Extrabajadores de la extinta Frontino Gold Mines exigen reparación integral tras décadas de impunidad y revictimización

Fecha: 24/02/2026

Por: Andrés Ríos

La historia comienza en 1852 cuando llegaron los ingleses a Segovia y pidieron un título minero, el cual el gobierno se los dio a perpetuidad, en agradecimiento por colaborar con la independencia de Colombia. Hasta 1976, que se aburrieron en la subregión, aduciendo pérdidas y por la situación social cuando las FARC y el ELN tenían controlado el territorio realizando homicidios, secuestros y otro tipo de hechos delictivos. Ante la deuda que tenían con los trabajadores, decidieron entregarles ante un notario en Nueva York, la empresa Frontino Gold Mines. Posteriormente, el Estado aceptó el Concordato Preventivo, que se dilató entre 1976 y 2004, hasta que el Estado decidió liquidar la empresa porque los ingleses se fueron y en pago por las deudas laborales les entregan la empresa a trabajadores y jubilados. En este año el expresidente Álvaro Uribe, optó por sacar la empresa a liquidación, aunque ésta ya había sido liquidada.

La incursión paramilitar, que tuvo su punto álgido con el periodo de gobierno de Álvaro Uribe, arrojó un saldo en rojo que ya había iniciado anteriormente y a lo que se adicionó la pérdida de la empresa, coincidiendo con la agudización del conflicto en este nuevo ciclo de violencia a inicios de 2004 y que se prolongó hasta 2015 con unas cifras contundentes. Según los informes de Sintramienergética, se registraron:

• 12 dirigentes sindicales asesinados (1988–2015).
• 34 trabajadores asesinados.
• 2 desaparecidos.
• Más de 100 desplazamientos forzados.

Presente: reconocimiento oficial, pero la situación sigue siendo la misma

Los trabajadores, extrabajadores y pensionados de la extinta empresa Frontino Gold Mines en adelante F.G.M., en Segovia y Remedios, Antioquia, han sido oficialmente reconocidos por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como víctimas colectivas del conflicto armado colombiano. Sin embargo, este reconocimiento no ha traído consigo las medidas de reparación esperadas. Su historia ha sido relegada al olvido institucional y todo indica que el Estado ha optado por silenciar su memoria, negándoles el lugar que les corresponde en la construcción de la verdad y la justicia.

“Nos están revictimizando nuevamente. Lo que nos ocurrió hace 25 años está volviendo a pasar”, denuncia Mario Piedrahita, líder de los extrabajadores y pensionados de la empresa, al referirse a los recientes fallos judiciales y actuaciones de la Superintendencia de Sociedades que, según él, perpetúan la impunidad sobre los bienes de la compañía y las afectaciones sufridas por los mineros.

A los beneficiarios del despojo solo les interesó el activo más valioso de la empresa: “La Mina”, y dejaron abandonados otros activos que con el pasar del tiempo se encuentran en manos de terceras personas; bienes inmuebles que hacían parte del patrimonio colectivo de los trabajadores de la F.G.M. y que no fueron incluidos por Supersociedades en Colombia en el proceso de liquidación irregular que hubo.

De nuevo pretendieron las víctimas que fueran recuperados dichos bienes, pero nuevamente la balanza de la justicia no fue a su favor. En tres ocasiones esta entidad hizo caso omiso de las pruebas enviadas por el sindicato de la F.G.M, de acuerdo con su testimonio, por lo cual consideran que hubo un proceso irregular, permitiendo que las pruebas aportadas a la Superintendencia se dejaran vencer. En su última insistencia anexaron las matrículas inmobiliarias ante la institucionalidad, para que reabrieran el proceso liquidatorio N° 797 y estos bienes fueran incluidos en el inventario inicial de la liquidación, las que fueron incorporadas dentro de la carpeta Drive de la Superintendencia de Sociedades, sobre lo cual existen testigos y videos de este trámite, pruebas claves, que aseguran ellos; desaparecieron de allí por “arte magia”.

