Política pública sin dientes para proteger a los moradores – por los derechos humanos

Política pública sin dientes para proteger a los moradores

 

Con el manoseo institucional a la Universidad Nacional, a la cual le devolvieron en cinco ocasiones el estudio por parte de la Alcaldía de Medellín para la política pública de protección a moradores, comenzó la sesión del 9 de julio de 2019 con una socialización en la que esta vez se hizo presente esta universidad pública, que cedió en varias oportunidades ante los requerimientos de la Administración Municipal, incluso, a presentar la política la vez anterior. 

Si nos ponemos a repasar la cantidad e infinidad de políticas públicas que hay en Medellín para proteger a los adultos mayores, a la infancia y al adolescente, a la discapacidad, entre otros ejemplos, son muy lindas para leerlas, pero su aplicabilidad en la vida real es nula. 

Por este lado va la política pública a moradores, una exposición de mucho tiempo con socializaciones de todo tipo, pero que no queda claro en términos concretos cuál sería el monto con el cual se le compensará económicamente a los afectados por el desarrollo, es decir, un ejemplo podría ser el compromiso de pagar comercialmente el 80 0 el 90% del bien inmueble, un compromiso de reasentar en el mismo sitio con escrituras de la casa previo a la construcción de la obra. Por eso aplaudimos las palabras de los docentes de la Universidad Nacional, pero sabemos que todo indica que se seguirá repitiendo la historia de atropello a las comunidades a causa del desarrollo.  

 Si la compensación económica que es lo mínimo que podría hacer la administración por sus habitantes, usualmente en muchos casos no alcanza para pagar la primera cuota de otra vivienda, menos habrá transformaciones más grandes que no rompan con todo el tejido social y la vida comunitaria que ya tienen los pobladores con el arraigo en su sector y el entorno cercano con sus vecinos.

La docente de la Universidad Nacional, Análida Rincón, manifestó en su exposición que lo primero debe ser mantener los derechos de los moradores para hacer contrapeso a las obras desde los componentes: humano, social, económico, jurídico, físico-espacial y ambiental. En el diagnóstico se evidenció que son asentamientos informales y barrios de sectores populares 1, 2 y 3 los que están afectando y desalojando a las comunidades por los proyectos de intervención urbanística. 

Es claro y evidente, el desconocimiento de la ciudad, pues esto es un tema que compete a todos los estratos socioeconómicos: desde habitantes de El Poblado hasta Moravia, o campesinos del corregimiento de San Cristóbal como medellinenses de Laureles.

Más llamativo resultó que la docente tenía como referente la ley 388 de 1997 para proteger a los ciudadanos, pero según esta ley, cuando una zona se declara de utilidad pública, y este no cede a los intereses de la obra, será expropiado, incluso, con la presencia de la policía, además se hará un pago catastral del predio. 

Como ponente de esta política pública a moradores, la concejal, Luz María Múnera, afirmó: “No hay reasentamiento en sitio para los moradores, esta política pública para moradores lo sacó. Otra vez nos van a entregar un canto a la bandera, cinco o seis consignas que no aterrizan, es decir, cómo van actuar cuando el Estado me haga víctima del desarrollo porque no está claramente determinado cómo sería el proceso. Hay que plantear de manera concreta el presupuesto, haber desarrollado el estudio antes de poner la primera piedra. En Puente Madre Laura aún tiene gente en arrendamiento temporal, la tragedia en San Luis por el tranvía, hacer paralelamente el estudio mientras todos los de La Paralela se fueron a vivir a Girardota y Copacabana, el 50% de la gente en Moravia ya se fue y no han pagado un peso de los predios». 

La socialización del proyecto de acuerdo 169 de 2018, según la ponente, quedó con la inquietud de saber las razones por las cuales no fueron tenidas en cuenta las consideraciones técnicas, políticas, jurídicas y económicas que planteó la Universidad Nacional. Aunque contradictoriamente, hayan concejalas como Aura Marleny Arcila, quien anteriormente haya dicho que han habido reasentamientos ejemplares en la ciudad como el que vivió La Paralela. ¿En qué ciudad viven?

 

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2 respuestas a Política pública sin dientes para proteger a los moradores

  • Medellín y su política de desarrollo solo es desplazamiento y ruina para los moradores.
    La administración le miente a la población y vende nuestro derechos a los privados cometiendo atropellos y actos de usura para defender al GEA y los constructores

  • los que mas llevan del bulto son aquellas personas mayores analfabetas sin conocimiento. en defensa de los derechos humanos y se los vulneran y los niños sin techo. que tristeza., solo se dedican a embellecer la ciudad sin pensar en las persona

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