Desalojos sin reubicación ni garantías para los pobladores

Los tratados internacionales para no desalojar violentamente a las personas los aprueba el Estado colombiano, lo vincula con el bloque de constitucionalidad y nuestra constitución tiene dos principios. Primero la dignidad humana y segundo la participación ciudadana.

Todas las decisiones que se vayan a tomar deben ser consultadas a la comunidad, y ésta debe participar en estas decisiones. Principio fundamental de un Estado Social de derecho. La comunidad dice vamos a ejercer este derecho, vamos a que el desalojo se pueda hacer con las comunidades, cómo van a proceder antes, durante y después. Deben de mantenerse activa la participación, dicen las normas del Derecho Internacional Humanitario.

El abogado defensor de Derechos Humanos, Alex Morales, asegura que las personas se niegan hoy en día a salir de sus sitios porque las administraciones han incumplido y los dejan en la calle.

“Una de estas personas una mujer muy valiente llamada Xiomara Quincía, manifestaba que la secretaría de Derechos Humanos, inclusión social y familia, diciéndole a Luis Bernardo Vélez usted me tiró a la calle. Yo tengo nueve niños menores de edad ¿usted qué cree que voy a hacer con todos estos niños? Qué hago con esta niña de 16 años de pronto se me va para la calle se prostituye, porque no tenemos como comer ni dónde estar. Del riesgo en el que yo estaba supuestamente por estar en la Quebrada la Iguaná me llevó a diez riesgos” recuerda el Abogado sobre el desalojo que ocurrió en este sector, del cual hoy están sin arriendo.

Situación similar vivió Nuevo Jerusalén debido a que privados tenían interés de desalojar estas personas porque en este terreno hay una proyección de hacer un proyecto de vivienda en la Finca del Cortado para dar una solución de vivienda, como quedó registrado en la sentencia.

El municipio no delimita y la gente empieza por necesidad a ingresar al terreno, otros ingresan y otros compran pero en definitiva lo que buscan era una vivienda adecuada. Estas personas particulares demandan al municipio de Medellín y de Bello.

“Yo lo veo así: Excluidos 22 mil personas de la constitución política.  Son excluidas de un ordenamiento normativo y de sus protecciones porque un mandatario planea su plan de gobierno, pero si 22 mil personas no están vinculadas, el mandatario dice yo no tengo qué hacer nada por ellas, así se las están pasando desde el 2007 hasta el día de hoy”, aseguró el abogado.

En el barrio Nuevo Jerusalén la energía es escasa, por eso se ven afectados porque las personas necesitan energía, aunque esto ya es un derecho, la sentencia que ordenó el juez dice que debe llevarse a cabo, luego sigue la acción de cumplimiento. La pobreza de energía consiste en que los años 2000 lo prestaba EPM, existe la prueba que esto era así y decía cuál era el estado y los transformadores que tenía. Sucedió que se incrementó la población que son 22 mil personas pegados del mismo cable y es la misma comunidad organizada la que soluciona el problema. En muchas ocasiones la energía llega pero es poca, y a veces se va hasta dos meses.

“El tema de energía es importante, las normas del DIH le ordena a los gobiernos que se debe acabar con la pobreza, y la forma de acabar con la pobreza en estas comunidades es suministrando la energía porque ésta trae consigo la violación a otros derechos, como: la alimentación, cuando se les va la luz se les dañan los alimentos o no los pueden cocinar como ocurre en Nuevo Jerusalén” manifestó Morales.

Asimismo, el desalojo se inicia por una acción judicial de unos particulares que tienen un interés por un título minero. Morales recordó que a estas 170 familias que fueron desalojadas se les comprobó que tenían vivienda en otros territorios, pese a eso debieron haber tenido un plan de reubicación.

“Muchas veces cuando existen desalojos son personas resentidas, y esto conlleva a la violencia y esto lleva a veces a un centro penitenciario. Si en vez de invertir en prisiones se dignifica la persona, es decir, una persona detenida cuesta alrededor de 1 millón 500, si le damos un millón saldría más económico y tendría mejor reconocimiento porque no hay ofertas dignificantes”, concluyó el denfensor de DDHH.