Reportaje: Víctimas del conflicto armado en Antioquia

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández – Ana Sofía Buriticá Vásquez – Jhara Alejandra Bedoya Londoño

Ya lo decía el humorista Jaime Garzón en una de sus tantas apariciones en
televisión “Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia”,
este territorio tropical y bullicioso hogar del vallenato, del carriel y de las
alpargatas, ha padecido de cuanto mal se pueda imaginar el hombre, y vernos
envueltos en situaciones de tan extremo abandono estatal o víctimas de la
barbarie por aquellos que son nuestros vecinos, hacen añicos cualquier
oportunidad para la esperanza. Así pues, sin ánimos de curar la tragedia, la
carnicería de la historia no tiene más remedio que repetirse.

Las mismas confrontaciones por la independencia permiten rastrear el origen
del conflicto necesario para contrarrestar los efectos de una colonización
como la española. De eso también se ha tratado la situación compleja de la
nación; no hay puntos blancos y puntos negros, culpables inspirados por la
maldad o un compendio de víctimas libre de mancha, en un proceso
coyuntural como el colombiano todo surge por la necesidad contestataria de
defender aquello que les funciona a unos y a otros les incómoda.
El Centro de Memoria Histórica Nacional tiene el registro de 220.000
personas muertas desde 1958 al 2012; sin embargo, la Unidad para las Víctimas nivel nacional tiene un registro de más de ocho millones de personas que han padecido el conflicto, dato que aún y con todo lo que representa, no alcanza a ser totalmente fidedigno en comparación con el total de las cifras recogidas por departamento, donde Antioquia es el territorio con más
víctimas, con más de 1,2 millones. Le siguen Bolívar, con casi medio millón;
Magdalena con 380.000; Nariño, con más de 320.000; Chocó, Cesar y Valle,
que tienen cerca de 300.000, y luego están Caquetá, Cauca y Córdoba, que
pasan de las 260.000 cada uno, según los informes de la misma entidad.

Colombia tiene el récord mundial de secuestros, con un índice de un
secuestro cada seis horas. Tiene también el récord mundial, en cifras
absolutas, de refugiados internos (desplazados): más que Ruanda o
Zaire, Bosnia, Afganistán, Kurdistán y Chechenia. Más del diez por
ciento del total de periodistas asesinados en el mundo entero en los
últimos cinco años, son colombianos. Colombia tiene el récord
continental de asesinatos de maestros y solamente es superada en este
flagelo, a nivel mundial, por Argelia. Colombia es el único país en el
mundo que ha sufrido en un solo año (1989-1990) el asesinato de tres
candidatos a la Presidencia de la República (Luis Carlos Galán,
Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro).

Medellín o la eterna primavera roja

En cuestiones políticas, económicas y sociales, a Medellín perfectamente se le
podría catalogar como la segunda ciudad más importante de Colombia, no
obstante en la radiografía de la guerra ocupa el primer puesto, donde se
recuerdan hechos tan espantosos como el periodo bélico y oscuro del
narcotráfico con Pablo Escobar, las actuaciones de la oficina de Envigado, la
toma de territorios por alias “Don Sebastián” y las 20 operaciones militares
concentradas en la Comuna 13, pero que se extienden a otras localidades de la
Ciudad.

Básicamente el conflicto del cual pretenden librarse las últimas
administraciones, con las obras de infraestructura y las estrategias de
mercadeo para vender la ciudad como las más “Innovadora”, no se queda en
los años 90’s o en los cinco primeros años de este milenio, es la
fragmentación social que a pesar de las avanzadas militares del Gobierno
Nacional sigue pronunciándose.

Siendo más exactos y como lo expresó el exdefensor del Pueblo, Jorge Armando
Otálora, la seguridad en el transcurso del 2014 afrontó una gran crisis, además
indica que las zonas más conflictivas; comuna 8 (Villa Hermosa), 10 (La
Candelaria), 13 (San Javier) y 16 (Belén), son aquellas que históricamente se
han visto azotadas por la disputa entre los denominados combos
delincuenciales, que hasta la fecha no han sido desplazados totalmente de los
territorios.

Por ello son tan contradictorias operaciones como la Orión y la Mariscal,
ejecutadas durante el año 2002. Pues se arman de una gran fuerza coercitiva
como la del Ejercito Nacional (Batallón Bomboná, Batallón de Artillería 4,
Batallón de Infantería 32, Batallón de Ganaderos y Brigada). La Policía
Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, y del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS; así como del cuerpo técnico de
investigaciones de la Fiscalía URI; la Fiscalía General de la Nación; la
Procuraduría General de la Nación. Los testigos pagados por las autoridades
militares, la red de informantes y los desertores de grupos armados al margen
de la ley; todo para que finalmente las ocupaciones continúen y el número de
muertos siga aumentando.

