Medellín: ciudad que atropella a sus habitantes con el desarrollo – por los derechos humanos

Medellín: ciudad que atropella a sus habitantes con el desarrollo

Fecha: 29/01/2019

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández 

 

La ciudad de la eterna primavera, la que cambió de ser industrial a una plataforma de servicios y la que se muestra ante el mundo como la más innovadora, esconde una dura realidad para sus pobladores: Medellín es una ciudad que recibe con amabilidad a sus turistas, pero que excluye a sus habitantes. Aunque paradójicamente haya ganado el premio Lee Kuan Yew en 2016, considerado “el nobel de las ciudades”, el cual ratificó a Medellín con el máximo galardón del urbanismo en el mundo.

En el debate del Concejo de Medellín sobre las víctimas del desarrollo, el 6 de noviembre de 2018, quedó en la retina de los visitantes una cifra contundente: mientras que en 2017 hubo cerca de 3.349 personas desplazadas por desplazamiento forzado (según Medellín Cómo Vamos), la ciudad ha hecho desplazamiento por el tan anhelado “desarrollo” con una cifra alrededor de 5.924 personas, de acuerdo con la organización REDIPAZ.

Nadie puede negar el progreso que respira la capital de Antioquia en cuanto a obras públicas, ni los beneficios que trae para su ciudad tener un sistema integrado de transporte a través del Metro, las canchas deportivas, las bibliotecas, los parques y los gimnasios al aire libre que permiten lugares de esparcimiento para ofrecer otro tipo de enriquecimiento personal y de ocio, que quizás en otras zonas urbanas de las principales ciudades del país no se encuentran.

El tema de discusión no es cuestionar los avances en materia urbanística de la ciudad, sino la arbitrariedad, las injusticias y el desarraigo que conlleva el “desarrollo” cuando se ejecuta una obra pública, que en muchos casos, deja a sus pobladores sin el derecho fundamental a una vivienda digna, con el costo social que esto implica en su calidad de vida.

En este trabajo de investigación logramos evidenciar las irregularidades que rodean la renovación urbanística en aras de solo favorecer al mercado, a los monopolios y a los sectores privados, en contravía de los derechos de sus habitantes:

  • Grupos armados en la obra del Metrocable El Picacho y compensaciones económicas ínfimas para conseguir otra vivienda.
  • Destrucción de casas por la obra del Tranvía de Ayacucho, compensaciones irrisorias y afectación a la salud de sus pobladores.
  • Los habitantes que salieron por la obra del Puente Madre Laura fueron timados por la EDU y el Isvimed con promesas de solución definitiva de vivienda.
  • La expropiación y las irregularidades que hubo en la adjudicación y la ejecución del Plan Parcial de Naranjal.
  • El desalojo de la Comunidad de los Ranchitos, quienes ganaron una acción de tutela ante el Consejo de Estado por el trato que se les dio.

 

 

 

 

Promesas, combos delincuenciales y compensaciones económicas irrisorias de vivienda en La Paralela

El 2 de agosto de 2016 los habitantes de la Paralela fueron testigos de cómo opera la Alcaldía de Medellín cuando realiza una intervención urbanística, mientras en la ciudad se respiraba un ambiente de Feria de Flores, el gerente del metro, Tomás Elejalde; cuatro concejales (Aura Marleny Arcila, Carlos Alberto Zuluaga, Jesús Aníbal Echeverri y Héctor Preciado); el gerente del Isvimed (Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín) en ese entonces, Sergio Gaviria, realizaron un proceso de socialización de lo que implicaría la construcción del Metrocable El Picacho.

La socialización inició con el endulzamiento de oídos del concejal que más ha trabajado de cerca con esta Administración Municipal, Jesús Aníbal Echeverri, quien manifestó que dentro de sus propuestas al alcalde y al gerente del metro, estaría la de entregar llave por llave a los pobladores del barrio, reasentamiento en sitio no se debería ni pedir porque eso es una obligación, y los que reciben menos de 70 salarios mínimos tienen un subsidio para adquirir otra vivienda, ya que los demás podrían comprar en la Patagonia si les diera la gana. Estas palabras alegraron a toda la comunidad, los cuales terminaron aplaudiendo a quien sería su verdugo.

Meses más tarde, los habitantes notaron que lo prometido no se iba a llevar a cabo, por eso convocaron a una rueda de prensa, en la cual Julio Tangarife, comenzó diciendo lo siguiente: “Lo primero son las mentiras por parte de la Alcaldía, del Metro y del Isvimed. Estábamos hablando de reasentamiento en sitio, prometieron lotes, prometieron apartamentos en seis meses y en este momento no tenemos nada de eso. Segundo, el problema que nos afecta son las ofertas de compra, si supuestamente debemos salir en iguales o mejores condiciones, en este momento con las ofertas que nos están dando, con eso no alcanza para tener una vivienda digna”.

Situación que representa en carne propia Julio Mazo, quien tiene como oficio ser palero en construcciones, y lleva viviendo 35 años en la comunidad de La Paralela. Él recuerda nostálgicamente como los vecinos del barrio construyeron el sector, conectaron el agua y forjaron el vecindario en un lugar que tiene una ubicación central en la ciudad.

“El Isvimed ha venido varias veces acosándolo a uno para salir. Tuve una conversación con los funcionarios y ellos aseguran que debo conseguir una casa con 39 millones, sabiendo que no voy a conseguir una casa por eso. Yo a ellos no les estoy pidiendo plata, lo que les estoy pidiendo es una vivienda como esta que tengo. Dicen que si la vivienda vale 70 u 80 millones de pesos, debo pagar el excedente. No tengo de a dónde, y si a ellos les interesa el terreno, pues que paguen lo que es”, aseguró Mazo.

