el homicidio de un joven por parte del grupo Los Mesa, de Bello, manifestando que llegaban para quedarse en este territorio. Paradójicamente, contradictoriamente o ¿convenientemente? Los vuelos de Aeroméxico son en los que más irregularidades hay y se hacen difícil de controlar para el personal de seguridad que, cuenta bajo reserva de la fuente, han encontrado innumerables cargamentos con droga en horas de la noche.

Los intereses de esta obra repercuten también en la ciudad de Medellín, porque de concretarse la segunda fase del aeropuerto José María Córdova, desaparecerá el aeropuerto Olaya Herrera, dando paso a que el sector inmobiliario construya más edificios en la planicie de la ciudad, beneficiando claramente a los sectores privados del Grupo Empresarial Antioqueño, en detrimento del cambio climático y la movilidad de la capital del departamento.

El Partido Conservador que apoyó al actual presidente de la república (Gustavo Petro) con el senador Carlos Trujillo (en reconciliación con Juan Diego Gómez), presionó para el nombramiento del ministro de Transporte Guillermo Reyes, y tuvo a Reyes como contratista en su alcaldía de Itagüí. Apenas éste llegó, con el auspicio del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria (apoyado en campaña por los conservadores), lo que primero anunció fue: “Segunda pista del José María Córdova y segundo aeropuerto van sí o sí”.

Obra de “desarrollo” liderada y apoyada por el Centro Democrático en el gobierno Duque, planeada desde el periodo de Santos, y al parecer, será implementada sin pensar en los campesinos por el mandato o permisividad de Gustavo Petro; siendo un gobierno que se reconoce como progresista. Algo que pondrá muy felices a los grupos económicos que son quienes se digieren al país, a las oligarquías políticas familiares que son sus mejores intérpretes y a los contratistas que se ganen alguna golosina.

Los medios de comunicación han desplegado en sus primeras páginas el anuncio de la obra como la infraestructura que traerá el progreso para el país entero, pero se han ausentado a la hora de exponer la situación de los ocho mil campesinos, que siguen esperando la solidaridad de las organizaciones y los activistas, que tampoco aparece, ante una obra que dejará afectaciones de la magnitud de Hidroituango.

 

 

Nota: en los próximos días publicaremos una información con mayor profundidad presentando la versión de las partes afectadas, en contraste con las versiones institucionales.