La Supersociedades, obligada a través de la Acción de Tutela Radicada bajo el N° 034-2025-00151, les respondió su Derecho de Petición, manifestando que no podría pronunciarse de fondo sobre la reapertura del precitado proceso, porque no reposaban dichas matrículas inmobiliarias en su carpeta drive, matrículas que a la fecha para volverlas a radicar ya están vencidas y con un gran esfuerzo todas las víctimas se habían unido para sufragar los gastos de estos documentos que les costaron más de $30’000.000 de pesos, porque se los han dejado vencer y no los aceptan así, situación que ha representado un enorme sacrificio económico para los trabajadores afectados, pues reunir esta documentación es un proceso difícil y costoso para ellos, dado su iliquidez, por los despidos masivos en que fueron sometidos, desplazamientos forzados junto con sus familias, asesinatos, desapariciones, obligados a migrar dentro del país de un lugar a otro. Esta situación los ha llevado a dificultades económicas, lo que les está limitando el acceso a la verdad y la justicia.

Para radicar documentos deben hacerlo físicamente por ventanilla, dado que los certificados de Matrícula Inmobiliaria, que fueron más de 300 documentos, los han aportado 3 veces. Los últimos fueron, según su versión, jaqueados por los corruptos del Estado que quieren acallar sus voces de nuevo.  Sin embargo, acuden de nuevo a la Justicia y esperan que no pase como en procesos anteriores, que se encuentran engavetados sin ningún impulso procesal ante esta entidad. Pese a ello, procedieron a denunciar esta irregularidad ante la Fiscalía General de la Nación bajo el radicado 2025-09015 a la hora 8:20:26.

La JEP, en el Auto AT353 GSM de 2024 del 22 de octubre de 2024, en sus Páginas 3, 4 y 20 en adelante (Caso 006), estableció que los miembros del extinto sindicato SINFOMINES [Trabajadores y propietarios de la mina operada por Frontino Gold Mines Ltda.] interrelacionados con el exterminio de la UP, algunos de sus miembros fueron militantes y simpatizantes de este partido político, quienes fueron víctimas del conflicto armado, junto a sus familias que en muchos casos incluían niños; todos fueron víctimas por la persecución ejercida en su contra por los grupos Paramilitares (Bloque Metro, totalmente exterminado, según registros de prensa hoy es el “fantasma de Uribe”, Bloque Central Bolívar y el MRN (Muerte a Revolucionarios del Nordeste) los cuales para esa época actuaron en connivencia de la Administración Municipal, agentes del Estado y terceros civiles, quienes estigmatizaron a los trabajadores tildándolos de “guerrilleros”. Con este calificativo les violaron sus derechos humanos, porque según ellos, no iba a permitir que la empresa quedara en manos de sus verdaderos dueños.

Como consecuencia de ello, comenzaron una estrategia dirigida a debilitar a su Sindicato SINFROMINES, que durante décadas defendió los derechos laborales y patrimoniales de los trabajadores de la F.G.M., oponiéndose a la venta de su empresa, pese que fue objeto de ataques sistemáticos, y evitando que fueran desarticulados, se vieron obligados a fusionarse al Sindicato SINTRAMIENERGÉTICA, porque se evidenció que entre uno y otros habían identidades ideológicas, las que a la fecha ya no existen. Pese a su fusión al segundo sindicato, los trabajadores, extrabajadores y pensionados nunca desaparecieron, siempre siguieron defendiendo sus activos, que han tenido como patrimonio común de la F.G.M. Entre ellos, han defendido su sede del sindicato ubicada en la calle Real del municipio de Segovia, Antioquia, como patrimonio histórico donde realizaban sus asambleas para la toma de decisiones, nunca la han abandonado, porque este inmueble conserva la memoria histórica de sus miembros, que fueron víctimas y presionados con “despidos injustificados, privación del derecho a una pensión,  y amenazas, desplazamiento forzado y extorsiones”, porque se opusieron a la venta de su empresa, la F.G.M., como consecuencia directa del conflicto armado que afectó a los municipios de Segovia y Remedios, Antioquia. Todo iba interrelacionado para planear entre los beneficiarios del despojo la desestabilización de la empresa y desaparecer a sangre y fuego a sus propietarios. La decisión de este Auto de la JEP ratifica lo denunciado por los trabajadores desde hace más de dos décadas; gracias a su lucha constante han sido reconocidos como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP] y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas [UARIV].

