Ser reclamante de tierras pareciera ser un delito para los grupos económicos en Urabá – por los derechos humanos

Ser reclamante de tierras pareciera ser un delito para los grupos económicos en Urabá

Fecha: 14/06/2021

Por: Andrés Ríos

 

Alfranio Solano salió con su esposa y su hija de su finca por su segundo desplazamiento ocasionado por los violentos, en la vereda Guacamayas del corregimiento de Belén de Bajirá, en el Urabá antioqueño. Luego de hacer parte de la restitución de tierras de 12 fincas, después de 20 años de lucha tras ser despojados por el bloque paramilitar de Raúl Emilio Hasbún; otra vez,  por segunda ocasión, los opositores lo volvieron a desplazar en el 2020.

En la zona los actores totalmente ilegales no son el enemigo del reclamante de tierras, los enemigos son el empresariado que aprovecharon la coyuntura dándole la cuota a las autodefensas para ellos poder aprovecharse de los territorios. Veían que había un buen recurso para hoy plantear lo que se está haciendo. En su momento por su tierra les ofrecieron  200 mil pesos, y en este momento un metro de tierra, vale mil millones de pesos por los proyectos industriales que se avecinan para la región, como la vía Panamericana, los puertos y la industria de maquinaria que será una ventana muy buena para el comercio internacional, estos no usan los grupos ilegales, ellos usan a algunas personas que están en estos grupos y los contratan para que asesinen a los líderes que están reclamando.

El 24 de septiembre de 2020, Alfranio es secuestrado por dos hombres armados, que fueron a buscarlo en su finca, restituida en mayo de 2019; ya tenía más de un año de estar produciendo en la finca con proyectos productivos de ganadería y piscicultura, pancoger y cultivos de plátano, dentro de sus seis hectáreas. Este día lo amarraron, lo llevaron por unos bosques cerca de 17 horas. En el transcurso de la noche se demoró el tema de la entrega de él, por eso se pudo escapar por el monte. Al día siguiente el ejército y la policía lo trajeron a Apartadó, donde le tomaron la denuncia y lo dejaron con las organizaciones acompañantes, quienes lo reubicaron en Medellín y con un auxilio para tres meses para el tema de la alimentación. Tanto el gobierno local como la UNP (Unidad Nacional de Protección), no responden por su situación.

Cuando los líderes y lideresas se reunieron en el 2006, ocho personas, se dijeron: “esto es una guerra porque ellos tienen la posesión de nuestras tierras, nosotros tenemos el derecho, pero solo tenemos el derecho y la voluntad. Ellos tienen muchas ventajas: porque tienen la fuerza política, fuerzas en armas porque muchos tienen nexos con los ilegales y tienen el dinero”. Pactaron que si a uno de ellos lo mataban, la honra que tendrían es no tirarse pa´ atrás y seguir avanzando en su lucha; en dos años asesinaron a Benigno. La Fiscalía llamó al líder Carlos Yamil Páez y a Alfranio, les ofrecieron protegerlos y sacarnos del país, llevarlos a Canadá, estudiar y dinero para su proyecto de vida con sus hijos y su esposa, pero con el compromiso de volver sin dejar rastro y sin volver a llamar a nadie.

“Yo prefiero quedarme aquí y continuar con mi labor, por eso nos asignaron un esquema de seguridad. La idea que tenemos para nuestra gente, es reclamar lo nuestro, todo lo que nos merecemos, no abandonar por una amenaza y dejar tirado el trabajo. Seguir luchando por nuestros derechos dignamente, no estar mendigando ni huyendo, a nosotros no nos amenazan porque seamos malos, es por el valor de reclamar lo que nos pertenece”, asegura Solano.

Estuvo 8 años huyendo en Bogotá, durante su primer desplazamiento y montaba algún proyecto y no le funcionaba. Vendió uvas en la plaza y lo que perdió fue plata: “Lo que nosotros sabemos es poner a producir el campo, a mi denme mi lote de tierra y si quieren no me den la casa, al otro día pongo un plástico y luego construyo, en dos meses consigo comida, un pollo a los 45 días está criando y produciendo. En seis meses la finca estará produciendo, el plátano se madura en la mata y viviría muy sabroso. Ganaba utilidad el tiempo en que estuve, tenía mis caballos para montar. En el campo también se puede hacer negocio, si crío pollo, vendo pollos; si produzco leche, vendo leche; si crío peces, pues vendo los peces. Porque si en el campo no se produce, en la ciudad no se come”.