¿Ley justa solo en el papel?

Una motosierra comenzó a sonar en el video que proyectaban en un salón en
el Municipio de Granada, al mismo tiempo una mujer víctima de
desplazamiento comenzó a gritar como si la máquina la estuviese atravesando,
las lágrimas no las podía contener y el desespero la hizo presa de una crisis
nerviosa. Mario López Betancurt, Asesor de políticas públicas y derechos de
infancia y adolescencia, con esta historia dimensiona el daño que padecen las
personas sobrevivientes de la guerra.

La ley 975 de 2005 define a la víctima como “la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales.
Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la
legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la
ley. “Así como a familiares, conyugues o personas con un vínculo verificable
al muerto o desaparecido.

Según los testimonios de las víctimas obtenidos por la Personería de Medellín,
una de las mayores causas de violencia provienen de grupos derivados del
paramilitarismo, las denominadas BACRIM, principalmente por parte de los
“Urabeños” y la Oficina de Envigado. Paradójicamente la ley 1448 de 2011
por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral, no
incluye a estas bandas como actores del conflicto armado, solo a guerrilleros y
paramilitares, por lo cual es un marco que deja por fuera a una parte de las víctimas.
Como muestra de ello el hecho ocurrido en la comuna 8 en el Cerro Pan de
Azúcar en 2012, en el que 49 personas fueron desplazadas.

La Unidad de Víctimas les negó la solicitud para registrarse en el Registro Único de
Víctimas porque las bandas, los combos y las BACRIM son consideradas por
la ley como delincuencia común. Sin embargo, la indignación de la población
se manifestó por medio del defensor del Pueblo, Armando Otálora, que a
través de una acción de tutela permitió incluir a las 18 familias en el RUV.
Asimismo, en enero del mismo año los “Urabeños” paralizaron gran parte del
comercio en la comuna 13, continúan asesinando a líderes de grupos de rap y
ocultando cadáveres en el sector de las escombreras, situación que no les
garantiza a sus allegados recibir la condición de víctima por parte del Estado.

La Unidad Permanente para los Derechos Humanos reconoció 9.322 amenazas
de afectados por vulneraciones a sus derechos. De los cuales aseguran que
“43% de estos casos ocurrieron en dos sectores de la ciudad donde el accionar
de los grupos delincuenciales se dio con bastante intensidad; en la comuna 13
y la comuna 8 se registraron 611 y 431 declaraciones, respectivamente.”

Para que sea posible un proceso de perdón Manuel López Betancurt, durante
el congreso de niños y jóvenes, víctimas y victimarios en el proceso de paz en
Colombia afirmó que se debe aplicar un modelo de justicia retributiva,
transicional y restaurativa. En los cuales tienen que ponderarse sus derechos,
el derecho a la verdad: presunción de buena fe, conocimiento de los hechos y
un conocimiento de los culpables. El derecho a la justicia: respeto por su
condición, acompañamiento, asistencia, asesoría y apoyo, protección general y
especial, investigación y sanción a los responsables. El derecho a la
reparación: protección, seguridad, asesoría jurídica, atención y asesoría
psicológica y terapéutica, reparación material y moral.

A pesar de las garantías que establece El Estado el Presidente de la Asociación
Departamental de sobrevivientes de minas antipersonales, Nevardo Úsuga,
manifestó que “La ley de 1448 es hermosa cuando usted la lee, pero cuando
usted viene a ver la realidad eso que promete el Estado no se ve. Si le han
cumplido a 10% es mucho”. Por eso concluye opinando “la verdad
es que uno aún le duele y queda con algo en el fondo por eso yo no creo que
aún estemos preparados para perdonar. Por ejemplo en las negociaciones de
paz ¿por qué las víctimas no pudieron elegir a sus representantes? Nosotros deberíamos ser
los primeros en estar ahí, porque nosotros sabemos que es lo que realmente
pasó”.

