Movimiento de pobladores cuestiona modelo de ciudad para moradores – por los derechos humanos

Movimiento de pobladores cuestiona modelo de ciudad para moradores

 

En el año 2014 una alianza de organizaciones sociales e investigadores lograron incidir en el POT (Plan de ordenamiento Territorial) con la propuesta de política de protección a moradores. Actualmente, se dispone la reglamentación de este plan, y estas organizaciones tienen una serie de cuestionamientos a esta implementación que se realizó con el acuerdo 48 de 2014 del Concejo de Medellín.

Entre los asuntos que cuestionan se encuentran: el Silencio y falta de debate público sobre el grueso de la implementación del POT, desencuentro entre la administración y las comunidades para orientar el enfoque en el modelo de ciudad y la estrategia con la que se está desarrollando esta política pública.

En un breve contexto, desde el movimiento de pobladores recuerdan que en la década del 90 Medellín se ha venido replanteando la necesidad de reelaborar el modelo de ciudad. Este proceso se dio durante un proceso de recrudecimiento de la violencia.

“Por lo menos 250 mil familias fueron desplazadas del campo a Medellín y no menos de 30 mil fueron desplazadas dentro de la misma ciudad, según el informe de la Personería de Medellín 2004-2014. Esto llevó a que las familias se ubicaron por su propio esfuerzo en las laderas de la ciudad y a orillas del Río Medellín. En medio de la ausencia estatal estas familias crearon barrios por medio de convites”, manifiesta este movimiento.

Pese a la violencia y a la falta de oferta institucional para los sectores populares, estas familias sembraron sus raíces en estas comunas de la ciudad.

En este contexto ha venido adquiriendo fuerza la lucha y la defensa por el territorio y la vida digna. Se han venido configurando en los contextos locales formas de acción colectiva  y movilización, con múltiples demandas y propuestas que exigen la apertura de los gobiernos, el reconocimiento social y político, superar la segregación social y territorial, la exclusión política y económica, y la expulsión de nuestros barrios para favorecer los grandes flujos de capital de sectores privados.

El actual modelo adquirió fuerza a partir de 2004. Su modelo se alistó al coincidir con tres factores. Un gobierno progresista; un período de bonanza económica y un  periodo sustancial de reducción de violencia homicida. A partir de ahí Medellín ha generado un acelerado auge de la inversión extranjera y genera un auge del sector inmobiliario, constructor y financiero; A su vez se consolida como una ciudad que favorece el lavado de activos, la extorsión, el microtráfico, la especulación del suelo y el desplazamiento forzado.

El modelo de ciudad ha generado consecuencias negativas sobre los pobladores más vulnerables, como:

Reubicaciones que rompen el tejido social, deficientes soluciones de vivienda, avalúos de viviendas incompletos, desalojos forzosos a través de la Fuerza pública, especulación inmobiliaria, desconfianza en las instituciones, incumplimiento en las concertaciones.

En el POT se dispusieron medidas normativas de cambio del uso del suelo que implica la salida de industrias y el aumento de viviendas de altura para densificar y dar paso a la renovación urbana. Esto afecta a los primeros porque afecta su actividad económica y a los segundos porque no se les da las garantías para una vivienda digna.

Los procesos de expulsión del territorio por construcción de obra pública, impulsados desde sectores privados y desde el mismo Estado solo han reconocido a las personas que tienen título de propiedad dejando por fuera a aquellas que construyeron en planchas, que no tenían desenglobe, a los arrendatarios y demás.

“¡No estamos en contra del desarrollo de la ciudad! Solo que no creemos en el desarrollo como la acumulación de riqueza de algunos sectores económicos a costa de nuestro territorio”, aseguró el Movimiento de Pobladores

Desde el pronunciamiento destacan que se habla de defensa de pobladores VS protección a moradores porque la idea no es que se haga con la política pública un protocolo de evacuación de las comunidades de su territorio, debido a que siempre se han defendido los megaproyectos y no al morador y su hábitat.

Dentro de los casos recientes de desalojo con incumplimiento de los acuerdos por la administración municipal, se recuerdan: Villacafé, los afectados del Puente Madre Laura, los moradores de Naranjal y los afectados del tranvía de Ayacucho.

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