¿Protección real o real desprotección a moradores?

Por: María Isabel Muñoz y Carlos Arturo Cadavid

Partiendo de que las políticas públicas son las sucesivas respuestas del estado (del régimen político o del gobierno de turno) frente a situaciones socialmente problemáticas; desde el año pasado se viene trabajando con la mesa territorial de protección a moradores en la ciudad de Medellín: Los participantes expresamos muchas dudas sobre la política pública de protección a moradores, en vista de todas las modificaciones que conllevan los planes de renovación urbana referentes al uso del suelo y a las construcciones, según nos dijeron, para detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos y para lograr el mejoramiento del nivel de vida de los moradores afectados. Esto se desprende de la Ley 9 de 1989, Capítulo IV, Artículo 39, sobre los aprovechamientos  con mayor beneficio para la comunidad. Sin embargo, del dicho al hecho, hay mucho trecho.

La política pública de protección a moradores y a actividades económicas y productivas (PPPMAEP), quedó enunciada en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Acuerdo 48 de 2014, donde se reconocen como moradores a poseedores, tenedores, propietarios, residentes, y aquellos que desarrollan actividades productivas formales e informales en el territorio. La implementación de este plan puede generar impactos sobre las comunidades en un territorio, como hemos querido demostrar en los distintos eventos pero sobre todo por la experiencia en la ciudad de Medellín.

Dudas e incertidumbres

Quedan muchas dudas. Una de ellas, ¿Porqué hacer una inversión de mil millones de pesos para implementar una política pública cuando ya está considerada dentro del Plan de Ordenamiento Territorial? Las comunidades nos preguntamos si es protección o desprotección por todo lo que conlleva el desarrollo de la ciudad y la renovación urbana, tal como se tiene prevista. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) debería garantizar que la renovación urbana no desplace  a las comunidades  hacia otros lugares, como se anuncia en los escasos documentos oficiales que nos han repartido y deberían respetarse de manera clara e indubitable los principios de la equidad, la inclusión, el restablecimiento de condiciones iníciales, el derecho  a la permanencia, al arraigo, a la cultura, al mejoramiento integral de barrios, el derecho a la información concreta, transparente y previa, la reubicación en sitio y el derecho a la ciudad sin odiosas discriminaciones por factores sociales y económicos, que es lo que se pretende en el modelo de ciudad que se comercializa desde la administración pública.

Existe una gran incertidumbre entre las comunidades de los diferentes barrios y sectores urbanos, entre las organizaciones sociales, comunales y de pobladores originarios en relación con la implementación de esta propuesta de política pública, que podría, como se observa en diferentes escenarios, convertirse en DESPROTECCIÓN, DESPOJO Y DESALOJO MASIVO DE MORADORES y en PROTECCIÓN DE GRANDES NEGOCIANTES DEL SUELO E INTERMEDIARIOS DE LA ESPECULACIÒN INMOBILIARIA. Hasta hoy nos sigue preocupando que se trate de una política más sin suficientes garantías sociales y legales que desconozca la historia de la ciudad, no frene los procesos de gentrificación inherentes a las intervenciones urbanísticas y no contemple “las medidas de protección a MORADORES, como política pública para evitar la expulsión de los pobladores originales”, tal como reza el folleto distribuido en los eventos de participación.

Insistimos en que por GENTRIFICACIÓN se entiende la apropiación del territorio por el gran capital, como un “un proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector  o barrio deteriorado y con pauperismo (existencia de gran número de pobres en un territorio, especialmente cuando procede de causas permanentes) es progresivamente desplazada por otra de mayor nivel adquisitivo, a la vez que se renueva” (así se expone en estos eventos).

Qué se quiere proteger

Esta política pública de protección a moradores debería servir para proteger los derechos de los moradores y restringir los abusos de las entidades públicas y privados que diseñan y ejecutan obras, generando mucho malestar, porque nuestra MEDELLIN está siendo

ofrecida al mejor postor y las comunidades están siendo desplazadas a las periferias y bordes de la ciudad más innovadora. Vale la pena preguntarnos si realmente las políticas públicas han sido un instrumento efectivo para la resolución de  las problemáticas y anomalías de las comunidades, gremios y otros grupos de interés, o por el contrario,son un elemento de legitimación electoral de la administración con un bajo impacto político.