Es relevante traer a colación los antecedentes. Tal como se observa en la Escritura N° 1850 de New York, dice: “la SOCIEDAD FRONTINO GOLD MINES LIMITED de Nacionalidad Inglesa debidamente legalizada de acuerdo con la leyes de la Gran Bretaña, dentro de sus atribuciones y facultades orgánicas y estatutarias por medio de instrumentos públicos también legalizados en debida forma constituyó, en la República de Colombia, América del Sur y con domicilio en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, una sucursal de igual nombre, sucursal que fue legalizada, registrada, inscrita ante las autoridades correspondientes, que ha venido funcionando en tal carácter hasta la fecha, siendo su objeto principal la explotación de minas de oro y plata en los municipios de Remedios y Segovia, en el Departamento de Antioquia…”

Que en dádiva de pago esta sociedad se le dio a los trabajadores de la Empresa F.G.M., protocolizada ante la Notaría Novena de Medellín, y quedaron solo plasmadas en el papel e incorporadas en el proceso ejecutivo por obligación de hacer y suscribir escritura, tramitado por el señor Juez 5to. Laboral del Circuito de Medellín en aquella época, que a su juicio, fue el único Juez dentro de este proceso, que ofreció una labor independiente e imparcial con su actuar en sus decisiones. Pues por este Juez, que actuó libre de influencia por los poderes públicos y privados, logró entregar la Empresa por 15 días a los trabajadores y pensionados.

Por este motivo le abrieron un proceso disciplinario y lo excluyeron de la Rama Judicial, situación que lo afectó moralmente y cayó en depresión llevándolo a la muerte. Este hecho denota un claro y mal intencionado actuar de la Supersociedades al dilatar, en retrotraer todas las actuaciones judiciales, en instaurar acciones de tutela con temeridad y mala fe, que de manera violatoria a los derechos humanos procedían, a fin de poder lograr su cometido, el de liquidar, a costa de lo que sea, la empresa de los trabajadores y jubilados. Adicionalmente, intervenir en todas sus actuaciones a la luz del proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín., supuestamente con el propósito de actuar “a favor” de la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores y jubilados con una defensa “disfrazada” que “ocasionaría un perjuicio irremediable en sus intereses patrimoniales”. Solo quedó en el papel.

Se suscriben apartes del CONFLICTO POSITIVO de JURISDICCIONES donde la SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA decidió lo siguiente:

“(…).—En la misma fecha, primero de noviembre de 2006, la misma Sala Jurisdiccional Disciplinaria, negada la ponencia presentada por el H. Magistrado Guillermo Bueno Miranda, procede la Sala a dirimir el conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín y la Superintendencia de Sociedades, con ocasión de la apoderada por los trabajadores y pensionados de la sociedad Frontino Gold Mines limited contra dicha empresa—ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL”(…)”.—RESUELVE:  DECLARAR que es el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el competente para conocer de la demanda ejecutiva por obligación de suscribir  escritura sobre bienes dados en dación en pago contra la Sociedad Frontino Gold Mines Limited en liquidación obligatoria, de acuerdo con las consideraciones plasmadas en este pronunciamiento, motivo por el cual, la Secretaría Judicial de la Sala remitirá el expediente a dicho Despacho Judicial y enviará copia de esta providencia a la Superintendencia de Sociedades para su información.—(fdo.).—Magistrados GUILLERMO BUENO MIRANDA, Presidente, FERNANDO CORAL VILLOTA, Vicepresidente; Magistrados, EDUARDO CAMPO SOTO, JORGE  ALONSO FLECHAS DÍAZ, RUBEN DARÍO HENAO OROZCO, TEMÍSTOCLES ORTEGA NARVÁEZ, LEONOR PERDONOMO, LEONIDAS BELLO ARÉVALO, Secretario Judicial.  Se aportan algunos pantallazos de la precitada Escritura donde se demuestra quiénes eran los verdaderos dueños de la F.G.M. LTED.