 

Actualmente Julio Mazo, vive con su madre que sufre de Alzheimer y tiene 98 años, la pregunta que se hace es ¿a dónde se va a ir a vivir o a dejar a su madre? Si con ese avalúo no le da para adquirir una nueva vivienda.

Caso similar al de Julieth Andrea Gómez y Jesús María Vásquez, quienes como vecinos del barrio La Paralela tienen algo en común: el Metro de Medellín contratado por la Alcaldía para realizar la obra, los quiere despojar de sus viviendas con una compensación irrisoria y con acoso psicológico por parte de Isvimed, con el ultimátum de que deben abandonar su casa por la oferta de compra que no les alcanza para adquirir una nueva vivienda. A Julieth Gómez le ofrecieron cerca de 70 millones de pesos, y si no acepta, le hacen pago catastral por 19 millones de pesos; en el caso de Jesús Vásquez ofertaron 40 millones de pesos por cinco piezas.

“Somos vecinos afectados por el desarrollo ¿cómo es posible que la Lonja desconozca el parqueadero de mi propiedad? Diciendo que es un área transitoria, si uno busca en las constructoras es un área movible, es decir, por la cual se puede transitar y circular ¿Cómo pretenden que me lo lleve para la zona que me están despojando? No tienen en cuenta estudiantes que estamos estudiando por Presupuesto Participativo o EPM, si nos vamos de nuestras comunidades perdemos el beneficio. Estos ladrones me están quitando mi futuro y mi vivienda, entonces ¿qué futuro y vivienda voy a tener si luego no tengo estudio?” inquirió Julieth Gómez.

Jesús María Vásquez, es un adulto mayor habitante de La Paralela, está enfermo, agotado y es una persona con discapacidad que tiene un grupo familiar compuesto por cinco personas.

“La situación es que tengo una vivienda que está conformada por cinco habitaciones. La sala, patio, cocina, baño, zona de acceso, segundo piso con posibilidad de construcción de dos pisos más. El Isvimed mandó a  hacer el avalúo, y éste apenas fue de la mitad de la casa. Incluso, el documento dice que consta solo de dos habitaciones, apenas me ofrecieron 40 millones de pesos y desconocieron tres habitaciones” advirtió Vásquez.

A esta coyuntura adversa, se suma que durante este proceso, llegaron los “muchachos” del barrio, quienes han delinquido en este sector, en este caso mediante AMSA (Corporación Ambiente Sano), la cual es dirigida por “Alonso”.

Esta organización luego de que las personas hayan “negociado” con el Isvimed la oferta de compra, sellan la casa, abren un hueco y se roban sus enseres, los cuales venden y por ello obtienen el pago por sus servicios de presionar y sacar a la gente más rápido para que puedan construir la obra.

Aunque le preguntamos a la Administración Municipal mediante un derecho de petición, por la relación contractual que sostiene con esta organización, aseguraron literalmente que no existe contrato con la entidad mencionada. Sin embargo, lo peculiar es que el Estado por acción u omisión permita que sus habitantes se vean intimidados por los “pelados” del chaleco azul en un lugar donde se está ejecutando la obra del Metrocable El Picacho, algo que no ocurrió durante más de 30 años en el sector.

La directora de IBSER (Centro Internacional de Investigaciones Sociales y Económicas), Elizabeth Montoya, hace un análisis  sobre a qué se debe este fenómeno en la ciudad: “En este momento los combos son muy importantes, porque ellos ayudan a limpiar los barrios. A ellos hay políticos o empresarios que les pagan años antes, para que cuando llegue una obra, asusten a los habitantes y así no tengan que hacer una reubicación a moradores. El pago a moradores tiene un costo alto, si dentro de la infraestructura se tienen en cuenta estos costos, hay veces que el proyecto no da porque son más los gastos que los ingresos”.

Mazo manifiesta que cerca de su exvecina, María Cristina Martínez, quien dejó el barrio, le tumbaron las casas sin ella autorizar, sin ella desocuparlas, por lo que infiere que hicieron lo mismo con la de él, comenzándola a derribar sin ni si quiera haberse ido de su casa.

“Nosotros no estamos en contra del progreso de la ciudad, muy bueno el progreso, lo que estamos en contra es del atropello que están cometiendo para este progreso. El Metro y el Isvimed se mantienen diciendo que ellos tienen plata para esta obra, entonces ¿por qué nos están tratando de sacar con limosna? Si ellos tienen tanta plata, porque dicen que tienen muchos millones ¿por qué no nos quieren pagar las casas? A Cristina le tumbaron las casas sin ni si quiera haber autorizado para que se las destruyeran” concluyó Mazo.

Recientemente los encargados de la obra han hecho dos daños en la tubería, al principio con la máquina dañaron el acueducto y quedó botando agua toda la noche. Estos servicios los está pagando la comunidad y luego viene en la cuenta de la factura. Incluso, hace poco estuvieron sin agua toda la noche y durante toda la mañana del día siguiente.

Mediante un derecho de petición, el Isvimed informó que el número de familias impactadas asciende a 430 familias, 340 viviendas y un total de 548 personas, para las cuales destinó un presupuesto de diecinueve mil setenta y dos millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos veintinueve pesos (19.072.553.729) para indemnizarlas.

