Historia del pleito jurídico por la Quebrada La Picacha

La docente y abogada, Erika Castro Buitrago, dialogó recientemente con líderes, comunidad en general y medios de comunicación sobre el pleito jurídico que se ha llevado a cabo por la situación de La Quebrada La Picacha. Aquí hacemos un recuento de la conversación.

El tema de La Picacha se comenzó a trabajar en el año 2012. Primero se realizó una acción popular en contra de un depósito de buses que se vino a construir en ese entonces, la comunidad quería llamar la atención por esa curva que se construyó en La Quebrada, la cual ha causado muchos daños cada vez que se inunda.

“Hay que decir abiertamente que de la administración pública local hay un engaño a los jueces, porque les dijeron que no iban a construir el depósito y lo construyeron aun cuando le aseguraron al Tribunal Administrativo de Antioquia que no lo iban a hacer. Además, se comprometieron a corregir el cauce de la quebrada de la zona del depósito. Justamente el 18 de diciembre de 2011 se presenta una gran inundación, de muchas que ha habido porque ha habido grandes daños materiales, y esta termina con la muerte de un joven en las Violetas”, aseguró Castro

Varios líderes comunitarios comienzan a gestionar y la idea desde la academia, era interponer una acción popular por todo lo que acontece con esta quebrada en la comuna 16, en esa acción popular los actores son asesorados por la Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín para presentar esa demanda.

La Alcaldía contrató unos estudios con una empresa de ingeniería bogotana, en el año 2009. La Quebrada fue ordenada para crear un PIOM (Plan Integral de Ordenación de la Microcuenca), estos estudios dicen lo que está bien y mal en la quebrada, como por ejemplo: ¿qué proyecto se deberían hacer en servicios públicos domiciliarios? ¿Cómo se tenía que trabajar la canalización? ¿Cuántas personas pueden estar en riesgo por La Quebrada? ¿Qué acciones tomar frente a las inundaciones y las avenidas torrenciales?

Estudio amplio donde cada una de las entidades que son: Alcaldía, Corantioquia y Área Metropolitana tienen la labor de desarrollar unos proyectos, para lo cual hubo unos dineros en ese plan de desarrollo local.

Como en ese Plan de Desarrollo no se priorizó La Picacha se decide hacer la demanda pidiéndole a los jueces que aplicaran el plan de ordenación de la microcuenca.  Era de carácter indemnizatorio en el sentido que restituyera los bienes ambientales de la quebrada: los residuos, las tuberías que estaban mal ubicadas, los cableados, el retiro de casas que están casi dentro del cauce, hacer proyectos de hidráulica, entre otras situaciones.

De acuerdo con la abogada, Erika Castro, las instituciones como Corantioquia y el Área Metropolitana han incurrido en malas prácticas que han desembocado en afectaciones al medio ambiente y las comunidades, tales como: cuando han dejado talar, cuando han dado permisos de tala arriba y cuando han permitido la explotación minera de la quebrada.

La Acción Popular se admitió el 4 de agosto de 2013, cuando la jueza recibió el testimonio. Ese día la juez 24 acoge como medida cautelar reasentar a la población cercana a La Picacha que está en riesgo. Cuando eso sucede, pasa al proceso administrativo y éste confirma que se tiene que reasentar a todas las personas de la Quebrada, no solo unas partes.

La Administración Municipal apela discutiendo que eso no lo va a realizar, y en la última instancia, el Consejo de Estado le entrega nuevas órdenes a la Alcaldía de Medellín diciéndole que debe hacer más.

La sentencia del 16 de octubre del 2014 establece que se debe realizar  un censo de todas las personas que están en riesgo en el cauce de la quebrada. En su momento Isvimed Instituto de Mejoramiento de Vivienda)  hace el censo por la presión que hicieron desde la academia, y solo lo hizo en la zona de la Playita, debido a que es una zona de riesgo no recuperable.

Desde la Clínica Jurídica insisten que Isvimed no ha dicho  cuáles son las otras zonas dónde se debe realizar el censo como lo son: El hoyo, Guanteros y San Pablo. Adicionalmente, la medida cautelar exigía que se llevara a cabo en toda la quebrada.

Del censo se llega a una resolución y la decisión de Isvimed el 29 de abril de 2014 en la 642, es el censo de las familias de la Playita que son 106 familias. La medida cautelar del 16 de octubre de 2014 no es cumplida, entonces interponen un incidente de desacato con el objetivo de decirle al juez que pese a que las autoridades están obligadas a cumplir, llevan más de un año sin hacerlo. El 5 de abril de 2016 ordena cumplir una sanción a Aníbal Gaviria y lo sanciona con una multa por no cumplir, que hasta el día de hoy, no han cumplido.

Luego llevan este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos, en la audiencia estaba el vicealcalde en frente de las universidades, allá se expuso el caso y la administración negó la situación.

“Lo que hemos identificado es que hay una reticencia por parte de la alcaldía, el Área Metropolitana y Corantioquia de cumplir las medidas judiciales, e incluso, las recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH”, aseguró la abogada.

Este 2017 por fin llegó la sentencia de la acción popular. El caso se volvió dos casos: 1) la acción popular y  2) el caso de las familias que deben reasentarse. Con respecto a este caso se falla en junio 28 de 2017 la acción popular (luego de cuatro años). Lo que dice el PIOM es que se tiene que cumplir y se refuerza la medida cautelar, en unos puntos claves: hay que reasentar a la gente, hay que hacer los censos y no solo en La Playita, planes de gestión del riesgo, entrega de las viviendas a las que se han comprometido y con las soluciones de vivienda nuevas.

“Hasta el momento muchas personas se han ido en arriendo temporal, cerca de 8 familias están en apartamentos nuevos. Son 84 familias que deberían estar priorizadas para el plan parcial de belén Rincón. Otro inconveniente es a quienes no les están pagando a tiempo el arriendo temporal,  entonces deben volver a zona de riesgo. También hay otro problema porque hay familias que vienen a consultarnos porqué los están sacando del censo; y eso sí consideramos que es una violación abierta a los derechos, porque este censo reconocía sus derechos y no pueden sacar a la gente de aquí, cumplir esto es obligatorio”, manifestó Castro.

Frente a este tema ha habido un debate de largo aliento por las viviendas de interés social que se van a construir entre Belén Rincón y la Loma de los Bernal, según la abogada, hay mucha gente tergiversando la información asegurando que van a reasentar a reinsertados, pero lo cierto es que aún no se sabe cuál es la población real que va a vivir en ese plan parcial.

Actualmente se está conformando un comité de seguimiento a la sentencia integrado por: Corantioquia, Área Metropolitana, Defensoría del Pueblo, un representante de la comunidad, el alcalde, Isvimed y Procuraduría. En el que el juez evidenciará qué tanto se ha cumplido la sentencia.

http://www.porlosderechoshumanos.com/portal/noticias/generacion-3/pasan-las-administraciones-y-de-la-quebrada-la-picacha-nada

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