Retorno al pasado: el origen en la sombra del despojo y la responsabilidad estatal

Contextualizado el proceso jurídico y social anterior, el caso de la Frontino Gold Mines ha sido documentado por organizaciones como Pax for Peace y la Comisión de la Verdad, que han señalado la alianza entre grupos paramilitares, élites económicas y autoridades estatales en el proceso de despojo y liquidación de la empresa.

Durante los años ochenta y noventa, la zona fue epicentro de una estrategia de exterminio sindical y control territorial. Según la investigación: “El lado oscuro del carbón”, bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez se otorgaron más de 2.000 concesiones mineras, mientras en Segovia se consolidaba la presencia del Bloque Metro, Bloque Central Bolívar de las AUC y el MRN [Muerte a Revolucionarios del Nordeste], grupo paramilitar responsable de la masacre en noviembre de 1988.

En las instalaciones de la compañía operaron grupos armados como las “Autodefensas del Nordeste Antioqueño” y “Muerte a Revolucionarios del Nordeste”. El testimonio de un ex trabajador ante la Comisión de la Verdad revela:

“Los directivos de la empresa y la administración local hicieron un complot para sacarnos. Éramos la piedra en el zapato. Fue cuando llegó Macaco con el Bloque Central Bolívar, y ellos entregaron la empresa”.

Un día de noviembre de 2005 a eso de las nueve horas, llegaron tres camionetas a la flecha o punto de entrada a las instalaciones de la mina Providencia. Se bajó una mujer armada con un fusil de asalto y le dijo al vigilante de turno Ramón Eduardo Uribe Berrío: “Necesito que nos abra la puerta, nosotros vamos a comprar esto”.

Luego se bajó un hombre de las autodefensas a quien Tobón reconoció como “Macaco”; este le dijo: “Necesito que me permita entrar a la mina Providencia a mirar qué es lo que voy a comprar”. Tobón, apodado “el soldadito”, le respondió: “Aquí no hay autorización para su ingreso”. Otro de los hombres le dijo a Tobón: “¿Usted no sabe quién es el que le habla?”. Tobón le respondió: “Lo reconozco, pero si no trae autorización no puede ingresar, a mí me tienen prohibido permitir el ingreso a cualquier persona y aquí no ha llegado orden alguna de dejar entrar a alguien”. Llamó a sus jefes en presencia del grupo de uniformados de negro y armados y estos le descargaron la responsabilidad de decidir si los dejaba pasar o no, decidió que no los podía dejar entrar.

“Según Tobón, Macaco se comunicó con el señor Antonio López, asesor de paz para la liquidación de la Frontino, para que este le autorizara el ingreso, pero al parecer no lo hizo, porque la orden que Macaco le impartió a su personal fue abordar los vehículos para ir a otro sitio de la empresa”.

“Efectivamente, se desplazaron a la zona industrial en La Salada. Dieron la vuelta por Doña Ana, paraje que queda por el campamento o caserío de la empresa llamado El Manzanillo, llegaron guiados por “Lele”, visitaron Mariadama y luego, al mediodía, estaban ubicados en la entrada de la mina El Silencio […]”.

“[…] los miembros del Ejército encargados de vigilar la zona de beneficio [llamada] Mariadama, fueron desplazados al batallón en el alto de La Salada, por orden que recibieron de sus superiores. También comenta que la Policía, que se encontraba en el perímetro de Mariadama, no se inmutó por la presencia del grupo armado, sino que se hicieron los de la vista gorda”.