Si bien la Lonja Propiedad Raíz es la encargada de realizar el avalúo de los predios, evidenciamos que si dividimos esta cifra por vivienda daría un poco más de 56 millones de pesos o por persona un poco más de 34 millones de pesos, una cifra irrisoria para que esta comunidad salga bien librada de este proyecto con casa propia.

Según el alcalde, Federico Gutiérrez, esta obra beneficia a 160 mil personas e indirectamente a más de 400 mil personas con un costo de 290 mil millones de pesos. Algo indiscutible para el beneficio de quienes se desplacen a su trabajo o a sus quehaceres, los que recordarán esta obra como un atropello y se han visto perjudicados son la comunidad de La Paralela, que aún no pueden creer que sea el Estado el que enseñe a delinquir.

 

San Luis: dinamita al patrimonio barrial y al corazón de sus habitantes

 

Para los pobladores de San Luis, todo cambió cuando en el año 2014, el Metro de Medellín decidió dinamitar cerca a sus viviendas, sin previo aviso, para construir el Tranvía de Ayacucho. Las casas se agrietaron por la cantidad de dinamita que el Metro tiró en las construcciones de la obra, como no tomaron los suficientes correctivos ni colocaron muros de anclaje no pudieron evitar que las casas se averiaran.

De acuerdo con el estudio que contrató el Metro con la Universidad Nacional, obtuvo como conclusión que 75 inmuebles podrían repararse, mientras que otros 174 no contarían con la misma suerte porque deben ser demolidos.

Tras este impasse, la institucionalidad comenzó a acordonar las casas, les cambió las chapas a la mayoría y no les permitió ingresar a sus propietarios, como medida de solución les ofreció arriendo temporal que oscila entre 600 y 700 mil pesos para sus pobladores, con lo cual deben arreglárselas para arrendar en cualquier parte. Apenas en junio de 2018 realizaron las ofertas de compra que dejaron a gran parte de los pobladores molestos.

“Hace cuatro años nos sacaron de nuestras casas con mentiras. Estamos pasando demasiados trabajos, nuestras familias se están desintegrando, nuestras mamás están muy enfermas, entonces estamos muy tristes: no creemos en el Metro y en el Isvimed, y el municipio en cabeza del alcalde de Medellín, tampoco hace nada”, aseveró Lucero Bustamante.

Por su parte, Marta Luz López, quien tiene 65 años y vive con su esposo, de 66 años, y sus hijos, recuerda que trabajó durante 40 años para hacer una casa digna. Hoy en día, los funcionarios de Isvimed la cuestionan porque tiene viviendo a los hijos en la casa y le sugieren que compre un apartamento solo para ella y su marido.

Anteriormente, tenía un taller de seis máquinas y una mesa de corte, del cual perdió su derecho al trabajo al salir de su hogar, teniendo que pagar 200 mil pesos más de arriendo, por lo cual nadie le responde. A ella le ofrecen 38 millones de pesos por una casa de dos pisos que tenía bien  terminada, con baldosas, baños reformados y cocina.  Su principal reclamo es que la Lonja haya avaluado su casa luego de cuatro años cuando ya estaba deteriorada, en el momento que no tenía el mismo precio que cuando estaba bien organizada.

Consuelo Ramírez, afectada también por la obra del Tranvía de Ayacucho, va más allá, ella manifiesta que el acoso psicológico por parte del Metro y del Isvimed incidió en la muerte de su madre.

Le dijo al gerente del Metro y al alcalde en una reunión en el Concejo de Medellín, lo siguiente, por lo que la iban a sacar del recinto: “¿Cuántos muertos necesita más San Luis para que ustedes entiendan que no vamos a vender? Mi mamá fue una de esas que se murió, ¿quién nos responde por su muerte? Y la muerte de las personas que fallecieron por esto. Mi madre tuvo un infarto, le pusieron un marcapasos y siguió con el mismo problema. Se desmayaba ella y la dejaban tirada. Es tan infeliz el Metro que mi madre estuvo mes y medio en el hospital en cuidados intensivos, lo que me dijo la entidad es que me habían dado pañales y pañitos; por las cenizas de mi madre que nunca me dieron ni si quiera para un pañal. Mi madre me llamaba llorando diciendo que le iban a quitar la casa, yo le respondía que tenía las escrituras y que no se preocupara por eso, lo último que sucedió es que le dijo al gerente del Metro que era un ladrón y que de su casa la iban a sacar muerta, y muerta la sacaron” relató Consuelo Ramírez sobre el deceso de su madre, María Edilma Ramírez.

Julián Ocampo, otro habitante del sector, aseguró que cerca de cuatro personas han fallecido como consecuencia de la presión que produjo la obra, como pasó con su amigo Constantino y la madre de Consuelo, así como muchos se han enfermado por esta situación.

“Señor alcalde, usted le cambia el rostro urbano a la ciudad, pero también cambia nuestros sueños, nos atropella y nos ha arrebatado lo más sagrado que tienen las familias: la vivienda. Hoy estoy destrozada, cuando recibí la noticia del Isvimed que no pagará más arriendo temporal, cuando hace cuatro años el Metro dañó nuestras casas, las cogió en custodia y luego de estos años se las entrega a la Lonja de Medellín para que avalúen los escombros, obviamente nos están pagando escombros. Señor alcalde, tenga la bondad de ser respetuoso con las comunidades. Las casas no nos las robamos, las casas las construimos con el sudor y el trabajo digno, quisieran muchos en este país ser gente digna, noble y trabajadora como lo somos quienes vivimos en el sector de San Luis. Estoy indignada y muy dolida con una administración que es inhumana, ¿dónde tiene el rostro humano esta administración? ¿Dónde lo tiene? Que dé la cara Federico, que vaya a la comunidad y que nos diga ¿por qué los pobres nos tenemos que esconder? ¿Por qué nos tienen que mandar a la periferia? Cuando somos dueños, cuando ellos dañaron las casas, cuando ese sector no lo necesitaban para ninguna obra pública” argumentó Juana Cardona, lideresa que viene acompañando este proceso en el que también se ha visto afectada.