Se espera que esta política sea una herramienta realmente útil para proteger los derechos y sirva para avanzar en la superación de la inequidad y no sea un sofisma de distracción para repetir tragedias sociales como el desalojo, la expropiación y el despojo de tierras y predios, sin el reconocimiento e incorporación de las plusvalías para que éstas no queden en manos de las grandes constructoras  y se obtenga, en el mejor de los casos, la recuperación de la población más vulnerable, y en la peor de las situaciones, solo una mínima proporción de la comunidad requiera ser desplazada previa una justa indemnización. No estamos en contra del progreso, lo que exigimos es que haya un buen consenso, que esta política sea incluyente, que las comunidades seamos escuchadas y que nuestra participación sea tenida en cuenta, para que el avance urbano no siga atropellando los derechos de los moradores con el desarraigo, el despojo y el desplazamiento por las obras públicas y los planes parciales de renovación, aparentemente de interés general. No se pueden seguir violentando los derechos de los habitantes de los territorios impactados por las megaobras y la irresponsabilidad de los constructores.

Se debe reglamentar la Política Pública de Protección a Moradores y modificar las normas a que haya lugar, garantizando a las comunidades afectadas la Reubicación en Sitio y las Compensaciones por las unidades productivas y por la carga social que deben soportar en adelante. La protección efectiva a moradores es todavía un asunto por resolver en la ciudad de Medellín.

Protección o desprotección frente a los desalojos

No a una política pública de desprotección a moradores que conlleve los desalojos, la expropiación administrativa, la enajenación voluntaria o la enajenación forzosa para ser desterrados del territorio. Apoyamos el mejoramiento integral de barrios, la reubicación en sitio, el derecho a la permanencia respetando a los pobladores originarios y el derecho a la ciudad sin segregaciones ni exclusiones.

Exigimos que los derechos de los moradores no sigan siendo violentados por las intervenciones urbanísticas y que haya más garantías legales y sociales, ya que es una obligación del Estado proteger a los moradores, porque tienen derechos constituidos en relación con la permanencia, la ocupación, los usos y prácticas de habitar en un territorio urbano o rural, que son elementos suficientes de protección para conjurar el peligro inminente que hay sobre los derechos constituidos alrededor de la morada.

El capítulo IV de la Ley 9 de 1989 o Ley de Reforma Urbana lleva por título, ”de la protección a los moradores en los proyectos de renovación urbana”, pero no contó con el desarrollo y la precisión requeridas y menos aún con la voluntad política para adelantarla y proteger verdaderamente y de hecho, no de palabra, a los moradores de menos recursos económicos.

Hasta hoy todavía la propuesta oficial contratada con la Universidad Nacional sigue dejando por fuera muchas de las problemáticas de la ciudad que, debido a la pobreza y la tragedia generada por el conflicto y las violencias, han producido un crecimiento urbano descontrolado y desatado otra serie de secuelas económicas y sociales, a su vez agravadas por la omisión estatal acumulada por décadas de olvido.

Se deben incluir en esta herramienta mecanismos de participación comunitaria para la incidencia en el ordenamiento territorial, de reparación colectiva de víctimas, en ámbitos urbanos y rurales, y la garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada, sin que nadie quede hogar, el mejoramiento integral de barrios, la protección a moradores y el derecho a la ciudad sin la discriminación enunciada en los conceptos de gentrificación estampados en los folletos de la EDU y Planeación Municipal.

Un modelo de ciudad para el negocio, no para la gente

La forma en que se está promoviendo la venta del centro de la ciudad de Medellín, la segunda más poblada de Colombia, bajo la consigna del crecimiento hacia adentro y en altura, entregando folletos del Departamento de Planeación Municipal y la Empresa de Desarrollo Urbano, con los planos de las intervenciones en marcha y sin una elaboración consensuada ni concertada con las comunidades originarias afectadas, merece un amplio debate. Documentos no masivos y previamente concertados con grandes empresas inmobiliarias y constructoras, con su exclusiva visión de cómo debe quedar urbanizado el centro de Medellín y barrios aledaños, muestran que de lo que se trata es de afianzar un modelo de ciudad para el negocio y no para la gente.