“Además del INFORME DE PRENSA URBANA donde se dice que el señor “LELE”, quien en vida se llamaba GILDARDO ALIRIO GARCÍA URIBE, en la visita que realizó “MACACO” a las instalaciones de la empresa F.G.M., fue guiado por LELE”.

“Señores, dice el Informe en mención: “…la Frontino Gold Mines realizaba contratos de asociación con particulares como Luís Ariolfo Cortés Pérez, alias Piedra, con Toño Marrano, que se llama ELISEO ANTONIO CASTAÑO y Pantera, explotaba la mina Providencia, que extraía una parte directamente la Frontino Gold Mines, con 500 trabajadores, y otra el asociado, con 300 hombres a su servicio, los cuales serían paramilitares”.

Los testimonios apuntan directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez como responsable político del despojo, al permitir el ingreso del Bloque Metro y del Bloque Central Bolívar en la zona minera de Segovia. Según los trabajadores, hubo alianzas entre paramilitares, empresarios y políticos que facilitaron la desaparición de dirigentes y el control territorial.

“Uribe permitió que el Bloque Metro se financiara de las minas de los otros. Hubo asesores suyos involucrados, como Raúl Lalinde, Antonio López y Mario J. Valderrama, con quienes en el Senado pasó lo siguiente: en DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN LA COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO ante el CONFLICTO LABORAL EN LA FRONTINO GOLD MINES LTD. DE SEGOVIA, ANTIOQUIA, 11/05/04, fue señalado el doctor RAÚL LALINDE por los compañeros que asistieron del SINDICATO SINTRAMIENERGÉTICA y TRABAJADORES como miembros de las autodefensas del BLOQUE CENTRAL BOLÍVAR, ya que él era un Asesor Presidencial del Gobierno de ÁLVARO URIBE VÉLEZ, guardando silencio los senadores que asistieron a ese debate, notándose una flagrante vulneración de sus derechos humanos y sindicales, al ser ignorados de estas circunstancias.

ACTUACIÓN ARBITRARIA POR PARTE DE LOS AGENTES DEL ESTADO EN CONTUBERNIO CON LOS GRUPOS PARAMILITARES Y OTROS

PRUEBAS:

Cabe resaltar que estos Asesores Presidenciales posterior a estas reuniones formaron parte de los Grupos Paramilitares del BLOQUE CENTRAL BOLÍVAR, que operaba en el municipio de Segovia y ratificado por los compañeros LEONEL DE JS. CARVALHO y EULER JARAMILLO.

Acá se prueba como el Estado junto con estos grupos paramilitares saquearon y se quedaron con la Empresa. Esta problemática la denunciaron en su momento, pero nadie los “escuchó”, relata Gustavo Adolfo Castrillón.

También expresan decepción con el actual gobierno de Gustavo Petro, al que apoyaron esperando un cambio real, pero que afirman: “ha guardado silencio frente a sus reclamos y hasta puso abogados para que los fallos salieran en su contra”.

De otro lado, también expresan los hechos victimizantes por parte de grupos insurgentes como las FARC y el ELN, en contra de los trabajadores, extrabajadores y pensionados de la empresa F.G.M. porque les robaron varias remesas en oro, lingotes de oro directamente. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) entraba a la mina Providencia, cogía a los trabajadores de la empresa para que quemaran las cuñas de altos tenores, y los obligaban a que les sacaran el mineral y se lo robaban; lo cual era en un periodo frecuente. Les robaban la remesa y el mineral que tenían altos concentrados de oro, esto los afectó demasiado porque también desestabilizó la empresa, para luego decir que la empresa económicamente no era rentable y toda esta confabulación de todos estos Grupos al margen de la ley y otros arriba mencionados, tuvieron que ver para que se aprovecharan de esta situación y así con estas vulneraciones sistemáticas los despojaron de la empresa; como consecuencia de estos hostigamientos un dirigente sindical Pablo Piedrahita, fue asesinado en la Cruzada; que de acuerdo a varias versiones, sostienen que quien lo asesinó fue la guerrilla.