Nadie desconoce que El Tranvía de Ayacucho es el primer tranvía moderno que se puso en marcha en América Latina, al menos eso respondió la entidad en un derecho de petición, que desde su operación comercial en el 2015 se han beneficiado habitantes de todo el Valle de Aburrá, especialmente de las comunas 8, 9 y 10, donde hay alrededor de 350 mil personas y moviliza a aproximadamente 80 mil pasajeros por día.

A esta altura del proceso, los moradores especulan que con estas casas que el Metro cogió en custodia, pretende vender el sector para construir un proyecto urbanístico, pues la respuesta de la anterior gerente del metro, Claudia Restrepo, dio indicios sobre ello, admitiendo que si las personas desean volver al lugar, deben tumbar las casas y volverlas a hacer. Adicionalmente, dijo que la reparación sería remota por lo que comprarían las casas de las familias para generar un proyecto urbanístico.

La comunidad expresa que las casas no se van a caer, por ende la institucionalidad debería pagar el costo del bien inmueble y los perjuicios por los daños causados, lo que sucede es que a ellos los quieren sacar porque dicen que este sector está destinado para las grandes constructoras. La Administración Municipal sustenta que cuando hay un interés de utilidad pública o interés social debe ceder el interés privado, sino se procederá a expropiación e indemnización previa, sin embargo, lo que discuten los moradores es que la obra ya está realizada y los predios no se necesitan para construir otra obra de carácter público.

Tras de que dañaron sus casas, las cogieron en custodia y las pagaron por cualquier precio, aparecieron los grafitis en el barrio “el Metro nos robó” y “Las casas de San Luis no están a la venta. El Metro las dañó, que las repare”.

 

Habitantes del Puente Madre Laura timados por la EDU y el Isvimed

¡Felicitaciones! Propietaria de un apartamento del proyecto de vivienda Villa Laura 1 y 2 dentro del cual usted recibirá el 407, es lo que le dijeron a Luz Stella Jaramillo Álvarez por parte de la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano), cuando la desalojaron de Aranjuez para construir el Puente Madre Laura en Medellín. Cinco años más tarde el municipio les asegura que ya no van a hacer nada y que no han decidido ni han planeado qué hacer al respecto. Les manifiestan que deben conseguir vivienda con 54 millones de pesos, lo que les implicaría irse a las laderas, comprar casas medio hechas o hacer un préstamo y sacar dinero de quién sabe dónde.

“La promesa de ellos era estar mejor, no en cualquier parte, sino en el punto de nosotros. Yo llevo 50 años en Aranjuez, tengo todo el derecho de estar ahí en mi comunidad, en mi barrio, donde yo siempre anhelé estar. Ahora tenemos 54 millones de pesos y quieren que con eso compremos, ¿a dónde consigue uno con eso? En las laderas donde lo vacunan a uno y lo extorsionan los grupos delincuenciales”, aseguró Jaramillo.

Los habitantes del barrio Aranjuez, quienes anteriormente estaban ubicados en el Puente Madre Laura, nunca olvidarán a la Administración Municipal de Aníbal Gaviria, pues fue ésta, incluso desde que estaba en campaña, la que asumió el compromiso de reubicarlos en el mismo sitio con una vivienda digna.

Actualmente estamos en 2019, luego de que se inaugurara el puente en diciembre de 2015, aún no tienen definido todavía su futuro residencial, los habitantes dicen que siguen recibiendo la presión por parte de las entidades de esta Alcaldía con el slogan “Cuenta con Vos” para que consigan una vivienda por el mismo precio que le ofrecieron a Stella.

Según el presidente de la Veeduría ciudadana del Puente Madre Laura, Laureano Valencia, a la comunidad del sector de la cual la mayoría son adultos mayores, les prometieron los proyectos habitacionales Villa Laura 1 y 2 por parte de la EDU y los proyectos Camelias 1 y 2 por parte del Isvimed.

“En estos momentos hay más de 50 familias que aún no han sido reasentadas, recibieron un documento de la Fiduciaria Alianza afirmando que en 20 meses les entregarían las casas, hicieron un estado contable el cual informaba que había más de 3.000 millones de pesos para hacer estos proyectos, llevan esperando más de cinco años y no han iniciado las construcciones. La Contraloría de Medellín dice que la Alcaldía no tiene estos recursos para hacer estas construcciones, que descaro que se burlen de la comunidad”, afirmó Laureano Valencia.

Luis Alberto Quintero dice que en primera instancia, ellos no se oponen al desarrollo, porque es evidente que eso beneficia a las comunidades, a lo que sí se oponen es a que les den indemnizaciones tan bajas para conseguir vivienda, porque les tocaría irse a la periferia y endeudarse para poder conseguirla.

En este momento los habitantes dicen que los intimidaron diciéndoles que si no conseguían apartamento en tres meses, perdían el arriendo temporal, a lo que ellos aseveran que hasta la Administración Municipal ha intentado buscar, pero que tampoco los encuentra por ese módico precio.

