Grupos ilegales estarían lucrándose con agua contaminada en Bello

Fecha: 24/02/2026

Por: Andrés Ríos

Habitantes de la vereda Granizal, específicamente en los sectores Altos de Oriente 1 y 2 en el municipio de Bello, denuncian una alarmante situación de salud pública y seguridad. Ante la histórica falta de acceso a agua potable, grupos armados ilegales —identificados localmente como «bacrim» o «los muchachos de la vuelta»— han tomado el control del suministro de agua mediante la instalación de acueductos artesanales. Estos grupos imponen cobros obligatorios a la comunidad por un servicio que, lejos de ser vital, representa un riesgo mortal para la población.

La gravedad de la denuncia radica en la procedencia del agua distribuida. Según testimonios de la comunidad, que no revelan su identidad por temor a represalias, las conexiones artesanales captan agua de quebradas que reciben vertimientos de aguas residuales y materia fecal. A pesar de la evidente contaminación, los grupos ilegales exigen pagos periódicos que oscilan entre los $5.000 y $7.000 pesos cada ocho días, entregando recibos bajo el concepto de «aporte voluntario por servicios prestados» para intentar dar una fachada de legalidad a la extorsión.

Como evidencia de esta presión económica, circulan comprobantes de pago numerados por casa, los cuales incluyen incentivos como rifas para asegurar el recaudo en los sectores de Altos de Oriente. Los habitantes manifiestan que se sienten atrapados en una dinámica donde deben pagar por enfermarse, ya que el consumo de estas aguas tratadas de forma rudimentaria está «matando a la comunidad» ante la mirada impotente de las familias que no tienen otra alternativa para obtener este derecho vital al agua.

Ante este panorama, la comunidad hace un llamado urgente a organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional y a ONGs de derechos humanos para que intervengan y verifiquen el estado de estos acueductos. La exigencia es clara: se requiere una solución estructural al problema del agua en Granizal para arrebatarle este mecanismo de control social y económico a la criminalidad y garantizar, por fin, el derecho fundamental a una vida digna y sana.