Se señala sin ambigüedades que la gentrificación o reconstrucción de la ciudad por cuenta del sector privado, busca acomodar población de mejores recursos económicos que puedan asumir los altos costos comerciales y de vivienda en desmedro de la población de menores recursos, que debe desplazarse hacia otros lugares de Medellín.

La meta de renovación urbana que persigue acomodar 800.000 mil nuevos residentes en las futuras construcciones que se edifiquen (vivienda suntuaria y centros comerciales) en barrios como San Benito, Chagualo, Estación Villa, La Candelaria, Colón, Jesús Nazareno, Villanueva, Sevilla, Boston, Prado Centro, entre otros, donde actualmente residen 110.000 habitantes, significaría el desplazamiento y desalojo de la gran mayoría de actuales moradores, sin que exista garantía alguna de provisión suficiente de vivienda de interés social en las zonas a intervenir y que sea adecuada en términos de seguridad jurídica, económica, espacial, social y ambiental (Artículo 51 de la Constitución Política y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Todo indica que no se tienen previstas las cargas urbanísticas que este nuevo poblamiento generará en la disponibilidad de servicios públicos y las consecuencias ambientales ni están claramente definidas las compensaciones urbanísticas (parqueaderos, malla vial, zonas verdes, arborización), pues éstas han sido modificadas para que los grandes urbanizadores las compensen en dinero y obtengan de la mano de la administración local la mayor plusvalía posible, a cambio de los enormes recursos fiscales que recaudaría por cuenta del impuestos predial y de industria y comercio, principalmente.

Nos preocupa que la nueva oferta de vivienda y comercio en estos lugares sea un privilegio de los compradores de altos ingresos de fuera de Antioquia y del extranjero, tal como sucede con los desarrollos habitacionales en El Poblado (la Loma de Los Bernal y Laureles son otro ejemplo donde los residentes consuetudinarios y locales cada vez son menos).

Nos preocupa que se venda el centro de la ciudad al mejor postor y se impulse su ocupación masiva sin consideración con la población local, permitiendo normativamente que el sector inmobiliario se apropie del 51% de los predios afectados por la renovación

urbana, utilizando compradores anónimos, que están desplazando por motivos socio económicos a gran parte de los moradores (se han reducido en zonas céntricas los habitantes dando campo a actividades comerciales temporales, mientras los promotores urbanos privados adquieren el porcentaje necesario para comenzar la renovación y quienes van quedando sin mayoría para oponerse o exigir equidad y reasentamiento en sitio, entonces se ven sometidos a la expropiación administrativa y al desalojo forzoso. En realidad, ya se inició este proceso hace varios años y por este motivo barrios enteros se encuentran tan deteriorados.

No nos atrevemos a vaticinar la nada halagüeña consecuencia que tiene acomodar casi otro millón de personas de fuera del Valle de Aburrá y del exterior y amontonar en Medellín a 3.500.000 habitantes (hoy residen 2.500.000), como se desprende de los anuncios  expresados por Camacol (agrupadora del sector de la construcción) en el marco del pacto firmado con el Área Metropolitana hace poco (El Colombiano, abril 4 de 2017): Seguiremos respirando el peor y más contaminado aire que tenemos en  el país. Al negocio no le importa la continua e insuperada emergencia ambiental por la alta contaminación, principalmente vehicular, que es algo serio y que pone en entredicho este modelo urbano insostenible, ni le interesa que los gases de efecto invernadero (CO2 y otros) haya sobrepasado en diciembre de 2016 las 400 partes por millón en promedio en la atmósfera terrestre, el doble de las registradas a comienzos de 1900. Lo más grave es que a la fecha de hoy este indicador alcanzó las 405 partes por millón.

De continuar este modelo de ciudad para el negocio y no para la vida en Medellín, seguiremos contribuyendo con mayores cuotas de cemento y gasolina al calentamiento y cambio climático globales. Por lo cual y además, las medidas de contingencia tomadas al respecto para mitigar los altos niveles de contaminación de la ciudad son necesarias, pero insuficientes y todos debemos participar para disminuirla con acciones más radicales y permanentes.

Si la política pública de protección a moradores permite la continuación de estos riesgos tangibles para la supervivencia y el despoblamiento de habitantes originarios y residentes actuales para encaramarlos en las pendientes citadinas, entonces se trata de una política pública de desprotección a moradores, con la que no estamos de acuerdo.

