Malestar en el oriente antioqueño por la implementación de microcentrales – por los derechos humanos

Malestar en el oriente antioqueño por la implementación de microcentrales

 

Fecha: 17/07/2020

Autor: Andrés Ríos

 

Solo hay algo claro: todavía no hay una información precisa que documente la cantidad de microcentrales que se pretenden implementar en los 23 municipios del oriente antioqueño. Sin embargo, desde la entidad en una reunión informativa dieron estas cifras:10 concesiones otorgadas para generación de energía que producirán 19, 1 megavatios, en la actualidad hay construidas 5 microcentrales que generan alrededor de 6,1 mg. Hay 27 licencias ambientales que generarán 497, 15 megavatios, de las cuales hay construidas y operando 9 que generan alrededor de 192,4 megavatios. Hay cinco proyectos archivados, 1 negado y 1 revocado, según Amalita Cardona, funcionaria del Grupo de Licencias y trámites ambientales de Cornare (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare).

Javier Valencia, subdirector de Cornare, asegura que esta entidad fue creada para hacer control a las grandes obras del oriente antioqueño y que fueron las comunidades las que iniciaron esta organización, en la que, según él, se manifiestan con una credibilidad y aceptación. De acuerdo con los datos de la entidad, tienen un 90% de aprobación y un 10% de rechazo, en la cual hay 114 funcionarios en la que han recibido más de 800 quejas por daños ambientales, así como 200 derechos de petición.

“Esos indicadores y esas cosas tan bonitas están muy lejos de lo que realmente vemos en el oriente antioqueño. Al señor Javier Parra le tenemos mucho para reclamar, desde hace un año creamos un espacio de una mesa para hablar. Hace un mes Cornare se comprometió a un espacio con todos los líderes del oriente para crear la mesa de interlocución y nos ha faltado sistemáticamente”, aseguró Arcesio Giraldo, líder ambiental de San Luis.

Blanca Norha Ossa, oriunda del municipio de Granada, relató su inconformidad por la manera en que se utilizan a las comunidades y se enriquecen los privados con los recursos naturales: “Los conflictos de los grupos armados fueron en defensa de estos territorios, esto es un territorio muy apetecido. Si ustedes hacen concesiones mineras es poner a las comunidades en peligro. Las empresas buscan sus propios intereses, más no el de las comunidades, lo digo porque la comunidad se opuso a la microcentral de El Cafetal y luego hicieron una concesión más abajo. Las comunidades dicen que de nosotros se burlan, solo tres o cuatro personas con intereses firmaron, dijeron que estaban de acuerdo, ¡nadie! A excepción de estas tres personas, firmaron. ¿Dónde está el respeto por las comunidades? Los municipios reciben una migaja, ¿quién se queda con las ganancias? Las empresas y Cornare”.

Jose Fernando López, funcionario de Cornare, salió en defensa de esta entidad pública asegurando que lleva veinte años recorriendo el territorio: “Todos los que estamos aquí somos ambientalistas, invocaría a pensar en el desarrollo sostenible: a la sostenibilidad ambiental, al crecimiento económico y que una cosa es aprovechamiento y otra acabar con los recursos naturales”, por lo cual sugirió implementar algunos proyectos, pero con el cuidado del medio ambiente.

Jorge Mario Molina, habitante del municipio de Alejandría, manifestó una reflexión sobre las PCHs en la región: “Deben ser tenidas más en cuenta las comunidades en estas regiones. En el caso de  Alejandría perdimos los dos paisajes más hermosos del municipio que son la quebrada La sabina y velo de novia, en la que confluyen tres municipios. Las tres veredas impactadas tienen pocos estudiantes. No son beneficiosos para la comunidad estos proyectos, tres kilómetros ríos más abajo la casa de máquinas va hasta San Lorenzo, ¿cada cuánto se está concesionando el río Nare? Y no se ve los beneficios para la comunidad.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo instó a: 1) A la observancia de la garantía a los derechos de acceso en el marco del acuerdo Escazú. 2) a qué se articule la política sectorial de medio ambiente con la política de víctimas, en lo referente al modelo de desarrollo de modo que se garantice el restablecimiento de derechos y la sostenibilidad de los procesos de retorno y reubicaciones que se surten en el Oriente, que comprometen un gran porcentaje de la población de los municipios de bosque, embalse y Páramo, en especial los derechos al territorio y la territorialidad de la población campesina retornada. Según disposiciones jurisprudencial es de la Corte Constitucional contenidas en el auto 373 de 2016.3) Reiteró también la solicitud sobre el balance de proyectos hidro-energeticos en el Oriente y 4) Recomendó fortalecer los procesos concertados con la mesa de interlocución permanente que agrupa organizaciones socisles de base y segundo nivel del oriente.

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