La EDU en un derecho de petición mencionó que 741 familias se vieron impactadas por este proyecto, que corresponde a 435 predios y 873 personas, siendo el Consorcio Bermejal quien ejecutó la obra por Doscientos veinticuatro mil setecientos seis millones cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos un pesos (224.706.437.801), según informó la Secretaría de Infraestructura Física de la Alcaldía en respuesta a un derecho de petición.

En cuanto al proyecto Villa Laura 1, la EDU afirma que en la actualidad el proyecto no cuenta con viabilidad financiera requerida para su ejecución, mientras que para el proyecto Villa Laura 2, con el cambio de normatividad no fue posible licenciar esta obra como fue concebida, para lo cual se ofrecerán soluciones diferentes para las familias postuladas a este proyecto, porque en este momento la entidad solo tiene un presupuesto de cuatrocientos cincuenta y un millón de pesos para las compensaciones económicas.

Desde la otra orilla, el Isvimed, aseguró que actualmente se encuentra en proceso de verificación técnica y financiera y a la fecha no se cuenta con un cronograma de ejecución, por lo cual se ha procedido a notificar a los hogares que el reasentamiento se realizará en la modalidad de vivienda usada en otros proyectos que la entidad tenga para ofertar.

Los y las habitantes del Puente Madre Laura aseguran que fueron timados por la EDU y el Isvimed cuando les prometieron y les entregaron documentos diciéndoles donde iban a habitar en unos nuevos apartamentos, para poder desalojarlos y construir la megaobra que comunica a Aranjuez con Castilla, paradójicamente con el nombre de una santa; y tienen con que reprochar porque las entidades que les darían soluciones de vivienda, después de cinco años, continúan realizando estudios técnicos para realizar los tan esperados proyectos.

 

 

Naranjal y Arrabal: el plan piloto que terminó en expropiación y decepción inmobiliaria

 

El proyecto urbanístico de Naranjal y Arrabal, el cual fue presentado a la opinión pública por el exalcalde, Aníbal Gaviria, como un modelo exitoso de transformación en la ciudad, se convirtió en el símbolo del fracaso: proyectos urbanísticos que no favorecen a sus pobladores, sino a los privados, auspiciado por una firma constructora implicada en Odebrecht y una adjudicación discutida que se suma a un retraso en la entrega de las Unidades de Actuación Urbanística número 2 y 3.

“A partir del año de 1998, se inicia como un proyecto piloto, la formulación del Plan Parcial de Naranjal, para lo cual se estableció una mesa de trabajo comunitaria con representantes del sector a intervenir y de la Administración Municipal, la cual definió unos parámetros generales para llevar a cabo el proyecto de renovación urbana”, así registra en el decreto 1309 de 2009.

Lo que pasó en Naranjal es abiertamente conocido por todos: la firma CASS, de Carlos Alberto Solarte Solarte, ganó la adjudicación del proyecto de renovación urbana en 2013 mediante un “polémico” concurso público que realizó la exgerente de la EDU, Margarita Ángel Bernal, durante la administración de Gaviria. Esta firma es cuestionada por estar implicada en el caso de Odebrecht, su hija Paola Solarte, actualmente se encuentra en casa por cárcel y la Fiscalía investiga por presuntamente haber pagado sobornos con la firma brasileña para quedarse con el contrato de la construcción Tunjuelo – Canoas.

Casualmente, uno de los requisitos para adjudicarse este Plan Parcial, era aportar inicialmente 30 mil millones de pesos para que la EDU operara completamente todo el proyecto, de lo cual solo aportaron 16 mil millones de pesos. Sin embargo, la crítica más profunda es que esta firma no hubiese tenido experiencia en la construcción de edificios,  porque sí son especialistas, pero en construcción de carreteras.

El 8 de octubre de 2015, Santiago Garcés, abogado penalista, interpuso una denuncia penal en Fiscalía contra Aníbal Gaviria Correa (exalcalde de Medellín), Margarita Ángel Bernal (exgerente de la EDU), Carlos Solarte Solarte (particular), Álvaro Berdugo López (exdirector de planeación municipal), María Elena Mora Isaza, Luis Carlos González (funcionarios de la EDU), Lucrecia Londoño (exsecretaria General de la EDU) por concierto para delinquir, prevaricato, enriquecimiento ilícito, peculado, entre otros motivos.

Denuncia en la Fiscalía el 8 de octubre de 2015: https://drive.google.com/open?id=1lToHxOJEwNlno5FQaUtYehsFIxH2HU39

“El Plan Parcial de Naranjal es proyecto con ánimo de lucro de la EDU, pues ilegalmente el anterior alcalde se arrogó el derecho que ya estábamos ejerciendo los propietarios asociados para construir. Mediante desviación de poder y junto con Margarita Bernal (entonces Gerente de la  EDU), después de ‘sacar’ a decenas de empresas honestas interesadas, contrató directamente la construcción con amigos suyos (Cass o Carlos Solarte), asegurándoles como ‘socios’ el 85 % de las ganancias. Este porcentaje de utilidades nunca se había visto en una sociedad ordinaria entre un municipio y un constructor de  carreteras que decidió de repente construir edificios de más de 20 pisos”, denuncia realizada por Garcés, quien también se ha visto afectado por la renovación urbana.

