La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su alarma frente a la militarización y llamado a armar a 500 mil milicias civiles «para defender la paz, la soberanía e independencia de la patria» a vísperas de las protestas que se están llevando a cabo por estos días en Venezuela. Este inminente despliegue de fuerzas militares y milicias civiles armadas ordenadas por el Poder Ejecutivo representa una grave amenaza a los estándares en materia de protección de la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos.

Este organismo intyernacional ha expresado su extrema preocupación por hechos de violencia que han ocurrido en Venezuela en las últimas semanas en contextos de manifestaciones y que cobraron la vida de por lo menos cinco manifestantes, decenas de heridos, denuncias sobre torturas y cientos de personas detenidas. Asimismo, la CIDH ha recomendado que el Estado reconozca públicamente y proteja el derecho a la reunión pacífica y libertad de expresión sin discriminación por razones de opinión pública y excluya la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas, entre otras. La Comisión rechaza cualquier tipo de expresión o discurso intimidatorio de altos funcionarios del Estado en contra de la ciudadanía y dirigentes de oposición como forma de disuadir el derecho a la manifestación.

La Comisión hace un llamado urgente a las autoridades a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos incluyendo el deber de facilitar las manifestaciones y protestas garantizando la vida e integridad personal de los y las manifestantes, a la vez de excluir el uso de armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales.

A fin de contribuir a la no repetición de hechos de violencia y del uso excesivo de la fuerza en el contexto de manifestaciones, la CIDH hace un enérgico llamado a rechazar cualquier forma de violencia y promover la búsqueda de soluciones con absoluto apego a los derechos humanos. Como ha manifestado la CIDH: «La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación, detención arbitraria de manifestantes y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión» pacíficamente.

Adicionalmente, dada la labor que cumplen los periodistas que cubren manifestaciones y situaciones conflictivas, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función y evitar agresiones, detenciones o destrucción de los equipos y registros. El trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante los manifestantes.