Cabe mencionar que el señor Pastor Alape, es un exguerrillero y político colombiano, que perteneció a la guerrilla de las FARC, y siendo senador se reunió con los extrabajadores de la F.M.G Mario Alonso Piedrahita y Gustavo Adolfo Castrillón y les reconoció los robos ocasionados a su empresa. Por ello, lo solicitarán como testigo en este proceso, para que declare la verdad en relación a estos hechos en reconocimiento de los anteriores sucesos mencionados.

Fallos judiciales que reabren viejas heridas

En 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia (Sentencia No. 166 del 21 de octubre) negó las pretensiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética – Sintramienergética, Seccional Segovia, que demandaba a la Superintendencia de Sociedades por la irregular liquidación de la extinta Frontino Gold Mines.

El Tribunal argumentó que: “falta de legitimación en la causa por activa”, señalando que el sindicato no tenía poder legal para representar a los extrabajadores en la acción judicial. Este fallo, apelado ante el Consejo de Estado, fue confirmado, dejando sin efecto las reclamaciones sobre los bienes no liquidados de la empresa.  Proceso que duró más de 13 años para proferir esta decisión.

Los trabajadores alegan que la Superintendencia perdió o borró pruebas enviadas oficialmente, incluyendo matrículas inmobiliarias de los predios no incluidos en la liquidación.

“Tenemos videos y constancias del envío de la información. Aun así, dijeron que no existía. Esto es una nueva forma de revictimizarnos”, explicó Mario Piedrahita.

La denuncia penal interpuesta busca esclarecer si hubo manipulación o desaparición de documentos en una actuación que ellos califican como “negligente y dolosa”.

El reconocimiento ante la JEP y la creación de una nueva asociación

El 11 de mayo de 2022, varios extrabajadores de la Frontino Gold Mines —entre ellos Mario Alfonso Piedrahita, Gustavo Adolfo Castrillón, Manuel José Álvarez y Elsy del Socorro Marulanda— fueron incluidos oficialmente en los listados de víctimas reconocidas por la JEP, en el caso 06.

No obstante, los trabajadores han expresado su descontento con la dirección nacional de Sintramienergética, a la que acusan de “traicionar la causa histórica del sindicato” al entregar sedes y representación a otras filiales sin vínculo con las víctimas del conflicto.

Si bien es cierto como lo explicaron en líneas precedentes, SINFROMINES al fusionarse sus miembros conformaron la SECCIONAL SEGOVIA DE SINTRAMIENERGÉTICA.  Aclarando que esta seccional fue exterminada por ser víctimas del conflicto armado, por ello, fueron reconocidos como víctimas del Sujeto Colectivo por la JEP y la UARIV. Así lo han expresado sus representantes Mario Piedrahita y Gustavo Castrillón en nombre de las más de 900 personas que hoy conforman este grupo.  Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, siguen siendo revictimizados ya que nunca se desprendieron de su sede, ellos no desaparecieron dentro de SINTRAMIENERGÉTICA, siguieron en su lucha constante, presentes en todas sus demandas, reclamos y/o peticiones, lo que tiene que ver con la defensa de sus derechos.

Uno de los episodios más graves ha sido el despojo de su sede sindical, debido a que la problemática surgió con dirigentes de SINTRAMIENERGÉTICA NACIONAL en asambleas organizadas los días 25, 26, 27, 28 de agosto de 2025 en Valledupar-César. De acuerdo con su testimonio, a ellos los despojaron del primero y segundo piso de su sede ubicada en el Municipio de Segovia, Antioquia, entregándola sus dirigentes a SINTRAMIENERGETICA seccional Segovia, que fue reactivada en el año 2024, ahora conformada por trabajadores de la Multinacional ARIS MINING SEGOVIA, que no están relacionados con los hechos que acá se suscitan del conflicto armado. La nueva seccional Segovia de SINTRAMIENERGÉTICA con este actuar los está revictimizando, porque no velan por los intereses de los Trabajadores, Extrabajadores y Pensionados de la F.G.M. pero sí les interesa su sede para quedarse con su bien inmueble.

