Situación de diferentes grupos poblacionales en Medellín

El portal porlosderechoshumanos.com conversó con el personero delegado para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, Juan Fernando Gómez, para presentar la versión que manejan desde esta agencia del Ministerio Público sobre los diferentes grupos poblacionales, tales como: discapacidad, habitantes de y en situación de calle, adultos mayores, víctimas y LGBTI.

372 adultos mayores son abandonados anualmente en la ciudad

Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) en el año 2017 la ciudad cuenta con 2.508.452 habitantes de los cuales 412.803 son personas mayores de 60 años, quienes representan el 16.4% de la población total. De las cuales 243.317 (58.9%) son mujeres y 169.486 (41.1%) son hombres.

De acuerdo con los datos del SISC (Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia) en el año 2017 se presentó una disminución del 21.9% con respecto al mismo período de enero – marzo del año 2016 en los casos de violencia intrafamiliar donde las víctimas son personas mayores de 60 años.

Los casos podrían aumentar si se consideran factores como el subregistro, debido a la no denuncia o reporte de los casos por temor, amenazas, rechazo, sentimiento de culpa, poner en lo público el mundo de lo privado. Las principales víctimas de violencia intrafamiliar son las mujeres con un 69%, predomina la violencia de tipo verbal en un 31%, seguida de física con un 26%, el estado civil de las víctimas que prevalece es el de casado, el nivel educativo alcanzado que sobresale es el de primaria con un 65% y la comuna con mayor reporte de casos es la de Belén.

En promedio cada año se abandonan en Medellín 372 personas mayores. El 20% de dichos abandonos se configuran en las unidades hospitalarias de la ciudad. Una vez las personas mayores ingresan y tendrían que haber permanecido hospitalizadas entre cinco y ocho días, al ser dadas de alta, pueden pasar de cuatro a ocho semanas, mientras se trata de contactar a la familia o redes de apoyo primarias y fuera de eso convencerlas para que se hagan cargo de la persona mayor, algunas familias asisten a las visitas, pero insisten en que no pueden cuidar a su familiar, otras nunca regresan, otras dejan de contestar el teléfono. Incluso se han reportado casos de familias que dan datos de contacto, dirección de residencia erróneos, lo que podría denotar que no desean hacerse cargo de la persona mayor.

En Medellín se encuentran censados 323 centros de bienestar al anciano, estos datos son obtenidos del Sistema de Información para la Vigilancia y Control de los Factores de Riesgo, sin embargo, no hay un censo sobre la cantidad exacta de centros, dado que muchos están operando de forma ilegal y clandestina, según la secretaría de salud.

Datos aportados por esta cartera a mayo 31 de 2017, se han auditado 21 centros de bienestar al anciano, de los cuales 12 (57%) no cumplieron con las condiciones sanitarias y fueron objeto de medida sanitaria de seguridad, 9 hogares (43%) presentan deficiencias y aspectos locativos que deben mejorar.

Para esta agencia del Ministerio Público que visitó 40 centros de bienestar al anciano de forma aleatoria el 70% de ellos no cuentan con un equipo interdisciplinario adecuado para la atención de las personas mayores.

Medellín no es una ciudad diseñada para la población con discapacidad

En la ciudad se encuentran encuestas o caracterizaciones de la población con discapacidad; la encuesta de calidad de vida indicó que para el año 2011 había en Medellín 125 mil 755 personas con discapacidad; la caracterización realizada por la Secretaría de Salud durante el año 2010, arrojó un total de 45 mil 42 personas; la encuesta elaborada por el DANE en el mismo año referenció 15 mil 640 personas; el censo general realizado por la misma entidad en el año 2005, arrojó 117 mil 826 personas.

Con lo planteado anteriormente, no hay un censo o caracterización sobre la cantidad de personas de este grupo poblacional en la ciudad, lo cual es una limitante para inversión en políticas públicas, programa so proyectos.

En lo referente a la construcción accesible o diseño universal de las instituciones educativas de la ciudad, la Secretaría de Educación refiere que la ciudad cuenta con 421 sedes educativas, de las cuales 37 cumplen actualmente con la normatividad de accesibilidad en infraestructura educativa. Además a través de inversión en adecuaciones y mantenimiento a la infraestructura existente se ha logrado el cumplimiento de accesibilidad de 15 sedes adicionales, alcanzando de esta manera que el 10% de las sedes en la ciudad cuenten con un diseño universal.

Medellín no es una ciudad pensada y construida para todos, tiene múltiples barreras para la libre locomoción de las personas, especialmente aquellas con discapacidad y en el momento de hacer cumplir las leyes que procuran un diseño inclusivo, las diferentes instituciones descargan la responsabilidad sobre otras y este asunto continua sin el acompañamiento adecuado.

A las personas con discapacidad la ciudad se les presenta como una antagonista, atiborrada de barreras, que restringen su derecho a la libre locomoción, a vivir en un entorno accesible que se traduzca a la vez en su inclusión social.

Hasta la Secretaría de Movilidad refiere que el sistema de transporte público no es accesible, argumenta que gran parte de los buses, busetas y colectivos no cumplen con las normas técnicas de ley en relación con la accesibilidad universal.

Se supone que para el momento de la construcción que comenzó como un proyecto en 1979 e inició su operación desde 1995, ya existía reglamentación que exigía una construcción universal, en garantía entre otros derechos fundamentales a la no discriminación y la libre movilidad. No obstante el Metro no fue planeado, ni construido para todos, por el contrario, era excluyente con parte de la población.

