Sin garantías y con improvisación intentaron desalojar a 176 familias de Nuevo Jerusalén

Según la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá que hizo presencia en el desalojo que el Esmad inició desde este jueves, 12 de enero, a las 4:45 de la mañana a 175 familias del barrio Nuevo Jerusalén, inició el proceso por la fuerza, lo que desencadenó en una serie de enfrentamientos con la comunidad.

“Heridos remitidos a clínicas hay como seis o siete, pero atendidos en territorio por paramédicos y demás fueron alrededor de veinte heridos. La situación es muy delicada, la situación continúa porque allá sigue el Esmad y la Policía”, aseguró el defensor de Derechos Humanos, Humberto Tobón Layos.

Incluso, manifestó que absolutamente nadie por parte de las autoridades acompañó el desalojo, hasta luego avanzada la mañana que llegaron algunos funcionarios.

“Fue un asunto totalmente improvisado, un asunto donde lo primero que llegó fue la fuerza, ahí no me dio nada más y eso por las condiciones topográficas y demás”, afirmó Tobón.

Asimismo, lo expresa Julio Renjifo, quien también pertenece a la mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá: “Hubo muchos heridos, de niños inclusive; mujeres; y tres policías heridos, uno gravemente herido por una papa bomba. La situación estuvo muy complicada por parte del Esmad. No había atención ni planeación de contingencia para atender todo lo que se presentó frente a los hechos que ocurrieron”.

“Es que estamos hablando de 176 familias que conforman  alrededor de 700 personas. Los desalojos como que van a ser por casas porque eso está poblado de ahí para arriba lo que usted quiera. Entonces, la sentencia fue desde 2013, lo que hubo fue un desacato por la Alcaldía de Bello,  y muérase de la risa, en la última campaña la familia Suárez se fueron allá a hacer campaña política, la pobre gente votó por ellos y les dijeron que se quedaran tranquilos que ese territorio ya era de Bello, que ellos le iban a legalizar todo. Hay gente que lleva diez años, algunos 15, otros 8 y otros cinco. El problema allí es absolutamente complejo”, manifestó Humberto Tobón.

El concepto por parte del DAPAR es que es una zona de alto riesgo, por lo cual se buscó proceder al desalojo y demolición de 175 predios, unidades habitacionales ubicadas en la Finca El Cortado, Barrio París de Bello.

Ambos defensores de Derechos Humanos sostienen que aún hay grupos al margen de la ley que siguen vendiendo lotes en el lugar y tienen amplio control en la zona, según los relatos de las comunidades.

Para concluir, Humberto Tobón aseveró: “Mirá las garantías que les dieron hubo familias que apenas les notificaron hace quince días, a otras las notificaron el 19 de diciembre ¿Qué están haciendo con estas familias? A algunas  dependiendo del número de personas, a algunas les están dando 750 mil pesos por tres meses, osea 250 mil por mes. Y  a otros 900 mil pesos, 300 mil por mes. Y e en esa sentencia que se generó en 2013 está muy especificado que para que se diera el tema del desalojo habría que tomar todas las medidas de contingencia ofreciendo todas las garantías y tener a esta gente  dentro de una reubicación de vivienda. Nada de eso se hizo, aquí hay una absoluta improvisación y desespero porque como hay desacato por parte de la administración de Bello, entonces quién está pagando los platos rotos? Como siempre el más humilde y el más pobre”.

Actualmente, las autoridades continúan los desalojos con las comunidades.