Perdón y venganza

“Sabe a sangre la tierra en mi boca, que besó la tierra”
—Práxedes, octubre de 1937
La violencia contra el victimario es una de las formas de venganza que surge
la mayoría de las veces porque el Estado no tiene una comprensión de las
necesidades de la víctima, de su ruptura intima, del cambio de contexto y de la
vulneración a la que estos se ven sometidos para impedir el olvido.
José Ángel Salazar, desplazado de Granada Antioquia, quien reside en la
Comuna 8 de Medellín después de atravesar episodios violentos en el campo y
en la cuidad, nos devela un país atravesado por odios y rencores: “ya en
cuanto lo que le pasa a uno, yo no sería capaz de perdonar una cosa de esas.
No hay que perdonar. Yo le digo pues que si en ese tiempo hubiese estado
más joven, yo ya habría convertido eso en un mierdero, cuando empezó a
ocurrirme eso a mí, me provocaba era coger las armas, en realidad a eso llega
uno, viendo que ya no encuentra derechos por ninguna parte”.

Es entonces el responder con violencia a los hechos sanguinarios, lo que más se ha enseñado en un país en donde se justifica la muerte, se alienta la
venganza y se gobierna en el terror. El recuerdo se ha convertido trágicamente
en una tortura para quienes vienen huyéndole de la guerra.

Perdón y arte

“Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos
sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos”
-Ernesto Sábato

En la indiferencia con el dolor de las víctimas del conflicto armado, se
enmarca una de las grandes fracturas sociales del país: la falta de memoria
histórica. El duelo de las violencias se sigue concibiendo como un asunto
aislado en el tiempo, es por eso, que para hablar de perdón con individuos que
han sido vulnerados y sometidos al sufrimiento de la guerra, se debe tener
como punto de partida la elaboración de un duelo. Un duelo social, colectivo
e individual que puede ser enfrentado a través de la reconstrucción de la
historia, por medio de la palabra, el tejido artesanal, el teatro, la poesía y todas
las facetas que ofrece el arte para la sanación del dolor, permitiendo
sobrellevar la carga emocional y psicológica de la mejor manera posible.
Es entonces con la vinculación de las artes escénicas a la catarsis elaborada en
el discurso, que Yulieth Ramírez, víctima de la Operación Orión en la
Comuna 13, elabora su duelo: “Lo que es el teatro, narrar historias de vida,
viajar al congreso internacional de crímenes de víctimas de estado, eso ayuda,
no a sanar pero sí a sobrellevar y no olvidar. Porque es que lo más horrible
que nosotros tenemos es que a las víctimas nos olvidaron y el olvido es lo que
mata a la persona”.

Un duelo exige la descentralización del Estado, las reparaciones económicas,
educativas, culturales, políticas y éticas; para que esto sea posible, se debe
incorporar a este proceso, el estudio del territorio, la figura del victimario y
las situaciones trágicas a las que se han visto enfrentadas las víctimas , con el
fin de encontrar formas de convivencia entre quienes han provocado la herida
y quienes la padecen, dejando atrás la connivencia del silencio y el olvido en
un país donde la corrupción, la desigualdad y la falta de oportunidades son el
motor del conflicto y el obstáculo para la reconciliación.

El perdón debe surgir como una renuncia a la represalia violenta en contra del
victimario, alcanzada desde los procesos de expresión artística que ocurren en
la esfera íntima de la víctima. El Estado no solo debe proponer políticas
públicas , sino que tiene que acompañar, fortalecer y defender a los sectores
que tienen iniciativas “posconficto”, teniendo en cuenta sus necesidades y
propiciando a que estos se vayan desacostumbrando a la guerra.

La faceta individual del perdón empieza muchas veces en la religiosidad y la
moralidad antes que en la expresión simbólica, ya que las personas afectadas
por el conflicto viven con miedo a nuevas retaliaciones, pérdidas y juicios, es
como si el ser víctima los condicionara a la estigmatización. Muchas veces las
víctimas guardan silencio porque no tienen quien las escuche o porque sus
ideas y sentimientos no son tomados en cuenta en una sociedad donde la
mejor manera de resguardarse del conflicto armado es negándose a
reconocerlo.

Existen corporaciones en Medellín como Lluvia de Orión, que promueven la
reconstrucción de la memoria del conflicto armado a través la creatividad,
teniendo como referente la voz de la víctima, dejando que sean ellas las que
cuenten su historia y moldeen su propia concepción de perdón. “El arte es un
instrumento de comunicación que lleva un testimonio a quienes no lo han
vivido y ese mensaje llega desde las habilidades que una víctima pueda
realizar, ya sea el canto, el dibujo, la pintura, la música, la escultura… el arte
permite eso, que la víctima pueda contar a otro lo que pasó, que no se quede
en el silencio”, dice Róbinson Úsuga Henao, director de la corporación.
Así como hay distintas formas de recordar, existen diversos espacios donde se
disponen las memorias atrapadas de la guerra: museos, monumentos, placas,
nombres de festivales y calles… que se convierten en puentes entre el pasado
y el presente para exorcizar el olvido.