Denuncia en la Fiscalía el 15 de noviembre de 2016: https://drive.google.com/open?id=1G8TxnbjNQXlOTa8VPcoAw4JqsbARg4kB

Los moradores de este sector de la comuna 11 manifiestan que varios funcionarios de la administración anterior (Aníbal Gaviria) trabajaron incansablemente hasta el último día de ésta para adelantar al máximo el proyecto, obligando a los propietarios a vender por debajo del precio y vulnerando los derechos de los habitantes del territorio, incluidos los ancianos que trabajaban en la calle.

Expropiaron la casa al Señor José Cano y a su familia en la carrera 63ª N 45a25. El avalúo que impusieron ya había caducado según la ley 388 de 1997 (reforma urbana) que fija validez terminante e improrrogable de un año. Sin embargo, continuaron con el procedimiento y  depositaron a la familia Cano en un Juzgado una suma de 50 millones de pesos. Esa casa que tuvieron que abandonar era el único bien que tenían, heredado de sus padres.

“Este proyecto solo está beneficiando a los ricos constructores, mientras que está arrasando con los colonos de Naranjal para darles a ellos. Aquí hablan de que van a construir viviendas de interés prioritario, esto aquí lo están haciendo para estratos 5 y 6 que son los edificios de la etapa 2. Llevan cinco años construyéndola, mientras que en Suramericana hay edificios construidos en seis meses y siete meses”, aseguró Humberto de Jesús Correa, expropiado por vía administrativa.

El 13 de diciembre de 2018 se llevó a cabo un alzamiento del inmueble a dos familias que han habitado el lugar toda su vida, incluyendo la de Humberto de Jesús Correa Cano.

“La EDU argumentó razones jurídicas, pero están yendo en contra de los derechos humanos de las personas. La EDU no está implementando como señala el decreto 1309, como tiene que reparar a las personas en cuanto al impacto del proyecto, lo cual indica que debe ser en iguales o mejores condiciones”, aseveró el abogado del Comité de Trabajadores de Naranjal, Pablo Augusto Escobar.

Al día del alzamiento acudieron muchos Policías, cerraron la calle e hicieron una barrera de lado a lado, no dejaron pasar ninguno de los abogados, solo uno que estaba con el propietario cuando empezaron a expulsarlos. Sacaron todas sus pertenencias y lo constriñeron para firmar la “enajenación voluntaria”.

“A mi cuenta tengo tres niñas, una de catorce años, una de ocho años y una bebé de un año. Me presionaron diciéndome que si no firmaba se los llevaban para Bienestar Familiar, y que a ella (esposa) y a mí, nos metían a la cárcel. En este momento estoy viviendo en una piecita en un hotel con la señora y la bebé, mientras que a las otras dos hijas las tengo rodando de casa en casa donde me las reciban. A mí me dieron 16 millones por un derecho hereditario y con eso no se compra en ninguna parte de las periferias de la ciudad”, relató Correa.

La EDU informó mediante un derecho de petición, que el bien fue adquirido debidamente a través de una expropiación administrativa el 11 de septiembre de 2015, y como el Señor Correa Cano venía ocupando el bien inmueble objeto de expropiación propiedad de Alianza Fiduciaria, se procedió a hacer el Alzamiento del bien inmueble.

“La EDU más que todo presiona a los propietarios y poseedores para que les vendan a los precios que ellos determinan unilateralmente, sin  darles la oportunidad a las personas de controvertir ese precio. La EDU llega y le dice yo le voy a hacer el avalúo a ese negocio, si usted no acepta ese precio le vamos a hacer un proceso de expropiación, este proceso lo utilizan como una amenaza para las personas”, concluyó el abogado Pablo Augusto Escobar.

Paradójicamente, mientras ellos pueden hacer avalúos cercanos a los 50 millones de pesos y pagar entre millón doscientos por metro cuadrado a los habitantes del sector, en el proyecto Nuevo Naranjal están cobrando el metro cuadrado a $4.060.000, un parqueadero a $18.000.000 y hasta un cuarto útil a $3.500.000.

 

 

 

Promesas, desalojo y el Consejo de Estado falló a favor de la Comunidad de los Ranchitos

Hace aproximadamente cinco años cerca de 24 familias construyeron unos Ranchitos, en el sector de la quebrada La Iguaná, esa fue la única alternativa que encontraron como consecuencia del desplazamiento forzado a causa de la violencia. Por su localización, el Barrio La Iguaná está afectado por los proyectos “Parques del Río”, “Corredor de la quebrada La Iguaná”, “Conexión vial nacional Antioquia – Urabá” y “Protección Ambiental del Cerro El Volador”, lo cual lo componen aproximadamente 1.300 familias, entre ocupantes iniciales, inquilinos, sub arrendatarios e invasores.  

La justicia puede ser ciega, a veces sorda y también cojea, pero llega. Ese es el caso de la Comunidad de los Ranchitos, una comunidad compuesta por 24 núcleos familiares en los que hay 57 menores, de los cuales la mayoría son víctimas del conflicto armado. Tras el desalojo del 28 de marzo de 2017, interpusieron una tutela que llegó hasta el Consejo de Estado, el cual falló el 5 de septiembre de 2017 a favor de una vivienda digna para esta población vulnerable.