Aseveran los extrabajadores de la F.M.G, que este acto cometido por SINTRAMIENERGÉTICA NACIONAL, es profundamente decepcionante y desleal, ellos buscaban con este sindicato la unidad y defensa colectiva, pero al traicionar su confianza de manera tan evidente, en lugar de respaldar su lucha y proteger el legado sindical construido con décadas de esfuerzo, optaron por desconocer sus derechos y alinearse con intereses económicos ajenos al bienestar de sus verdaderos dueños y afiliados históricos, quienes en el momento no generan ingresos económicos, por ser ahora extrabajadores y pensionados en su mayoría; como si lo hacen los trabajadores de la ARIS MINING SEGOVIA.

Esa jugada la consideran como una acción mezquina que contradice los principios más básicos de ese movimiento sindical: “no vela por la solidaridad en la lucha por intereses comunes y no se rigen por principios como el de la legalidad y la transparencia, por eso nos sentimos traicionados y vamos a crear una asociación que siga con los pleitos jurídicos y defienda a los afectados”, afirmó Gustavo Adolfo Castrillón, quien lidera este nuevo proceso organizativo.

Tal como se demuestra en el certificado de Matrícula Inmobiliaria N° 027-10136 de la Oficina de II.PP. de la localidad  de Segovia, que en dicho folio de Matrícula aparece como titular del derecho real de dominio es el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA F.G.M. LTED., es decir, SINFROMINES siendo su pretensión en los procesos en trámites que se declare la protección legal a su sede para que se conserve la memoria de su sindicato, y así evitar la destrucción del archivo y ahora despojo de la misma, ya que la nueva Seccional  Segovia, quiere vender su propiedad, sin que los trabajadores, extrabajadores y pensionados hayan accedido a ello, pues es de su interés que su sede sea declarada patrimonio histórico, junto con su archivo construido como fondo documental en un archivo histórico oficial; el cual tuvieron que trasladar a un lugar más seguro, porque los miembros de la nueva Seccional Segovia, les estaban botando y destruyendo su información.

Por último, los trabajadores, extrabajadores y pensionados de la extinta F.G.M. coinciden en que su objetivo principal es proteger el proceso de la población víctima en torno a la lucha sindical para que no sean olvidados y se conserve su legado en los pueblos de Segovia y Remedios, Antioquia, donde fueron victimizados y despojados de sus pertenencias como de dos pisos en su sede por Sintramienergética, por lo cual esperan seguir reclamando su derecho a la defensa.

El abandono institucional y la exigencia de justicia

Dentro de los hechos más graves se encuentra la pérdida del parqueadero, propiedad histórica de los trabajadores en Segovia, hoy en riesgo de remate por deudas acumuladas. Los líderes han solicitado medidas cautelares ante la JEP para evitar que el bien (valorado en cerca de 8.000 millones de pesos) sea subastado.

A esto se suman los más de 50 trabajadores asesinados, dos desaparecidos y más de 100 desplazamientos forzados documentados por la Comisión de la Verdad, entre 1988 y 2015.

“Nosotros no pedimos limosnas. Queremos reparación, verdad y justicia. O nos devuelven la empresa o nos indemnizan por todo el robo y el dolor que hemos vivido”, concluyó Piedrahita.

El caso de la Frontino Gold Mines representa uno de los episodios más emblemáticos de la violencia antisindical en Colombia, donde convergen intereses económicos, políticos y militares. La JEP, la UARIV y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen ahora la tarea de garantizar que la reparación no se quede en el papel.

Los trabajadores, extrabajadores y jubilados y sus familias siguen esperando que el Estado colombiano, que una vez más permitió su despojo, cumpla con la promesa de la verdad, la justicia y la no repetición.