Gran parte de los participantes en los talleres promocionales de la PPPaM y otros escenarios (Plan Parcial del Centro, Organizaciones Sociales, Transversalidades La Iguaná y Santa Elena), hemos sido enfáticos en afirmar nuestra posición de mejorar nuestras condiciones de vida, vivienda y trabajo para nosotros, nuestras familias y nuestros vecinos y de participar y contribuir con una ciudad más segura, amable, incluyente, participativa, solidaria y en paz.

Sin embargo,  con esta visión de ciudad que se nos ofrece y se comercializa, jamás será resuelto el déficit cuantitativo ni cualitativo de vivienda de los habitantes de los sectores más desfavorecidos y seguirá incrementándose el cordón de miseria y de vivienda precaria en la periferia de Medellín. Así no podrá cumplirse con los compromisos del Milenio de que no existan personas sin hogar en el 2030.

Otros casos o moradores a proteger:

A continuación presentamos los casos que solicitamos sean incluidos como moradores objeto de proteccióndentro de la Política Pública de Protección a Moradores y a Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP) y que no contempla el estudio de la Universidad Nacional o no están claramente definidos:

A) Moradores afectados por las obras públicas para que se les garantice el mejoramiento de sus barrios, de sus viviendas, de sus medios de vida, y paralelamente se realicen las obras complementarias y no pase lo sucedido con los habitantes de la cueca La Iguaná, que soportaron la construcción de 4.1 kilómetros de conexión vial, y todavía no han recibido todas las obras prometidas.

B) Moradores afectados por proyectos urbanísticos, como el caso de los habitantes del barrio La Cascada, cuyos propietarios esperan todavía la recuperación total del sector, con obras e intervenciones recomendadas por el Dagrd desde diciembre de 2013, que conjuren los riesgos causados por las omisiones generadas en la construcción de la Ciudadela Nuevo Occidente, y hoy están a las puertas de un desalojo masivo.

C) Moradores de los nuevos complejos habitaciones desarrollados en la Ciudadela Nuevo Occidente, gran parte provenientes de procesos de reubicación de otras zonas de la ciudad, que presentan graves deficiencias urbanísticas y de construcción, documentadas en estudios geotécnicos del propio Dagrd y que todavía no encuentran solución oportuna y adecuada.

D) Moradores en situación de desplazamiento a la espera de la entrega de sus viviendas VIP y VIS y aquellos que no obstante resultar favorecidos con vivienda gratuita, no les ha cumplido el ISVIMED ni el Ministerio de Vivienda, pese a realizar entregas masivas y publicitadas, como el caso de los beneficiarios de la Urbanización El Socorro.

E) Moradores de edificios construidos sin el cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de promotores privados, que le hacen “conejo” al gobierno y a los compradores al licenciar sus proyectos como VIP y vender a los precios más altos VIS. Constructores que incumplen con la entrega cabal de los apartamentos, se declaran en bancarrota y dejan sin legalizar las escrituras. Este tipo de moradoresrequiere asistencia y acciones del Estado para garantizar la seguridad jurídica de sus viviendas. Es el caso del Conjunto Residencial Altos del Rosario (Villa Hermosa) y los proyectos Madre Laura y Torres del Este (AND Medellín, 27 de Marzo de 2017), posibles falsas viviendas VIP.

F) Moradores en zonas de riesgo, que se encuentran a la espera de una oportunidad de vivienda en programas oficiales y garantizar el mejoramiento de sus condiciones de vida.

G) Moradores morosos del sistema financiero por razones socio económicas, que enfrentan procesos ejecutivos de resolución de contratos.

H) Moradores que han expresado sus problemas de garantía plena de su derecho a la vivienda y a la ciudad, en las sesiones de los talleres de la Universidad Nacional.

I) Moradores que enfrentan procesos administrativos por mora en el pago del impuesto predial, incluyendo la cartera morosa de imposible cobro de las sedes de las Juntas de Acción Comunal.

J) Moradores en condición de inquilinos, ante la carencia de normas que protejan sus derechos de estabilidad y permanencia, y a que sean encuestados previamente dentro de los proyectos habitaciones que se desarrollen dentro de los planes de renovación urbana.