Segunda Tutela y caracterización realizada por los estudiantes de la Universidad Nacional, Andrés Agudelo y Felipe Fajardo, en diciembre 14 de 2017: https://drive.google.com/open?id=1Xa0H3NK5MkzB5o3yM6djf0Bo1jopa1oN

Casualmente todas las instituciones públicas se pusieron de acuerdo para negar los derechos de esta población: La Unidad de Víctimas, Isvimed, el DAGRD, la Alcaldía de Medellín, el Fondo Nacional de Vivienda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Ministerio de Vivienda que ni siquiera tuvo la decencia de pronunciarse. Lo peculiar es que a esta comunidad jamás la notificaron sobre el fallo y la Administración Municipal “Cuenta Con Vos” jamás tuvo la diligencia de pronunciarse ni mencionar lo concerniente a dicha decisión judicial.

La lideresa, María Sonibel Quinchía, cuenta que este ha sido un logro de la comunidad que resistió y pudo lograr la ayuda con personas que les colaboraron sin algún interés de lucro y velando por los intereses colectivos de una población que no sabe leer ni escribir.

“Me parece extraño que no nos hayan notificado desde el 5 de septiembre de 2017, esto evidencia que siguen vulnerando hasta el derecho a la información. Las diferentes entidades mencionadas ni la Administración nos avisaron. ¿Qué se puede esperar de una Alcaldía que le mintió a un juez? Lo más seguro es que le va a mentir a una comunidad. El 26 de marzo de 2018 la quebrada se creció y se llevó al señor Jorge Eliecer Arango, si nos hubiesen notificado este señor estaría vivo. Nos sacaron de allí por alto riesgo, y como no recibió ayuda, se volvió a meter en un lugar cercano a la quebrada y con la creciente se murió”, aseguró Quinchía.

La Administración le mintió al juez en que no iba a haber desalojo para la fecha del 28 de marzo de 2017, porque las personas acudieron donde el juez, y él, les contestó que no habría tal suceso por la respuesta de las diferentes entidades, sin embargo, ese día los sacaron sin protocolo de seguridad y sin la posibilidad de sacar sus enseres.

La lideresa recuerda todo lo que padeció esta comunidad tras el desalojo: la mayoría de los 57 menores perdieron el año como consecuencia de la inestabilidad, algunos se fueron a otro lugar como Elena Pallares, a Urabá, porque estaba aguantando hambre con sus hijos y no tenía dinero para pagar el arriendo, la señora Amalia Montoya dormía en el piso en cartones o en su carreta de reciclaje con su hijo de 8 años (a sus otros seis hijos los enviaba a donde los vecinos), la comunidad estuvo muy golpeada y la Alcaldía de Medellín no les dieron recursos ni la oportunidad de empleabilidad para subsistir.

Carlos Arcila y Federico Gutiérrez en campaña visitaron a la comunidad de los Ranchitos, el primero para el Concejo de Medellín y el segundo con el objetivo de conseguir el favor popular como burgomaestre de la Administración Municipal. Ellos prometieron que les iban a ayudar, y que en caso dado de hacer un desalojo, no sería inhumano y que darían todas las garantías para ellos, sin embargo, ese día llegaron cerca de 500 efectivos del ESMAD a desalojarlos con la ayuda de la Policía.

“Incluso, trabajamos con ellos en la campaña, como también tenemos los audios en las entrevistas donde decían que había que llegarle así a la gente. No entiendo si la manera de llegarle a la gente es poniéndola a aguantar hambre y tirarla a la calle. En un medio de comunicación aseguró dar tres meses de arriendo y la solución definitiva de vivienda, pero esta última se quedó represada en los anaqueles del olvido” manifestó la lideresa.

Pese a que contactamos a Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos, nos dijo que le avisaría al secretario de Familia, Inclusión Social y Derechos Humanos, en ese entonces, Luis Bernardo Vélez, pero no nos dieron respuesta; así como al contacto de medios de la Alcaldía que tampoco nos contestaron por parte del alcalde o la administración. Quienes sí dan su versión sin ningún condicionamiento es la comunidad y durante la reunión de esta noticia, esto nos contaron.

Luz Amalia Montoya, cuenta que han pasado muchas necesidades desde que los desalojaron, luego de que vivieran cinco años en este sector, tras ser desplazada de Belén Rincón y luego de que asesinaran una de sus hijas.  Con el reciclaje a veces le va bien y otras no tanto, les dieron tres meses de arriendo y la ayuda humanitaria de la Unidad de Víctimas no es suficiente para tener una vida digna.

“Estuve viviendo por San Pedro, pagábamos el arriendo y nos quedábamos sin qué comer, y en este momento vivimos la misma situación. Muchas veces me tocó dormir en la calle en la carreta con el niño de 8 años. Si la administración dice que quieren tanto a los niños ¿por qué ellos deben sufrir todas estas consecuencias?” cuestionó a la administración la madre de siete hijos.

Beatriz Edith Díaz Pineda, quien es oriunda de Caucasia, dice que se siente mal porque los tiraron a la calle sin darles garantías, con necesidades y sin los recursos para poder pagar arriendo. A veces no tiene posibilidad de alimentarse ella y a sus hijos. Esporádicamente consigue donde lavar ropa y consigue para comer, aunque a veces depende de lo que logre obtener fiado.

César Bustamante, agente oficioso, concluyó lo siguiente: “Este fallo ratifica que por ley estas personas van a tener derecho a una vivienda digna. Este fallo es una orden a estas entidades públicas y a la Alcaldía para que les informen y les garanticen su derecho, basado en la ley de víctimas.  Es un llamado de atención a estas administraciones para que con estas comunidades vulnerables no las tome del pelo y las traten de manera justa”.