Con un arraigo tan grande, que no cambia la comodidad de un país del primer mundo como Canadá, que prefiere la lucha colectiva y la inseguridad que le ofrece en este momento la subregión de Urabá, en su propio terruño con las dificultades descritas.

Una funcionaria de catastro en Apartadó, le aseguró a este medio bajo reserva de la fuente, que los mayores terratenientes en esta subregión, siguen siendo, primero, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y segundo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque Solano dice que es mejor no hablar de los grupos empresariales, políticos y económicos que hacen presencia en su tierra por seguridad, una fuente de la administración local nos dijo que allí se encuentran: los hijos de Uribe con Jaime Uribe Sierra construyendo un centro comercial, la presencia de los directivos de UBIBAN, la familia de Pedro Juan Moreno con más de cinco mil hectáreas en Los Monteverdes, Humberto Builes quien fue un senador condenado por parapolítica y hasta la misma familia de Luis Pérez peleando por 650 hectáreas.

Según la Fundación Forjando Futuros, la restitución de tierras, en Urabá, apenas llega a un 4%, mientras que a nivel nacional a cerca del 6%, sobre 125.000 solicitudes en Colombia. Aproximadamente en esta subregión, hay 7 mil solicitudes de restitución y no llega a un 4% los procesos. Para la muestra, la vereda Guacamayas, de 600 solicitudes, apenas han sido restituidas 18, contando los homicidios de los líderes y el segundo desplazamiento de Alfranio Solano.

Al preguntarle al director Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro Forero, ¿a qué se debe a que unos procesos sí avancen y otros no? La respuesta es: “Se debe fundamentalmente a problemas de orden público, nosotros debemos presentarle a la fuerza pública geográficamente desde el nivel de corregimientos y de veredas donde están estos procesos para arrancar estos trámites, es un proceso de justicia transicional que requiere acompañamiento de la Fuerza Pública que son quienes dan el aval para ingresar. En el Bajo Cauca y en Urabá como no hay condiciones de seguridad, esas solicitudes quedan esperando este aval, pero en lugares como Briceño o Amalfi sí se ha podido avanzar”.

Otro análisis del tema tiene Gerardo Vega, director la ONG Forjando Futuros, quien menciona que el tema de restitución de tierras no ha sido del interés central del Gobierno Nacional: “Porque el partido de gobierno se opone a la restitución de tierras. Sus máximos representantes han pretendido cambiar esta ley en favor de los que despojaron la tierra, quitarle los aspectos principales como la inversión de la carga de la prueba, derogar la buena fe exenta de culpa; el Centro Democrático pretende que eso se derogue para que quede como en el pasado, donde se demoraba hasta 18 años un proceso de estos, es decir, para que haya impunidad”.

“Dicen que nosotros somos una interferencia para el proyecto pisisí para que quede con el área programada, porque torpedeamos el desarrollo, nosotros si aceptamos pero que no sea en la tierra de quienes fueron sacrificados anteriormente o que por lo menos sea bien remunerada”, cuenta el reclamante de tierras, Alfranio Solano.

Por eso, le han dado la advertencia de que deje de hablar tanto de eso y si se pasa del límite se convierte en objetivo militar.

“El desarrollo puede ser de proyectos en comunidades, pero si es un desarrollo industrial como lo quieren hacer los empresarios e industriales eso los beneficia a ellos, pero a nosotros nos van sacando. El impuesto lo ponen por las nubes para que uno no pueda sostenerse allá y el ruido también nos desplaza. El desarrollo comunitario si es beneficioso como el tema de inversión en salud, hospitales, mejoramiento de vías de acceso o colegios”, afirma el líder.

