Una mirada feminista al conflicto en Ituango – por los derechos humanos

Una mirada feminista al conflicto en Ituango

Fecha: 19/10/2022

Por: Andrés Ríos

 

Lina Zuleta recuerda que en la última toma guerrillera perpetrada por las FARC en Ituango, aún  estaba muy chiquita en los 90. Recién se había abierto el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, que después de la toma, fue utilizada como base militar por el Ejército. Apenas lograron que se desocupara en el 2020; casi treinta años posteriores.

Esa toma fue particular porque destruyó el Palacio Municipal y el comando de policía. Al finalizar la incursión armada se convocó a una reunión en el palacio. Su madre trabajaba en la oficina de registro y como quemaron todas las oficinas, ella fue a ver qué había quedado de su lugar de trabajo. Regresaban e iban subiendo al barrio El Carmelo donde su abuela, en ese momento bajaban guerrilleros y Lina llevaba su muñeca favorita.  Una menor se queda mirando su muñeca, mientras esta joven cargaba un fusil muy grande que le daba en las pantorrillas; siendo muy pequeña de estatura. Lina sintió miedo de que la otra niña le quitara la muñeca, y por eso la escondió. La imagen es muy diciente: es la niñez que se roba la guerra. El sonido de ese fusil que le daba en el pie cuando caminaba, daba cuenta que su tamaño no era suficiente para cargar esa arma tan grande y ese fue el inicio de cómo a partir de ahí empezaron a vivir un Ituango con miedo. No sabían lo que era ver al ejército en cada esquina, lo que implica en términos de seguridad para los niños, para las mujeres, las escuelas habitadas por soldados, las casas, los cafetales, hasta el patio de su abuela comenzó a ser habitado por soldados  y se convirtió en el campamento del ejército.

La guerra que conocieron en el campo, pasó a estar en todas las esquinas del pueblo. Más adelante llega el rumor de la llegada de los paramilitares, en el 97; ellos se apostaron en todo el municipio. El recuerdo de verlos transitar frecuentemente con armas largas, las prohibiciones de su madre para no ir a ciertos lugares y de permanecer en silencio ambientan el escenario. Su familia vivía cerca a la calle Peatonal, para ir al colegio debían cruzar esa calle. Las autodefensas tenían dos puntos donde siempre estaban, uno justo a la salida del colegio donde había un edificio que ocupaban y ocurrían todas esas historias trágicas como decapitaciones. La Peatonal era su lugar de recreo donde mantenían bebiendo con sus armas, para llegar a este sitio, debían atravesar el comando de  la policía; lo que siempre les pareció exraño es que la Fuerza Pública nunca los viera. El único lugar donde se podían tomar fotos, era la Peatonal. Los hombrea armados les decían cosas como, que muñeca tan linda, porque en ese entonces habían llegado las muñecas barbies al pueblo y por eso muchas niñas fueron fotografiadas sin permiso.

Tenía once años y un sujeto perteneciente a los paras acudió a la oficina donde trabajaba su madre y le dijo que él iba a ser el novio de la hija. Apenas tenía once, su hermana mayor tenía 14 y la menor tenía 9. Su mamá de manera muy valiente dijo que no. No entiendió cómo fue capaz de negarse, el caso es que al otro día tuvieron que salir de Ituango. Eso que ocurrió con ellas, no pasó con todas las niñas, su generación es una generación con hijos de paramilitares y con hijas producto de violaciones o de personas que se desplazaron.

Son una generación a la que se les negó Ituango, eso reconfigura porqué tiene un arraigo más acentuado por este territorio; que para ella es distinto. Pese a tener que haber salido de su lugar de origen, no se pueden desprender del todo de su municipio, porque no salieron de ese territorio por decisión propia, sino por un ciclo de violencia no cerrado. Salen buscando mejores oportunidades o por la violencia, pero desde el lugar donde estén, siguen pensando en Ituango; no hay un mejor recuerdo que La Peatonal o una mejor foto que el Cañón del río Cauca, que los atardeceres de las montañas, ese es lugar del que se enamoraron. Así se tengan  que ir, siempre desean regresar a ese lugar que les fue negado, el conflicto les ha negado la posibilidad de vivirlo con tranquilidad.