La queja más frecuente frente a los servicios prestados por el Metro, es en relación a las rutas alimentadoras y las plataformas que permiten el acceso desde el andén o la calle hacia los buses que realizan dichas rutas, aduciendo que son ineficientes, no prestan un servicio oportuno y acorde a la demanda,  lo cual pone en entredicho el carácter de transporte integrado.

“El usuario manifiesta que es usuario diario del Metro y que las personas con discapacidad tienen inconvenientes con los buses alimentadores del Metro, porque algunas rutas no le hacen mantenimiento a las rampas, y deben esperar a que llegue el bus adecuado para poder acceder al servicio.  Dice que están trayendo buses nuevos, pero que no los están asignando a los estratos menos favorecidos. Solicita realizar un derecho de petición”.

De acuerdo con la encuesta de Encuesta de Calidad de Vida realizada por el Municipio de Medellín, publicada el presente año con vigencia del año 2016, 9.22 de cada 100 personas con discapacidad se encuentran desempleadas, mientras que la tasa de desempleo abierta, es decir sin en el enfoque diferencial, fue de 7.64 de cada 100 personas.

Informe de Laura Victoria Zapata Giraldo, Investigadora de la Personería en la línea de discapacidad

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Aumentan los habitantes de calle y reducen la inversión en la Alcaldía

Derecho a la libertad, traducida en detenciones arbitrarias por cuanto los agentes policiales están judicializando a los Habitantes de y en situación de calle; por el delito de porte ilegal de estupefacientes, aun cuando llevan su dosis personal, la personería de Medellín ha podido constatar que muchas de estas detenciones realizadas por agentes de la Policía Nacional obedece al afán de cumplir la cuota de detención de la semana exigida por sus superiores y realizar positivos para anotar en sus respectivas hojas de vida, esto se traduce en permisos de descanso y en posibilidad de asensos en sus carreras. Estas detenciones son por decir lo menos perversas, la gran mayoría de estas personas son adictas y enfermas a estas sustancias psicoactivas.

Esta problemática que se evidencia en la ciudad de Medellín apunta a la falta de una política articulada entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Para desintegrar estas redes de tráfico de estupefacientes que se establecen alrededor de los asentamientos conformados por los habitantes de y en situación de calle. Pues la mayoría de esta población son adictos a sustancias sicoactivas que por lo general son utilizadas por estas mismas mafias en labores de expendio y vigilancia en estas plazas de vicio. Para este propósito este grupo poblacional utiliza las zonas más deprimidas de la ciudad y con escaza vigilancia por parte de las autoridades para formar estos asentamientos irregulares.

La información recolectada por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos se tiene que hasta el año 2016 se tenía un estimado de 3.500 habitantes de calle y unos 18 mil habitantes en situación de calle en la ciudad de Medellín, esta cifra tiende a acrecentarse, dado el grado de impunidad con que siguen operando las plazas de vicio formadas alrededor de esta población. Es así que este año ingresaron 385 usuarios nuevos con relación a los 3500 que ya estaban registrados, es decir, 3885 habitantes de calle.

Se pudo evidenciar que mientras en la administración pasada el presupuesto con que contaba la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la ciudad, para el programa de atención al habitante de y en situación de calle era de 36 millones de pesos anualmente. Hoy, esta secretaría cuenta con un presupuesto de 24 millones de pesos al año.

“Es de anotar que según la Secretaría de Inclusión. La atención al habitante de calle en su atención básica le cuesta a la ciudad unos dos millones de pesos mensuales por persona y un habitante de calle con discapacidad mental, le cuesta a la ciudad una cifra aproximada de cuatro millones de pesos mensuales”, refirió en su informe Gilberto Antonio Hernández, investigador de la Personería de Medellín en la línea de Habitantes de y en situación de calle.

Irregularidades con las víctimas

En el caso del albergue dispone la Unidad Municipal de Víctimas para las personas víctimas de desplazamiento forzado se evidencia que constantemente prestan servicio a casos particulares que no cumplen las condiciones para ser valorados como víctimas del conflicto ni protocolos claros para su atención, son casos especiales que no caben dentro de ninguna ruta pre existente y terminan ocupando los recursos municipales que deberían ser invertidos en las víctimas del conflicto armado. Dentro de estos casos, como ejemplos podemos mencionar la problemática de los inmigrantes, así como los desalojos masivos hechos por la Administración Municipal a las personas del sector de la Iguaná.

Desde esta agencia del Ministerio Público se ha documentado como desde el Gobierno Nacional se encuentra constantemente incumpliendo con los giros programados para la ciudadanía, afectando notoriamente su subsistencia mínima, del mismo modo resaltar, que en muchas ocasiones, es el Municipio quien con recursos de su Unidad para la atención a las víctimas, quien con recursos de su Unidad para la atención a las víctimas, abastece la demanda pecuniaria de las víctimas que se generan, y de las provenientes de otros municipios.

Contrario  lo que se podría pensar con el inicio de la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC, el número de declaraciones recibidas por la Personería de Medellín durante el 2017 con corte al 18 de mayo de esta anualidad por el hecho de desplazamiento forzado desde otros municipios si bien ha tenido una leve disminución no ha sido significativa si se compara con el mismo período dentro del año anterior.

Las declaraciones de desplazamiento intraurbano de enero a mayo de 2017 son de 503 y han sido afectadas 1619 personas, a comparación de las 698 declaraciones del año anterior y las 2044 personas que se sufrieron desplazamiento intraurbano en 2016.

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