«Un “Estado criminal” se está apoderando de Tarazá y el Bajo Cauca» Nodo Antioquia

Desde el Proceso Social de Garantías para la Labor de las y los Defensores de derechos humanos en Antioquia, hicieron un llamado categórico de riesgo de inminencia ante las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos cada vez más repetitivas, recurrentes y agudas para el municipio de Tarazá y el Bajo Cauca.

Los informes de 2010-2017 acerca de la situación de nivel de riesgo existente contra los defensores de derechos humanos para Antioquia, han advertido el inminente peligro al que son expuestas las comunidades rurales y urbanas de los municipios del Bajo Cauca, en especial Tarazá. 38 homicidios a defensores de derechos humanos y 144 agresiones en tan solo esta subregión, demuestran la situación difícil que atraviesan estas comunidades bajo el rigor y  la tendencia de hacerse cada vez más crítica.

«En esta ocasión insistimos en la gravedad de los recientes hechos que parecen estar siendo invisibilizados por las autoridades locales que, por acción u omisión mantienen una peligrosísima estrategia de silencio, permisividad y posible connivencia con las dinámicas armadas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, principalmente» aduce el Nodo Antioquia.

En el análisis permanente de los escenarios subregionales, desde esta organización vienen conociendo fuertes enfrentamientos armados entre las AGC y los denominados Caparrapos principalmente, según este proceso de garantías, los hechos ocurren en zonas como el Cañón de Iglesias y en Santa Rita desde el fin de semana pasado.

Ante todos estos hechos varios ciudadanos de las comunidades han intentado acercarse a las autoridades competentes como el ejército y la policía y han encontrado, al parecer, una desidia injustificada que puede confundirse con una peligrosa complicidad. Sin embargo, varios habitantes intentaron acercarse a la sede de la Personería y la Alcaldía municipal pero fueron amenazados para que no denunciaran y a la vez advertidos de que no podían reunirse con ninguna institución del orden nacional del Estado.

Este mismo fin de semana hubo dos fuertes detonaciones en la zona urbana del municipio de Tarazá, información que pareciera estar siendo omitida o presentando reportes inexactos por las autoridades locales para dar una sensación de tranquilidad.

La crisis humanitaria que penetra todo el panorama, ya desalentador de por sí, de estas comunidades, que también se conectan con las dinámicas de los desplazamientos masivos y forzados en el municipio de Cáceres en los que 1500 familias, entre ellos comunidades indígenas, fueron obligados por estos actores armados a dejar sus propiedades.

Estos mismos enfrentamientos han generado desplazamientos forzado de por lo menos 80 familias en San José de Uré (Sur de Córdoba), toda clase de violaciones a los derechos humanos y un alto nivel de riesgos para las comunidades.

Igualmente esta misma observancia realizada, coincide con los mismos hechos recientemente ocurridos en el municipio de Ituango, en los que comunidades indígenas[1] y campesinas fueron obligadas a salir de sus territorios.

Pese al llamado de urgencia y de alerta que hemos realizado a las autoridades por la situación de riesgos y vulnerabilidades existentes contra las comunidades del municipio de Tarazá, pese a nuestro más reciente informe que evidencia la fuerte presencia y el fortalecimiento de los grupos paramilitares de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia en Antioquia[2], los municipios del Bajo Cauca están siendo dominados por las estructuras de las AGC a la vista de las autoridades. Al igual que los demás municipios, Tarazá registra incremento en las cifras, de amenazas, homicidios, extorciones y son las comunidades las que diariamente se enfrenta a una crisis de carácter humanitario.