“Después de la firma de los acuerdos sentimos 18 meses de algo que podía ser, pero hoy nos tiene de nuevo en una guerra muy complicada, tanto así que no la entendemos. Veníamos acostumbrados a hacer la lectura de la guerra histórica que tenía actores claros como la guerrilla y los paramilitares, con una anuencia paramilitar de la Fuerza Pública con estos actores en momentos de la historia.  Hoy el panorama es distinto, no sabemos cómo habitar en medio de esa guerra”, afirma Zuleta.

En el 97 salieron de Ituango, como mucha gente lo tuvo que hacer, en esos lugares donde estaban se reunían. Su familia se fue a vivir a Tuluá y allá compartían su añoranza por Ituango, eso ocurría en todas partes del mundo con personas que se desplazaron por todas partes. Simultáneamente ocurren las masacres de La Granja y El Aro26, ambas perpetradas por grupos paramilitares con connivencia de la Fuerza Pública como lo dicen las sentencias de la justicia local e internacional. No llegó como un gran eco, sino como una narración de la guerra en ese territorio. Aparece un personaje que para quienes no podían habitar el municipio, representaba la esperanza de volver y comenzaron a escuchar la voz de Jesús María Valle, que llegó a ellas siendo niñas, como la esperanza del lugar donde querían regresar a jugar. Aunque fueron muy felices en Tuluá, siempre estaba ese lugar donde querían estar y del que siempre hablaban todas las noches con su familia.  Cada vez llegaban más familiares y personas del municipio buscando oportunidad, aunque esa voz de esperanza con una llamada,  se perdió. Para ella, era un llanto distinto porque era verlos llorar sin esperanza, esa posibilidad de volver se había cerrado y llegaron tiempos de mucho silencio. Hablar de Ituango parecía vetado. El tiempo fue diezmando las cosas, llegaron  hasta Medellín, pero la presencia paramilitar se acabó de algún modo, hasta la retoma fallida del 2000.

En Medellín se encontraron con una colonia muy grande de ituanguinos. Organizaban paseos a Ituango, aunque los adultos les prohibían ir, pero insistían en estar. Sus visitas a Ituango estaban atravesadas por retenes de los paramilitares y de la guerrilla; llegar al pueblo a esconderse en una casa era habitual porque ya les había cogido el toque de queda, mientras observaban al helicóptero que disparaba en las calles. Todo eso pasó al escondido de sus padres.

La guerrilla termina sacando a los paramilitares en ese segundo momento. Hay una aparente calma cuando  hay un solo poder o cuando un actor gana el conflicto, porque los códigos de guerra están claros. A esas imposiciones se han visto en la obligación de acostumbrarse y así es como el mundo e Ituango vive, acomodándose a esas reglas. La resistencia es decirle no a los códigos, pero encontrar formas pacíficas a esos territorios vedados. El caso es que acomodarse a ellos les permite vivir allí.

“El proceso de paz fue esperanza para nosotros, en Ituango veníamos organizándonos. Fundé la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, y aparece la posibilidad de la represa, que parecía un mito, en los ochenta se decía que había unos estudios. Había dichos como más mentiroso que la represa que nunca fue y cosas de ese estilo, que hacían parte de los imaginarios. Luego empezaron a llegar ingenieros, quienes organizamos mujeres empezamos a pensar, si van a venir tantos obreros, van a abrir un prostíbulo en el Valle de Toledo y el centro de salud está hasta inhabilitado; no lográbamos dimensionar todo”, eran las premoniciones que empezaban a sentir en el territorio personas como Lina Zuleta.

Lograron hacer una articulación social por el municipio en esa época, solo estaban llegando los estudios previos y empezaron a subir los arriendos en el municipio. Salieron 1200 personas a marchar en Ituango, con preguntas ¿por qué antes de que llegue el prostíbulo no hay agua potable? ¿Van a abrir más cupos en los colegios si va a venir más gente? Quienes organizaron la movilización la recuerdan como una apuesta valiosa porque anteriormente hubo algunas manifestaciones, pero presionadas por actores en conflicto. Le enviaron un derecho de petición a EPM, por lo que creían que esta entidad realizaría un proyecto como Hidroituango, que prometía ser una olla de oro al final del túnel y que todo era una dicha, así lo vendía el alcalde de la época. Radicaron el derecho de petición con el que se hizo la marcha, que nunca tuvo respuesta, y a cambio recibieron presión para que esta organización se disolviera, como finalmente pasó.