Hay algo que lo desmotiva y es ver que algunos que entran ya no tienen la misma intención de trabajar, porque algunos reclaman con la intención de vender y así no debería ser. Todo lo que han pasado no puede ser en vano, para él,  como que para llegar a sus predios tengan que pasar por la finca del señor que la tenía, y ese es un “papayazo”, que están dando en el tema de seguridad para que no dé frutos.

Desde la organización Tierra y Paz, en el 2006,  ha laborado este reclamante de tierras,  cuando se desmovilizaron los paramilitares, para lograr el tan ansiado retorno a sus predios. Pensaban que iba a ser fácil, que podían reclamar los derechos vulnerados como es el retorno, pero fueron matando a los líderes como a Juan Jiménez Vertel, porque él entró a la finca y allá lo asesinaron, a muchos que buscaron la restitución por vía jurídica los intimidaron. El avance ha sido muy poquito, pero todavía se sienten con esa fortaleza de seguir avanzando.

El 20 de julio de 2008 asesinaron al vecino a Juan Jiménez Vertel, a Benigno Gil en noviembre, luego a Jaime, más tarde ocurriría lo mismo Norberto Hoyos. En 2009 tuvo que salir por ocho años, en 2018 volvió la región, diciendo que los iban a investigar y luego de negarles su solicitud. Aunque la Corte Suprema de Justicia restituyó sus tierras definitivamente, aún con la zozobra de que no van a gozar de sus tierras, amenazándolos con nombres propios, aunque siguen luchando por buscar lo que les pertenece, pese a que no los quieren dejar trabajar tranquilos por su tierra.

La resistencia la realizan con varias acciones: primero buscaron por medio de la JEP medidas cautelares, lo otro es unirse a la comunidad y tercer la ley del silencio quedándose callados por lo que viven; quien pone la denuncia le toca irse de la comunidad, es regla de oro, y eso mismo los está afectando bastante si la única manera de sobrevivir ha sido con la ley del silencio.

En el 2019 y 2020 se empezaron a hacer el proyecto de piscicultura, hoy en día la juventud ya no quiere estar allá. Cuando salieron de allá perdieron su amor y sentido de pertenencia por el campo, otros tomaron la decisión de unirse a los grupos ilegales en la vereda. Dentro de los campesinos que han retornado, otros fueron a la Fuerza Pública, otros a los grupos ilegales, otros están en el vicio. Incluso, les mandan a decir que ustedes están reclamando unos derechos y “bacano”, pero tengan cuidado que acá no se les permite. Esos jóvenes mandan el aviso hasta por medio de sus propios familiares diciéndoles que tengan cuidado.

Sin el acompañamiento institucional, ahora vive en la ciudad donde no es su hábitat. Hoy en las tierras hay unas viudas, jóvenes que rondan los treinta años sin tierras y si reclaman tienen al frente a unos grupos empresarios en frente que además también tienen poder político, a muchos los tiene por fuera de la región, como en este momento está Alfranio. En 2020 tuvo que salir nuevamente de la subregión de Urabá, pero sigue incisivo a la espera de poder volver a retomar el proyecto sostenible de su vereda Guacamayas. Hay hasta cuatro familias que han vendido, porque el reclama la tierra porque la necesita, él sabe vivir en el campo porque no sabe vivir en la ciudad, donde todo es plata.

La comunidad está compuesta por mujeres, afros y niños. No faltan las amenazas, a veces han ido con esquemas de seguridad y les han hecho disparos, al último líder que mataron fue a Porfirio Gaviria quien apareció en plena carretera asesinado y a Doña Tarcila Sánchez. Desde el 2007, han contado el asesinato de 23 líderes de su grupo.

Ahora la estrategia de los empresarios es negociar con los reclamantes, diciéndoles que le dan la mitad para que no haya inconvenientes, porque ellos saben que no tienen el derecho, aunque tengan la tierra. Para poder llegar a sus fincas les toca pasar al frente de estos empresarios. Hay cosas que los ponen a pensar como que por quienes estén peleando lleguen a vender sus tierras, cuando ellos lo que buscan es trabajarlas y es en lo que más les han insistido al gobierno, pero todo se vale cuando lo único que quieren es sembrar el fruto de su tierra.

Sentencia restitución:

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU648-17.htm