Perdón y olvido

“Otra catástrofe, que no la imaginábamos, repentina, violenta cae sobre
nosotros y no preparados -de dónde tiempo ya- nos arrebata”
-Constantino Cavafis, 1895-1915

La justicia transicional busca la defensa a los derechos humanos para no dejar
ningún caso de violencia en la impunidad, contribuyendo a la restauración,
justicia, reconciliación y restitución de las víctimas desde la legalidad.
Toda persona en condición de víctima tiene derecho de reclamar la aplicación
de justicia a su victimario, pero la mayoría de las veces lo que más anhelan es
que estos confiesen su crimen y tengan como único acto de nobleza el pedir
perdón, para así darle voz a su testimonio y tener la esperanza de hallar a sus
familiares desaparecidos, saber en qué fosa común se encuentran y poder
llevar a cabo su entierro, retornar al campo o tener oportunidades laborares en
los escenarios campesinos. Las víctimas desean que sus palabras dejen de ser
propias y pasen a ser públicas para que sus historias cobren validez en el país.
Se necesita la palabra del victimario para poder elaborar el duelo, porque más
que castigos las víctimas buscan respuestas.

El problema radica en que la restitución ofrecida por la mayoría de líderes
políticos, es entendida, como la entrega de un apartamento a una persona
desplazada del conflicto armado, sin antes adentrase en sus arraigos culturales
y en el estudio de todos los fenómenos que trae el desplazamiento. La
transportación de la estética popular del campo a la ciudad es uno de los
factores más repetitivos en las comunas populares de Medellín.

En Comuna 8, los campesinos desplazados que llevan más de cinco años viviendo allí, tienen
perros, gallinas, marranos, terrenos para sembrar y una casa construida con sus
esfuerzos donde pueden vivir hasta dos familias, a ellos no les funciona la
oferta del apartamento pues su proceso de duelo, entraría en retroceso,
obligándolos a perder la única cercanía que tienen con el “campo” y
desplazándolos de nuevo.

“El problema de la restitución es que no se habla con la gente, no se hacen
consensos. Si a la gente se le preguntara cuáles son sus necesidades
individuales no habrían problemas para entregarle a las víctimas un poquito de
la justicia que se merecen” Óscar Zapata, desplazado de Yarumal, residente
en la Comuna 8.
Para que el proceso de indemnización, restitución y rehabilitación sea
factible el Estado debe garantizar la no repetición de episodios violentos a las
comunidades que han sufrido a causa del conflicto armado y pedir perdón por
las ejecuciones extra judiciales, la vulneración de los derechos humanos y el
abandono en el que ha tenido a sus víctimas, ya que los escenarios diferentes
a la guerra no se construyen solo con discursos.

El perdón va más allá de la firma de un documento entre partes, no basta con
la desaparición de las armas, la sociedad debe ser educada desde la pedagogía
de la paz, las víctimas deben ser acompañadas para no caer en la
revictimización, el gobierno debe tener presencia continua en los territorios
vulnerados y la restitución debe trascender la esfera judicial, saldar sus deudas
con el campo y saber que ninguna ley está en condición de obligar a la víctima
a perdonar a su victimario.

El perdón es una decisión personal que transforma
los sentimientos negativos hacia el victimario y permite el reconocimiento del
otro como persona en medio de la violencia.

Voces

A Las víctimas no se les puede empacar en el mismo costal tal y como ha
avanzado el conflicto. Cada una dentro de su contexto es producto de los
diferentes hechos de guerra que no siempre se integran por los mismos
actores, y que, en una sociedad como la colombiana, surgen a raíz de los
complejos y variados intereses políticos – económicos especiales en cada
hecho de barbarie, originando así una tipología del conflicto que consigo
traiga la clasificación de las víctimas y de sus procesos para asumir esta
condición.

Perdón y olvido

“Tampoco los muertos están seguros ante el enemigo cuando éste venza… el
cortejo triunfal de los dominadores de hoy, pasará sobre los que también
yacen en la tierra”
-Walter Benjamin, 1989

El olvido se convierte en un propósito intencionado de la víctima para poder
borrar los cuerpos desmembrados de su memoria, el llanto, la muerte, el dolor
de la desaparición de sus familiares, la trasgresión al cuerpo y el vacío que
dejan las ausencias.

“Si uno perdona y no olvida entonces no hace nada, por ejemplo recién pasada
la Operación Orión, que la Alcaldía nos trajo los psicólogos, yo les decía: qué
hace uno edificando encima si abajo todo está hueco” María Arenas, madre de
joven asesinado en la Operación Orión.