En esa primera mesa empezaron a pensarse a Hidroituango de una manera crítica y empezaron a ser señalados. Según el análisis feminista de Lina Zuleta: “EPM empieza a actuar como el papá de los municipios alrededor del proyecto Hidroituango. ¿Qué es un papá en el patriarcado? Es quien provee y quien está. Entonces llega a las administraciones en oficinas tan claves como Personería, si no tienen algo los dotan, les dan un carro para que hagan sus funciones. Si a la comisaría no le alcanza para pagar la psicóloga, ellos la pagan.  Tienen incidencia en todos esos lugares clave que nuestros municipios del norte lejano, no tienen la capacidad de hacer en una administración. Nos dijeron no tienen cancha, nos dieron una cancha sintética muy bonita. Actúa como el papá, uno al papá nunca le dice que no y no tiene derecho a cuestionarlo. Con esa instalación que hizo en cada uno de los municipios, termina inhibiendo la capacidad crítica de los pobladores con la represa y convierte a quienes son capaces de cuestionar, en enemigos de los mismos habitantes. Cooptaron los sistemas de comunicación: dotaron a las emisoras locales, los locutores que no tenían sueldo y vivían de la gracia divina, ahora lo tienen. Algo maravilloso para ellos, pero la pauta ya no aparecía en el programa, sino dentro del individuo. También significó que el alcalde que recibía algún beneficio, no cuestionaba absolutamente nada”.

Con la emergencia que provocó aguas abajo este proyecto, desde la Asociación Campesina del Norte de Antioquia, venían negociando la pérdida patrimonial del puente Pescadero. Tuvieron infinidad de reuniones, pero nunca salieron con nada. Ocho días antes de la emergencia, asistieron a la despedida simbólica del puente, citando a los municipios del Valle de Toledo, San Andrés de Cuerquia e Ituango. El evento era realizado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que para los habitantes de estos municipios fue una burla y pareció más bien una piñata.

Durante dos años insistieron que les dejaran retirar la placa del puente y todavía no ha aparecido. Pretendían recoger los pedazos del puente y nunca se los permitieron. En ese evento perdieron la confianza en ese Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, casualmente ocho días después, ocurrió la gran emergencia.

Los habitantes de los municipios pedían que no solo se valorara el costo del puente, que no valía nada, sino que por ese puente pasó la historia de ellos, tanto el conflicto como las alegrías. Entienden que la reparación es simbólica y viene desde lo cultural. Eso es parte de la crítica hacia EPM, por eso es tan difícil los procesos de oposición, con la inundación vieron cosas muy tristes: anteriormente podían observar el desove de las guacamayas cada año atravesando el cañón del río Cauca; eso se perdió. Antes se veían serpientes, tatacoas y animales salvajes saliendo de las explosiones. No hubo negociación por todo lo que perdieron los comerciantes, la gente dejó de entrar al municipio y no permitieron que la economía surgiera, que de por sí, siempre ha sido inestable por los ciclos de violencia.

EPM nunca dio respuesta y supuestamente la emergencia ya se superó, aunque los ancestros dicen que nunca se ha visto una ola invernal como ésta, en la que no se ha podido elevar una cometa. Prácticamente todos los días hay deslizamientos de tierra en la carretera, y para muchos, está ligado a las explosiones y contrucciones que ocasionaron la represa. Las Empresas Públicas no han realizado estudios ambientales para confirmar si tiene responsabilidad al respecto, como se hizo previamente, durante varios momentos para implementar el proyecto de generación de energía.

Tanto la represa como las 45 solicitudes mineras28 sobre el municipio de Ituango, abren el interrogante de por qué no se le consulta o tan si quiera se le informa a la gente sobre lo que se piensa hacer en su territorio. Ni la Administración Municipal, ni la Gobernación de Antioquia se toman la tarea de comunicarles a los campesinos porque quieren comprarles sus tierras, así como les surge la duda que después del proceso de paz, la primera zona cooptada por los paramilitares es la vereda Paloblanco, lugar donde llegaron y donde habrá concesión minera. A esto se suma que los desplazamientos en Ituango son sistemáticos, cada año suelen haber desplazamientos masivos entre enero y febrero. Aunque en el 2021 llegaron al histórico de más de 4.00028; el desplazamiento más grande que ha tenido Antioquia en periodos recientes.

Este desplazamiento tan masivo no puede obedecer a una sola causa, por un lado todas las solicitudes mineras sobre el territorio que son alrededor de 45; bajo una lectura de los hechos, podría verse desde la necesidad del desarrollo, que para hacer efectivos sus proyectos, hay que desocupar a la población. ¿Quiénes hacen real presencia en esos lugares? ¿Cómo los excombatientes se reagrupan en disidencias? Esto podría deberse a dos intereses, el frente 18 que hacía presencia en Ituango y el 36 en los municipios cercanos. Ellos se han ido agrupando a lo que fueron esos dos frentes. Al mismo tiempo regresó el reclutamiento con grupos reestablecidos, hay mucha presencia paramilitar en el municipio, lo que necesitan las disidencias es que la Fuerza Pública le haga frente a esos actores, que no lo hace. Entonces las disidencias hacen presión a través de los desplazamientos para que el ejército realmente le haga frente a sus rivales, que no tiene nada que ver con protección civil, sino con como desocupan el territorio para cooptarlo.

La pregunta que ronda a los campesinos de las veredas donde estaba el ejército es: ¿por qué también se vieron obligados a desplazarse?

“Hay mucho que discutir acerca del tema de los excombatientes, el proceso de paz no solo se trata de esto, sino de la toma del territorio que habitamos, de los campesinos cultivadores de coca, que les incumplieron todo y con muchas razones están volviendo a sembrar porque no tienen otras opciones de vida y además con presencia de actores armados obligándolos a sembrar; no tienen vías por dónde sacar su cosecha y el Estado no da respuesta a esto como a nada más. Es imposible que en un lugar donde hay tanto ejército, donde hay tantos intereses, se muevan grupos armados como pedro por su casa, pasan por el parque y luego dicen que no se dan cuenta; eso no tiene sentido”, expresa Zuleta.

 

El estado actual del corregimiento El Aro: sin reparación, ni infraestructura

 

 

Una habitante, que también fue desplazada del corregimiento de El Aro, en Ituango, recuerda con nostalgia los domingos en que vendía su ropa y se llenaba la cantina de “Don Rafa”, punto de encuentro donde se reunía la gente a escuchar guasca hasta el amanecer. Este corregimiento era el epicentro comercial de la zona en que los campesinos ofrecían sus productos y compraban los de otros, quienes acudían desde las veredas aledañas y de personas que subían desde Puerto Valdivia; la campesina que prefiere ocultar su identidad, asegura que cada domingo parecía un San Isidro hasta antes de la masacre de 1997.

La riqueza de la tierra, la frescura del clima y la mano de obra campesina permitía cultivar: plátano, fríjol, maíz, café, caña, naranjas, yuca, limones, aguacates y criar ganado. En la actualidad y posterior al desplazamiento masivo rural de cerca de dos mil campesinos, incursionó el cultivo de coca. Muchos alimentos o productos de la canasta familiar deben traerse de afuera, lo que aumenta su costo considerablemente e implica subirlos por caminos de herradura. En las noches, cuando el cielo está despejado, se ven nítido las estrellas, cuando no está la neblina que usualmente circunda al corregimiento.

La imagen sombría y lúgubre por el imaginario que creó la sevicia con que los paramilitares en connivencia con la fuerza Pública perpetraron los hechos victimizantes contra la población civil, contrasta con la amabilidad y el entorno que rodea a la comunidad; aunque la falta de reparación colectiva e individual ha desencadenado una puja de conflictos entre los pobladores para verse beneficiados por algún ingreso económico cuando alguna fundación, agente del Estado o personas particulares realizan una visita.

“Las personas son muy tranquilas, incluso cuando iba a venir, todo lo que se encontraba era sobre la masacre y hasta agota hablar sobre el tema. Pensaba que me podía ocurrir algo por todos los antecedentes, pero la realidad es más amplia y converge con todo lo duro que han pasado sus habitantes, hasta lo acogedor que es el lugar”, como lo relata una persona que ha trabajado con sus pobladores.

Aunque en este momento, aún haya presencia de actores armados como las disidencias de las FARC, las AGC y el Ejército en la cúspide del corregimiento (contrario a los principios del Derecho Internacional Humanitario). Lo que hace un mes desencadenó en hostigamientos contra una vivienda; las familias acostumbradas a vivir en el conflicto armado interno manifiestan que es normal y que ya antes no pasa nada, porque hace mucho tiempo no ocurría algo similar.

Muchas personas no declararon durante el tiempo que exigía la ley porque el decreto 1290 de 2008 tenía un término de dos años (hasta 2010) para recibir declaraciones bajo el marco de la ley 387 de 1997. Posteriormente salió la ley 1448 de 2011 donde se abrieron convocatorias para declarar hechos victimizantes ocurridos en desarrollo del conflicto armado interno. Declararon dentro de la vigencia de esta ley, 14 años después, sin embargo, hay muchas personas que se encuentran fuera del SIPOD (Sistema de Población Desplazada) y el RUV (Registro Único de Víctimas); que son dos procesos diferentes. No se ha alcanzado a reparar ni al 25% de las víctimas por reparación individual administrativa económica por parte de la Unidad de Víctimas.

Como consecuencia de la masacre hubo un desarraigo de la gran mayoría de sus pobladores con un desplazamiento masivo rural. Cerca de dos mil personas dejaron su lugar de origen, así como de municipios aledaños del norte: Briceño y Valdivia.

Primero salió a la luz la responsabilidad del Bloque Minero liderado por Ramiro Vanoy Murillo, la casa Castaño y Salvatore Mancuso; posteriormente se sabría que miembros del Ejército Nacional y posiblemente un helicóptero de la Gobernación de Antioquia participaron en los hechos con los victimarios. Lo que desencadenó en una condena de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) al Estado colombiano por acción y omisión de agentes pertenecientes al periodo de gobierno de Álvaro Uribe en ese entonces.

Aún hay población que no sabe leer ni escribir, vivían de arar la tierra, y pese a los hechos, no han salido de este lugar. Hay personas que se vieron afectadas psicológicamente, y no han podido superarlo, todavía cuentan el testimonio como si hubiese pasado ayer; y el apoyo psicosocial por parte del Estado ha sido nulo.

Muy pocas personas presentaron demanda directa ante la CIDH, una familia que demandó es la de Luis Modesto Múnera Posada, presidente de la JAC en ese entonces, por los vejámenes acaecidos contra la población como trabajo forzoso, constreñimiento y secuestro; como lo hicieron Ricardo Barrera (sin reparación) y Francisco Osvaldo Pino (reparado), en su momento antes de fallecer, y aproximadamente 22 personas más, de los cuales solo han sido indemnizadas cinco personas. Al incendio de 47 casas, se sumó la quema de la Inspección de Policía donde estaban los registros civiles de todos sus habitantes. La justificación que utilizó el grupo paramilitar, es supuestamente porque era el nido de las FARC – EP, entonces acusaban a los pobladores de ser colaboradores o de guerrilleros.

El difunto José Luis Palacio Nohavá, indígena oriundo del corregimiento, denunció en la Fiscalía del municipio de Ituango y ante de Justicia y Paz, secuestro y constreñimiento por ser obligado a sacarles los bienes personales a muchos desplazados; amenazándolo que si no accedía, lo asesinarían a él y a su familia. Lo que derivó en que buena parte de sus habitantes se hayan ido para Puerto Valdivia, al corregimiento de Santa Rita, a Medellín y otros lugares.

El contexto educativo y de infraestructura

La Junta de Acción Comunal afirma que hay 49 familias y en total son aproximadamente 140 personas.  Hay 34 estudiantes, 20 de primaria y 14 de bachillerato. Se exige más población, mínimo 15, para que se dé apertura al grado 10.

Los muchachos que están en noveno quedan con la expectativa de saber qué va a pasar con ellos porque el corregimiento solo tiene formación hasta el grado noveno, aducen que no pueden continuar porque no tienen el recurso para irse a estudiar a otro lugar. Está pendiente un proyecto de cibercolegio, pero aún está en entredicho y no se ha podido consolidar. El sentido de saber que su educación no continuará, también incide en la falta de interés para seguir motivados con su formación. Solo tienen cinco computadores y solo uno funciona más o menos, los otros cuatro están de regular para abajo.

La gente no se motiva a visitar el lugar como ocurría anteriormente porque la carretera que se ha prometido desde hace más de 21 años, no se ha construido. La masacre genera cierto morbo en el imaginario porque es lo único que se ha mostrado, porque también debería presentarse lo trabajadora y bella que es la comunidad, o evidenciar los conflictos interpersonales que hay entre las familias a nivel comunitario. Situación que ocurre entre vecinos, porque no hubo una reparación administrativa del Estado, hay una puja de intereses para acoger a cualquier persona que desee ingresar al corregimiento.

Las afectaciones por el mal estado de las vías, el acueducto irregular, la luz intermitente que se va constantemente; la tranquilidad que contrasta con lo acogedor y con los enfrentamientos que a veces ocurren en la noche entre actores armados que residen cerca.

“No hay un proyecto de turismo con beneficios para toda la población, a veces se sienten todos como una isla, cuando vienen las ONG`S van y se toman la foto, para mostrar lo que se hizo, pero no hay proyectos a largo plazo y constantes que puedan beneficiar a las personas. Hasta la población dice que El Aro lo tienen como instrumentalización de recursos que vienen les dan algo y no vuelven a aparecer; utilizan El Aro y salen y se van”, manifiesta una persona de la comunidad que prefiere no revelar su identidad.

Hay un centro de salud, que no está organizado, solo tiene la infraestructura con unos recursos que se enviaron desde Corea. Sin embargo, quedaría solo la infraestructura sin partera, sin médico y las personas suelen auto medicarse cuando se enferman.

“Alrededor de El Aro hay un montón de historias de dolor, porque es el retrato del abandono y los procesos mal hechos. La Corte Interamericana falló a favor y hay muchísimas sentencias sobre los procesos de reparación, pero todos son inconclusos, la presencia del Estado es tan mediocre que solo sirve pa` una foto. Hoy en El Aro después de que la masacre fue en el 97, tiene una casa con el hollín de la quema de las viviendas. Es muy lamentable que la presencia del Estado en tantos años no nos dé ni pa` limpiar las casas.  La única reparación en términos de vivienda la hicieron sin mediación de la comunidad donde no había gente”, asegura la lideresa Lina Zuleta.

El Ejército tiene su campamento en el lugar del que extraen el agua natural los pobladores, donde está la toma de agua que utilizan como piscina. Dicen los campesinos que toman `juagadura` de soldado que es con la que viven. Llevan tres administraciones pidiendo tapar el tanque, la Administración Municipal afirma que sí, pero no se ha llevado a cabo. Cuando el Ejército decide desconectar el tubo, deja a la comunidad sin agua. Desde la masacre no hay ningún tipo de arreglo ni reparación.

La Unidad de Víctimas si acaso va una o dos veces al año y no pasa nada. La gente está hastiada del cuento de la reparación colectiva porque van, les hacen uno o dos talleres con el diagnóstico y al preguntar lo concreto qué es; no pasa nada. La Gobernación de Antioquia ha prometido el oro y el moro, hace años fue un magistrado, en conjunto con la Fuerza Aérea a pedir perdón. El mejor perdón sería la reparación administrativa y de infraestructura en el lugar; como también lo sería establecer las responsabilidades de quienes perpetraron los hechos.

 

 

26) Caso de las masacres de Ituango Vs Colombia – Corte Interamericana de Derechos Humanos: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_148_esp.pdf

27) Mapa minero de Antioquia, página 203 sobre Ituango: https://issuu.com/gobantioquia/docs/mapa_minero_de_antioquia

28) Éxodo en Ituango: el callejón sin salida al que se enfrentan los desplazados: https://verdadabierta.com/exodo-en-ituango-el-callejon-sin-salida-al-que-se-enfrentan-los-desplazados/