 

 

 

 

Los desmanes del Plan de Ordenamiento Territorial, la ley 388 de 1997 avala la expropiación y la política pública para moradores sigue en veremos

“Estas obras vienen acabando comunidades, desplazando más que grupos armados, están pagando mal los predios y están expulsando a las comunidades de los territorios. El desarrollo no se está ejerciendo para las comunidades, sino para los turistas y para cambiarle la cara a Medellín”, denunció Maribel Villa, coordinadora de la Mesa de Afectados por el Desarrollo.

La Alcaldía de Medellín invirtió mil millones de pesos para diseñar e implementar la política pública de protección a moradores, la cual se llevó a cabo entre los años 2016 y 2017 por la Universidad Nacional. Tenía la proyección para estar implementada en el 2018, sin embargo, desde Planeación Municipal nos contestaron que apenas se va a discutir en el Concejo de la ciudad entre febrero y marzo de 2019. Lo que espera la ciudadanía es que las leyes no queden sobre el papel y que verdaderamente esta política se traduzca en acciones concretas.

De acuerdo con lo aportado por Planeación Municipal en respuesta a un derecho de petición: “La Alcaldía de Medellín señala como principales beneficios de esta política el hecho de generar las condiciones normativas para garantizar que ninguna obra pública o trasformación urbanística que se ejecute en la ciudad, desmejore las condiciones actuales de los moradores; y así mismo, se posibilita el derecho de permanencia en el territorio como prioridad o lineamiento al momento de formular un proyecto de este tipo”.

Actualmente, según Carlos Arturo Cadavid Valderrama, coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes, analiza lo que representa la normatividad para los afectados: “Un Plan de Ordenamiento Territorial que está diseñado para favorecer grandes economías y grandes negocios, y por allá en un ladito a las comunidades. Ligado a la ley 388 urbanística, es una norma que tienen que aplicar los municipios, esas normas no dejan margen para que las comunidades defiendan sus derechos. A nombre de la ley y del POT se hacen procesos de desalojo casi que diariamente en la ciudad”.

El municipio tiene un déficit de 282 mil viviendas, de acuerdo con el Área Metropolitana, en un estudio que reveló el déficit cualitativo de vivienda en zonas de alto riesgo mitigable y no mitigable.

“Los POT son simplemente uno de los mecanismos que utilizan legislativos para que los empresarios financiadores se lucren desde el Estado. El POT que es algo regulatorio, se convierte en algo ejecutivo con plata de estos y se vuelve en un mecanismo para especular con tierras y enriquecer a varios empresarios. Hoy hay formas de hacer desarrollo inclusivo, lo que se critica es porque se hace el desarrollo especulativo para que otros se enriquezcan en extremo”, manifestó Juan Durán, magíster en estudios urbanos y planeación.

Esta problemática afecta a toda la ciudad, el Plan de Ordenamiento Territorial tiene implicadas a las 16 comunas de Medellín y a sus cinco corregimientos: En el Popular 1 la ampliación de la vía (comuna 1), las nuevas construcciones en Santa Cruz (comuna 2), los desalojos en el barrio La Honda en Manrique, La Cruz (comuna 3), el caso del Puente Madre Laura, el distrito de innovación y el sector Oasis en Moravia (comuna 4), el Metrocable Picacho que afecta a Castilla y al Doce de Octubre (comuna 5 y 6), la vía conexión vial Antioquia – Urabá en Robledo (comuna 7), el Jardín Circunvalar en Villahermosa (Comuna 8), el Tranvía de Ayacucho en San Luis y Miraflores (comuna 9), el plan de renovación urbana en el centro, avenida el Playón, Chagualo y Prado Centro en La Candelaria (comuna 10), el Plan Parcial de Naranjal y los afectados en San Joaquín en Laureles (comuna 11),  el proyecto Quebrada Ana Díaz en La América (comuna 12), las obras que impactarán a San Javier (comuna 13), los barrios originarios de El Poblado que no reconoce planeación (comuna 14), la ampliación de las vías y los Planes Parciales que afectarán a Guayabal (comuna 15), el tranvía de la 80 en Belén (comuna 16) y los campesinos afectados en el corregimiento de San Cristóbal por las obras de los Túneles del Toyo y Occidente II.

Un técnico de la Alcaldía de Medellín, quien recibe a todos los afectados por el POT, a quien se le protege la fuente para conservar su empleo, nos aseguró que el acuerdo municipal 48 de 2014 trajo consigo más perjuicios para los habitantes de la urbe, que beneficios, debido a que muchas personas no pueden vender, modificar o hacer lo que deseen con su bien inmueble, dado que las curadurías no permiten modificar lo que se encuentra afectado por el Plan de Ordenamiento Territorial. A su despacho llegan cientos de ciudadanos molestos por enterarse de esta situación de esta manera y no directamente con una socialización.

Víctor Hugo Quintero Tangarife, veedor de la comuna 6, reúne el malestar de quienes han padecido los embates del desarrollo, tal como lo expresó en una reunión en el Concejo de Medellín: “Esta ciudad se va a transformar totalmente, totalmente quiere decir sacar muchas personas. Vamos a considerar que ustedes también son personas, ustedes que son funcionarios de la administración, quien quita que mañana les digan que les van a pagar la mitad del precio de su casa ¡eso es indigno! A las personas les tenemos que proteger todos los derechos, así no podamos construir una obra más o un metro más de metro, pues no lo hacemos, porque vamos a acabar con las personas para poner una ciudad bonita”.

 

Reportaje audiovisual de investigación. Medellín: ciudad que atropella a sus habitantes con el desarrollo

 

 

 

 

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *